Lo que va a pasar cuando cambien los productos de exentos a excluidos

Desde comienzo de este siglo 21 se ha modificado el modelo principal de tributación con base en los ingresos y se ha apostado por el modelo de tributación por consumo. Muestra de ello es la disminución de la tarifa del impuesto de renta y el aumento de la tarifa del IVA; esto significó el traslado del alza más importante en los impuestos al consumidor final.

Indica que una de las limitaciones de los impuestos indirectos es que no es posible medir la situación real en la que se encuentran los consumidores, razón por la que no se puede identificar a cuántos bienes y servicios deben renunciar para comprar comida o la capacidad adquisitiva, ingresos y gastos tomados en conjunto. Lo que explica que, cuando se habla de impuestos indirectos como el IVA son muy regresivos y afectan a las clases pobres. En principio, esto pasa cuando  se elimina  la categoría de exento y se convierte en  excluida y se aumenta el porcentaje, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que los alimentos, en este caso, algunos son bienes inferiores como los frijoles, que tienen un mayor peso en el gasto de las familias, que ganan un salario mínimo o menos, que son la clase media, los  vulnerables  y los pobres, que los alimentos que representan en promedio el 32,4% de sus salarios, afectando gravemente su calidad de vida por que van a tener que disminuir su consumo,  generando mayor desigualdad.

Considerar el nivel de sacrificio que hacen las familias para adquirir bienes y servicios, se hace necesario para garantizar la equidad tributaria, ya que, el sacrificio de cada persona es distinto. Para alguien adinerado un impuesto del 19% o que la leche pase de bien exento a excluido no tiene representación, no va a renunciar al consumo de bienes necesarios, como sí lo tendrá que hacer una persona con menos recursos.

También se crearon nuevas exenciones y descuentos tributarios disminuyendo la eficiencia del recaudo con la ley de financiamiento. La reforma tributaria anterior creó un déficit de 9 billones de pesos como he escrito en la columna anterior, aumentando la brecha existente entre las tarifas nominales y efectivas.

Al respecto de los impuestos indirectos, como el IVA,  que su carácter no es progresivo ni equitativo: La existencia de impuestos indirectos implica que son regresivos y no son neutrales, puesto que este tipo de tributos no consulta el nivel de ingreso de los contribuyentes.

Por su estructura, en el impuesto de renta, a pesar de que su liquidación permite validar la capacidad de contribución del individuo y tiene una tarifa progresiva.

Los beneficios tributarios como las exenciones y los descuentos afectan su cumplimiento. La equidad vertical implicaría que personas con diferentes ingresos tributen de forma distinta; los beneficios tributarios del impuesto de renta permiten que las empresas con grandes ingresos disminuyan el monto que deben pagar, confiriéndole un carácter inequitativo.

Y esto se ve con la ley de financiamiento de 2019, que generó gabelas tributarias en el 2020, que se ve en el sector financiero que pagó el 1,8% de impuestos sobre $120 billones de pesos de utilidades en promedio; las petroleras pagan apenas el 8% sobre $93 billones de pesos en promedio, las mineras el 6%, cuando por ley debieron pagar el 33%.

Por estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones de pesos. En declaración, el Ministerio de Hacienda, dijo que dará “tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y vulnerables que suman 71,2 % de la población colombiana.

Como se evidencia empíricamente en más tres décadas de disminución de impuestos a los ricos en muchos países y en Colombia, esto no logra reducir las desigualdades ni aumenta el crecimiento económico a largo plazo y de manera sostenible, ni genera desarrollo económico ni inversión o empleo, de hecho, los impuestos de renta disminuyen los dividendos de los accionistas.

El Estado recauda el 14% del PIB en impuestos en Colombia, una cifra muy baja en comparación con otros países latinoamericanos como Chile e incluso Bolivia, que recaudan cerca del 20% del PIB. Esa baja estructural explica la muy deficiente respuesta del Gobierno ante la pandemia debido a todo lo que se ha explicado en párrafos anteriores.

Las propuestas oficiales están basadas en medidas que desconocen las causas de la crisis. Se orientan hacia una reforma tributaria basada en el IVA y las privatizaciones de empresas públicas que afectan el ahorro y el salario en direcciones opuestas. Las acciones aisladas por lo general logran un propósito a cambio del otro y en conjunto resultan inefectivas.

Como lo más fácil y lo más rápido es subir el IVA y poner más impuestos al trabajo porque los ricos y superricos no se dejan, este es el foco de esta reforma. La verdad es que con las mismas cifras del Gobierno sobre los niveles de pobreza (42%), vulnerables (29%) y la reducción en el tamaño de la clase media, no es fácil que la mayoría de las personas se crean la mentira de que es una reforma que trae una disminución de la pobreza y la concentración de la riqueza.

La reforma debería hacer lo que es evidente, los dueños del capital no pagan impuestos y por ello el peso de esta reforma debería caer sobre los grandes evasores, estos ricos y superricos que no solo se las han arreglado siempre para evadir, sino que además algunos se han favorecido en medio de la pandemia.

Segundo, el Gobierno tiene una mirada peligrosa de lo que realmente significa una transformación social de este país, con unos de los peores índices de concentración de ingreso del mundo. La política social incluye: estrategias educativas, de salud, sistemas de seguridad social, de seguridad alimentaria, políticas de empleo y estrategias de protección social para quienes no tengan posibilidad de generar los ingresos que requieren para vivir. Para esto se necesita que haya una reforma tributaria progresiva, que genere ingresos para que se dé un crecimiento económico, que produzca desarrollo económico, que es el mejoramiento sostenible del nivel de vida de la población,  el cual se da en el consumo de bienes, servicios, educación, salud y protección al medio ambiente.

Y este desarrollo económico en un país se da cuando la población devenga los ingresos suficientes para poder tener el poder adquisitivo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Esto solo se logra cuando se genere empleo formal, se ofrezca la cobertura suficiente y de calidad en los diferentes niveles educativos (básica, media y superior) para que las personas puedan acceder a la educación, del mismo modo con la salud y sin olvidar que para lograr el desarrollo económico no podemos sacrificar los recursos de las nuevas generaciones,  lo que llamamos desarrollo sostenible.

En un horizonte mucho más amplio, esta definición también incluye otros aspectos como igualdad de oportunidades, libertades políticas y económicas a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, grupos étnicos, raza, religión o país.