El nuevo Robin Hood de Colombia, pero a la inversa, les roba a los pobres para darle a los ricos
El presidente de Colombia Iván Duque y su ministro Robin Hood Carrasquilla, con teorías ortodoxas neoliberales de los años 80 y sus recetas mágicas de contracción fiscal, es decir, disminución de gasto público y aumento de los impuestos, este caso los indirectos como el IVA , de acuerdo a como dicta el Consenso de Washington.
Duque piensa que va sacar a Colombia de la recesión económica que está viviendo, el país el año pasado tuvo un decrecimiento económico de 6,8% y en el mes de enero presentó un ISE (Indicador de Seguimiento Económico Mensual) de enero en -4,63%, mostrando que esta recesión económica no va a tener una recuperación pronta, como lo estima el gobierno y que este año va tener un crecimiento en promedio del 5% como lo explica el Ministro en su plan financiero y que calcula – erróneamente- que en dos años se va superar la recesión.
Cuando las cifras muestran todo lo contrario, con una tasa de desempleo para el mes de febrero que fue de 15.9%. Esto también se ve en las cifras de pobreza monetaria, que para el año 2019, la pobreza fue 36% en promedio, yo estimo, de acuerdo a mis cálculos, que podría estar alrededor del 45 % en promedio.
La participación del trabajo en el PIB bajó y el apoyo a los sectores más vulnerables, es decir, pobres y población vulnerable, no llegó al 0,5 % del PIB en valores absolutos y más adelante explico con más detalles los recursos de FOME. Las cifras dejan al descubierto un severo conflicto entre el empleo y la distribución del ingreso, explicado por el GINI, que en promedio fue 0.52 para 2019, lo cual explicaré de forma detallada en los próximos párrafos.
Para nadie es un secreto que la tributación no está apuntando sobre quienes deberían ser, decir, los agentes económicos, este caso las familias más ricas, que son el 1% de la población y que tiene – en promedio- el 70% de la riqueza de Colombia. Tampoco apunta a las grandes corporaciones que funcionan en el mercado imperfecto colombiano, en su mayoría en monopolio u oligopolio, que les permite tener grandes utilidades a costa de la eficiencia económica. Que irónico es esto, cuando supuestamente Colombia es una economía de mercado, pero en papel, porque aquí no hay libre competencia.
La última reforma tramitada como Ley de Financiamiento, entregó exenciones que se estimaron en nueve billones de pesos y son las empresas pequeñas las que más pagan impuestos, violando los principios de equidad vertical y horizontal, que explico de forma detallada a continuación:
En el sistema la equidad tributaria pretende que al contribuyente se le cobre lo que pueda soportar según su capacidad de pago. La equidad no es igualdad, donde todos pagan lo mismo; equidad consiste en que el impuesto sea soportado por cada individuo según su ingreso o patrimonio, que se entiende como su capacidad contributiva.
La equidad tributaria tiene dos vertientes, una que se refiere a la equidad horizontal y otra a la equidad vertical.
Mientras la equidad vertical determina que personas que tienen rentas diferentes, reciben un trato impuesto apropiadamente diferente, la equidad horizontal determina que aquellos con ingresos iguales también obtienen un tratamiento impositivo igual.
Ambas decisiones promueven una distribución de la renta equitativa, porque el cumplimiento de uno asegura el cumplimiento del otro.
El concepto de equidad vertical sostiene que personas con diferentes niveles de capacidad de pago deben pagar diferentes impuestos. Cuanto más ingresa una persona, mayor es la cantidad de impuestos que debe pagar.
La equidad vertical forma la base del principio de la progresividad en los sistemas tributarios, que requiere que las personas contribuyan al sistema tributario según sus capacidades económicas. La tasa impositiva aumenta a medida que aumentan los ingresos o la base imponible.
Un impuesto que podemos considerar como equitativo o que intenta serlo, es el impuesto de renta de las personas naturales, en la medida en que se introduce una tarifa progresiva en función del monto de los ingresos de los agentes económicos. En cambio, el más inequitativo que podemos colocar de ejemplo es el impuesto a las ventas, donde todos ciudadanos pagan el mismo porcentaje sin considerar su condición económica, y se otorgan los mismos beneficios tanto a los que tienen capacidad económica como a quien no la tienen. Y este último es el impuesto que va a utilizar masivamente nuestro Robin Hood inverso, quitarles a los pobres para darle a los ricos, los grandes monopolios.
El IVA, al ser un impuesto indirecto, no considera la situación específica de cada contribuyente, siendo inequitativo.
Los nueve billones de pesos en gabelas tributarias entregados por la Ley de Financiamiento en el año 2019, son una las principales causas de la reforma de Solidaridad Sostenible presentada hoy en el congreso.
Pero esta teoría ortodoxa de los ochenta, que tropieza en sí misma, la mala determinación de los contribuyentes y los gastos ineficientes han llevado a que las finanzas públicas sean deficitarias, sin satisfacer las demandas sociales y con una notable reducción y deterioro de la oferta de bienes públicos.
Además, parte del financiamiento del déficit fiscal ha corrido por cuenta de créditos y gran parte del Presupuesto General de la Nación se va en amortización de intereses y capital, como nos muestra el anteproyecto de presupuesto presentado para el año 2022 y lo peor de esto es que es en deuda externa.
