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Venezuela rechazó las acusaciones de la CPI sobre comisión de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno venezolano denunció que la Fiscalía del organismo internacional actuó de manera parcial en el caso de su país.

Por: Sammy Palomino Uribe / Anadolu

Este 12 de agosto, el Gobierno de Venezuela rechazó las conclusiones de la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sobre el examen preliminar del caso de este país, con relación a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil por parte de las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad.

La exfiscal de la CPI —hasta junio pasado— entregó a su sucesor las observaciones respecto al examen preliminar que puso en marcha en febrero de 2018, ante las denuncias de la comunidad internacional sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad oficialistas en el contexto de las protestas antigubernamentales en calles y centros penitenciarios.

El Ministerio Público de Venezuela, por su parte, advirtió que la investigación que adelantaba el organismo internacional se llevó a cabo de manera unilateral, sin considerar la evidencia documentada que presentaron las autoridades nacionales.

“Es por ello que afirmamos que las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno, en estas circunstancias, y como hemos puesto de manifiesto al nuevo fiscal, señor Karim Khan, estamos dispuestos a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso”, precisó en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el periodo de la exfiscal de la CPI no se produjo ninguna visita de campo en Venezuela, ni se dio respuesta a los cinco informes con datos de avances en procedimientos penales que presentó la administración del presidente Nicolás Maduro.

Bensouda consideró que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017, entre los que se identificó encarcelamiento u otra severa privación de libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos.

No obstante, le corresponde al fiscal entrante decidir sobre la admisibilidad de las denuncias de su antecesora y la apertura de una investigación formal, que es la fase posterior al examen preliminar en los procesos de la Corte Penal Internacional.

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