Ampliar cobertura en el agro, gran reto del posacuerdo

La actividad agrícola es catalogada hoy como un riesgo, debido a que muy pocos acceden a créditos agropecuarios.

Según cifras del Censo Nacional Agropecuario, en los últimos años menos del 10 % de las familias rurales ha recibido asistencia técnica. Este tema abrió el debate en el conversatorio “Retos del posacuerdo en el agro”, convocado por la Facultad de Ciencias Agrarias y el Centro de Investigación y Extensión Rural (Cier) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), en el marco de la celebración del Sesquicentenario.

Heliodoro Argüello, director del Cier, destacó que ante la falta de tierras y de asistencia, muchos se preguntan por qué se usan tantos químicos y fertilizantes cuando no hay quien invierta en la tierra.

“Es probable que la Reforma Rural Integral planteada en los acuerdos de paz no tenga la cobertura suficiente para todos los actores del agro colombiano, lo que puede traer más atraso en el campo”, manifestó el profesor Argüello.

Enfatizó en que este atraso se debe, en parte, a dos aspectos: primero, que con los planes de ordenamiento territorial se están desperdiciando tierras en cultivos inapropiados para ellas, lo que activa el uso de químicos y fertilizantes.

“Las grandes empresas de fertilizantes y químicos son las únicas que se lucran de la agricultura, y si somos los primeros en el uso de estos productos, ¿quién maneja ese campo? Eso hace pensar que la asistencia técnica como quedó planteada en los acuerdos no ayudará a los pequeños agricultores”, agregó el director del Cier.

El segundo factor es que quienes tienen éxito en el sector agrícola son los que cuentan con los medios de producción, “ya que no cultivan pequeñas hectáreas y tienen una capacidad política que se acomoda a sus beneficios, como en el caso de Agro Ingreso Seguro”.

Falta tecnología y otros recursos

Este planteamiento llevó a que el docente de la U.N. hablará con “Iván Alí”, representante del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Jaime Pardo Leal – Farc, sobre los escenarios en los que se tienen que analizar los temas de la paz y la actividad rural.

Para este representante, “en los acuerdos firmados con el Gobierno nacional debe ser el Estado el que provea la tecnología y la capacitación técnica y científica para ser más productivos en el campo y ampliar la cobertura para no dejar que se acaben los pequeños productores rurales y que ellos no tengan que salir de sus tierras por abandono”.

Por su parte, el director del Cier aseguró que es necesario reconocer que las lucha agrarias se gestaron por necesidad, “por el sentir de las comunidades de recuperar o ganar esos espacios, porque el Estado o los gobiernos nunca se los han reconocido”.

Al respecto sostuvo que es prioritario pensar en una ley con el objetivo de recuperar el agro y ayudar a cerrar las brechas y las deudas históricas que tenemos con el campo.

Por su parte, el representante de las Farc manifestó que “no podemos desconocer que la gran mayoría de los habitantes del campo ha estado por fuera de las políticas, servicios y beneficios del Estado”. En ese sentido, precisó que “cuando hablamos de la gran mayoría, nos referimos a la agricultura familiar que se acabó y con ella también se dio el exterminio de las escuelas agrícolas”.

El director del Cier detalló que, de acuerdo con el último censo, se habla de más de dos millones de familias, cerca de 10 millones de personas, y que precisamente esas inequidades son las que han afianzado el conflicto, pues la necesidad de recuperar espacios lo genera.

Por último las dos partes coincidieron en que el país no puede olvidar que cuando se habla de políticas para proteger al campesinado no necesariamente estas son un producto de los acuerdos de paz con las Farc, ya que muchas veces nos olvidamos de que en el artículo 64 de la Constitución Política se consigna que se debe ayudar a los sectores rurales.

“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda y asistencia médica empresarial”, dicta la Carta Magna, concluyó el profesor Argüello.