Impuestos anunciados castigarán a las clases media y baja
La nueva Ley de Financiamiento presentada ante el Congreso de la República está encaminada a favorecer a un grupo de ciudadanos privilegiados, quienes en últimas son los propietarios de las empresas que quedarán exentas de los actuales tributos.
Esta es una de las conclusiones del foro “Ley de Financiamiento: perspectivas y propuestas” que se desarrolló en la Universidad Javeriana con el apoyo del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Para el profesor Jorge Espitia, investigador del Centro, según cálculos de Misión Rural, para atender las necesidades del país se requerirían 224 billones de pesos. Al respecto destacó que los ingresos provenientes de impuestos como el IVA tienen mucho menos impacto que aquellos que afectan el patrimonio.
Según el docente, a partir de información suministrada por la DIAN, el 10 % de las personas concentran el 50 % del patrimonio bruto, y son precisamente quienes resultan más beneficiadas por diversas exenciones. A ellas se suman las personas jurídicas dedicadas a actividades como la banca y la minería, que dejarían de pagar el equivalente a 9,1 billones de pesos.
De esta manera, mientras que las personas que ganan menos tendrían un salario promedio de 809.000 pesos, y las que perciben más reciben un promedio de 36 millones, el denominado IVA presuntivo que el Gobierno tiene previsto cobrar terminaría castigando a la clase media.
Cambios cosméticos
Según Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aunque algunas de las medidas anunciadas –como el impuesto a los artículos de la canasta familiar– se han tenido que sacar del paquete tributario propuesto por el Gobierno, no habrá mayores modificaciones.
En tal sentido, se anticipa que los nuevos impuestos relacionados con el consumo están encaminados a beneficiar a las grandes empresas, y dado que la mayoría de los hogares no alcanza a ganar 4 millones de pesos al mes, tendrán una reducción estimada entre 24.000 y 70.000 pesos sobre sus exiguos ingresos.
No obstante, los hogares que ganan entre 4 y 10 millones de pesos (3 % de la población) se verían menos castigados, pues muchos de ellos (equivalente al 2 % de la población) son propietarios de las empresas que estarán exentas “para dinamizar este sector”, según la versión del Gobierno.
Aunque según los estándares de la OCDE en un principio se consideró gravar a personas con ingresos superiores a 2 millones de pesos, el Gobierno debería considerar la opción de que quienes tienen salarios superiores a los 10 millones de pesos paguen comparativamente más que el resto.
Según el profesor Orlando Villabona, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N., los países miembros de la OCDE no contemplan exenciones tan altas para los más ricos, como sí ocurre en Colombia.
Impuestos regresivos
“En contravía a las tendencias mundiales, Colombia tiene unos impuestos regresivos en los que un banco paga los mismos impuestos que un taller del Siete de Agosto”, destacó el docente, para quien otra de las alternativas del Gobierno sería incrementar los tributos a las herencias.
Después de contrastar los informes de patrimonio emitidos por la DIAN en 2008 y 2013, se encontró que mientras para el primer caso los más ricos habían declarado un patrimonio 40 veces superior al de los más pobres, cinco años más tarde esta cifra pasó a 94, lo que evidencia la concentración de la riqueza fomentada por el sistema tributario colombiano.
A su turno el profesor Felipe Guzmán, de la Facultad de Economía de la Universidad Libre, destacó que el Gobierno debería buscar recursos a partir de las utilidades que reportarían empresas como Reficar, tal como lo demuestra el rotundo fracaso de una serie de 12 reformas tributarias en los últimos años, además de las cifras de desempleo del 9 % que enfrenta el país.
El evento se celebró en atención al compromiso de la academia con el proceso de posacuerdo, por las universidades Nacional, Javeriana, Externado de Colombia, del Rosario, de los Andes y Libre, con la finalidad de discutir y propiciar un escenario de colaboración académica que permita construir una “Alianza de universidades por la cuestión fiscal colombiana”.
