Sigue el diálogo Gobierno-Comité del Paro, mientras el Ejecutivo renueva defensa de la Policía

El gobierno de Colombia volvió a salir hoy en defensa de las fuerzas de seguridad, ante denuncias de asesinatos de dos policías, y a insistir con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá trabajar, en su inminente visita al país, para que “ningún caso quede en la oscuridad”.

Mientras, los delegados de la administración de Iván Duque buscan terminar de acordar con el Comité Nacional del Paro (CNP) las llamadas garantías de las protestas, un punto sobre el que las partes admiten avances pero lentos, y que frena la discusión sobre el pliego de demandas de las organizaciones que sostienen el paro y las movilizaciones desde el 28 de abril.

Tras el diálogo de poco más de 10 horas de ayer, el Gobierno y el CNP anunciaron un acuerdo en 16 de una treintena de puntos, pero también trabas en algunos ítems más disputados, como la desmilitarización de las calles que pretenden las organizaciones y el levantamiento total de los cortes y bloqueos de rutas y calles al que aspira el Ejecutivo.

Las gestiones siguieron hoy, en otro encuentro que comenzó con tres horas de atraso.

“Los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo”, dijo el consejero presidencial Emilio Archila, cabeza de la representación gubernamental.

Archila admitió además la “preocupación que genera el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico de Covid”

El CNP evaluó de modo más crítico la jornada de ayer y responsabilizó al Gobierno por los escasos avances logrados tras 20 días de negociaciones para buscar salidas negociadas al estallido social, y reclamó al Ejecutivo que “muestre voluntad efectiva” para llegar a un entendimiento.

El Comité afirma que los cortes son intermitentes y formas de presión legítimas y dijo que se mantienen en 23 puntos del país, pero que en “todos ellos hay procesos de diálogos y negociaciones” para que se levanten.

El CNP agregó que aún hay “fuertes discrepancias” en una decena de puntos en discusión, como la no participación de las fuerzas militares, el no uso de armas en la represión de las protestas y el mecanismo de seguimiento de los acuerdos.

Duque ha defendido la militarización de las protestas y asegurado, sin pruebas, que detrás de algunas manifestaciones hay “grupos armados, organizados”.

Mientras, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que “la democracia no puede ceder ante los violentos” y rechazó atentados y ataques contra integrantes de la Policía Nacional ocurridos en Cali y Santander de Quilichao, aunque solo uno de estos hechos parece vinculado a las protestas.

“Desafortunadamente esta mañana en un operativo de desbloqueo en el Puente El Comercio en Cali, por información de inteligencia, supuestamente, se encontró una moto incinerada del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez; la misma información señala que presuntamente fue asesinado en ese punto de bloqueo de Cali y luego tirado al Río Cauca”, señaló el ministro en un acto de transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Molano también manifestó su indignación por la muerte de dos agentes en Santander de Quilichao, asesinados desde un auto “con un fusil, presuntamente por las disidencias de las FARC”.

“Colombia tiene que rodear a su Policía y no permitiremos que ningún criminal atente contra la vida y la integridad de nuestros policías”, afirmó el ministro.

Su par de Relaciones Exteriores y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en tanto, buscó un mensaje más conciliador, al subrayar que el Gobierno trabaja “con toda su capacidad para defender y mejorar las condiciones de vida de los colombianos, y para hacer cambios más audaces, ambiciosos, que garanticen mayor inclusión”.

Destacó además el “compromiso del Estado colombiano” con los derechos humanos, severamente cuestionado por varias organizaciones por la represión a las protestas, y valoró la llegada, el martes próximo, de una delegación de la CIDH.

“Nosotros reconocemos a la CIDH con el mutuo respeto a la institucionalidad, desde la independencia de nuestras instituciones, pero, sobre todo, con el talante y voluntad de este Gobierno. No queremos que haya ningún caso que quede en la oscuridad y en la incertidumbre. Que la justicia investigue todos los casos. Acá no puede haber personas desaparecidas”, remarcó.

La llegada de la CIDH es reclamada desde varios sectores, que insisten en denunciar abusos y excesos de la Policía, sobre todo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Esas organizaciones cifran en más de 60 los muertos por la represión a las movilizaciones y los cortes, y advierten que existen miles de heridos y más de 100 personas desaparecidas.

Más allá de las negociaciones, que seguramente se extiendan todo el fin de semana, el CNP prepara para el próximo miércoles lo que llama “la toma de Bogotá”, porque hará coincidir en la capital a columnas llegadas desde todos los departamentos para mostrar delante del mismo Gobierno central la fuerza de la protesta.