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Sector académico discute proyecto de ley sobre recursos para educación

La fuente de financiación, el carácter cortoplacista, la cobertura y la condición de acreditación fueron algunos de los aspectos preocupantes que manifestaron los representantes de instituciones de educación superior frente al proyecto de ley 262 de 2017.

En una audiencia pública llevada a cabo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en la que participaron varias instituciones de educación superior públicas y privadas, el Icetex y el Ministerio de Educación Nacional, se habló sobre este proyecto de ley que busca crear el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (FCI) en Colombia.

Según explicó Andrés Eduardo Vásquez, presidente de Icetex, se trata de un nuevo esquema para financiar la educación superior, en el que la forma de retorno a la inversión será directamente proporcional al ingreso del beneficiario.

“Los estudiantes beneficiarios del Icetex solo contribuirán financieramente cuando perciban ingresos y de acuerdo con los montos que hayan recibido para estudiar”, amplía el presidente Vásquez.

Sin embargo, frente a este proyecto de ley –que ya pasó el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representares y seguirá al segundo debate en Plenaria del Congreso– aún existen inquietudes sobre el aporte que tiene para mejorar las problemáticas actuales del sistema de educación superior del país.

Durante la audiencia, que fue convocada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, el profesor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), manifestó que este proyecto no le conviene a las universidades públicas a nivel de pregrado puesto que los estudiantes no necesitan endeudarse, contrario a lo que sucede en las universidades privadas.

No obstante, este Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (FCI) sí les puede convenir a los estudiantes de posgrado y así graduar un mayor número de doctores, magísteres y especialistas.

Además resaltó que debe quedar claro cuál es la fuente de financiación de estos fondos, ya que no conviene tomar los mismos recursos que se habían asignado en la reforma tributaria para fortalecer las universidades públicas.

“Las universidades públicas y privadas no deben entrar en una competencia por recursos sino establecer un sistema de cooperación que apunte a mejorar la calidad de los profesionales que estamos formando”, argumentó el rector Mantilla.

Por su parte, Óscar Domínguez González, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), expresó que todas las decisiones y normas que expida el Gobierno nacional y afecten los recursos de funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior deben tener una fuente de compensación tanto para las públicas como para las privadas.

“Los recursos y los incentivos que se asignen no pueden ser coyunturales, sino tener como meta la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior. Si bien este proyecto de ley avanza en el apoyo a jóvenes con bajos recursos, no resuelve los problemas de fondo de las instituciones”, agrega el secretario Domínguez.

Los recursos de este proyecto solo beneficiarían a las instituciones de educación superior que tengan los programas acreditados; frente a esto Jaime Leal, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), planteó esto no contribuiría a equilibrar el sistema y que es necesario apoyar a las instituciones que se encaminan hacia la acreditación y la calidad. También resaltó la necesidad de trabajar por la equidad, la calidad y la pertinencia para la educación superior.

Al respecto, el presidente Vásquez explica que la financiación del proyecto se hará, por una parte, por medio de subsidios que el Gobierno ya ha entregado al Icetex para los jóvenes del país, por lo que no quitaría recursos destinados para estos programas en las universidades públicas y privadas.

“Sabemos que desde el sector público no es posible financiar este sistema, por eso también buscaremos apoyo en el sector privado, donaciones y alianzas con otras instituciones”, aclaró.

La viceministra de Educación, Natalia Ariza, comentó que este modelo es un referente internacional, sería único en América Latina y busca implementar opciones que permitan mejorar el acceso a la educación superior.

“Esto permitirá una mayor estabilidad para que los jóvenes puedan retornar la inversión según sus capacidades, y en esto las universidades públicas serán un gran aliado”, apuntó la viceministra.

Por último, la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez expresó que luego de la audiencia pública quedó claro que las fuentes de financiación deben ser distintas y no serán los recursos establecidos en la reforma tributaria. Sin embargo este proyecto no es una solución estructural para las problemáticas del sistema educativo, por lo que se necesita una Ley Estatutaria que defina un nuevo modelo de financiamiento de la educación en Colombia.

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