El gobierno, a través de su viceministro de hacienda, que hace parte de la pandilla de Robin Hood inverso, habla que es importante tranquilizar a los inversionistas y esto equivale a inclinar la balanza en contra de los ciudadanos colombiano. Significa privilegiar más las utilidades y dividendos de los inversionistas extranjeros y del monopolio del sistema financiero controlado por el Grupo Aval y Bancolombia, que las necesidades básicas de las personas y refleja la negación que existe hacia discutir mejores esquemas de redistribución del ingreso y programas con enfoque de derechos, como el horizonte de la renta básica o las ayudas a la clase media, vulnerable, pobre y las PYMES.
La principal justificación es que el déficit fiscal pasó de -2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 a -7,8% en 2020. El déficit se vuelve a anteponer como amenaza para esta discusión, cuando se puede recurrir a las excesivas exenciones, al inequitativo trato a los dividendos, las inexplicables evasiones y elusiones y el indignante nivel de corrupción, pero este déficit, que representa 75 billones de pesos de los cuales solo el 53% se tiene en el FOME. Y de esto el 67% se ha utilizado, supuestamente, para ayudar a los agentes económicos, como explicaré más adelante los 35 billones de pesos restantes no se sabe en que se han utilizado, supongo que una parte es para cubrir la anterior reforma tributaria, llamada Ley de Financiamiento y sus 9 billones de pesos en gabelas tributarias que regaló a los más ricos de Colombia y también para pagar la deuda a los inversionistas y la banca colombiana.
Pero esta recesión que está viviendo Colombia, que se ha explicado en artículos anteriores por este medio de comunicación, se venía gestando por las condiciones que ya tenía la economía colombiana antes del sar –cov-2.
La situación fue agravada por el shock de la salud que se convirtió en un shock de oferta, que afectó a las empresas en las pandemia pero se trasladó y se convirtió en fuente shock de demanda, que el gobierno de Iván Duque y su ministro de hacienda Carrasquilla no han querido solucionar. Que por las medidas que han tomado y por la reforma tributaria, mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible, va a empeorar la situación, convirtiéndola en una depresión económica como nunca la han vivido los colombianos.
Este shock de demanda afecta principalmente a las familias que han perdido su trabajo o disminuido sus ingresos, han pasado a la informalidad con las implicaciones que esto conlleva y esto ha ocasionado que las familias compren menos bienes y servicios y que las empresas vendan menos. Lo que ocasiona que muchas empresas se quiebren o disminuyan el personal para reducir costos y sobrevivir.
El 70% de las empresas colombianas son micronegocios que no recibieron ningún tipo de ayuda, lo que ocasionó por el multiplicador de la demanda que la contracción sea mayor, afectando la z↓ (demanda agregada↓) = c↓ (consumo)+ i↓ (inversión) de las organizaciones +g↓ (gasto público).
Mientras otros países hacen todo lo contrario, con una política fiscal y monetaria expansiva de manera coordinada, aplicando relajación cuantitativa y la más moderna política monetaria, por ejemplo los japoneses que utilizan el control a la curva de rendimiento a larga plazo, es decir, comprando bonos de gobierno a la largo plazo, que éste emita para así financiar el gasto de la política fiscal expansiva que se utiliza para ayudar a los agente económicos, más que todo a las familias y después a las empresas, han hecho esto de forma novedosa, para no permitir que se quiebre la economía.
Otro ejemplo de esto es Estados Unidos, que lanzó un plan de rescate de 1.9 billones de pesos que representa el 20% del PIB de su economía. Estas ayudas se concentran en las familias, mostrando empatía por sus angustias, generando apoyo a las empresas y a los entes territoriales. Con esta cifra se estima que Estados Unidos tenga un crecimiento del 6% y se recupere el decrecimiento de más del 3% que tuvo en la vigencia 2020 y con esto alcance un crecimiento, si mejora la situación de la pandemia una recuperación forma de V.
En Colombia, por el contrario, solamente se dispuso de una cifra mezquina para las ayudas, que fue de $40,5 billones de pesos, que son parte del Presupuesto General de la Nación y se canalizaron a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para ayudar a la crisis en la vigencia anterior. Esto representa el 3.8% del PIB de Colombia y que solo se ha ejecutado $27,8 billones de pesos con corte a marzo, dejando de ejecutar el 31.3%, esta cifra no es suficiente para recuperar la economía de la recesión que fue -6,8%. Desafortunadamente esta recesión va seguir debido a las acciones de la política económica sin sentido que está realizado el gobierno colombiano, sin tener en cuenta la realidad y lo que están haciendo otros países. En este año el gobierno solamente va invertir para ayudar a los diferentes agentes económicos 12,7 billones de pesos. Que representan el 31.3% que no se han utilizado, que representa el 1% del PIB de Colombia, todo lo contrario, a lo que hizo Estados Unidos y las demás potencias.
Este fondo del FOME está dividido en tres partes. El primero es el de la atención de la emergencia sanitaria, tiene que ver con la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass), las vacunas, y protocolos de bioseguridad. En eso se han ejecutado $9,5 billones de pesos y quedan pendientes $6,2 billones de pesos.
El segundo punto está relacionado con la atención a la población vulnerable e incluye los giros extraordinarios a los programas sociales, devolución del IVA, Ingreso solidario, entre otros. En ese se han asignado $9,7 billones de pesos entre el 2020 y lo corrido de 2021, y quedan pendientes $3,9 billones de pesos.
Para el tercer punto, se trata de todos los recursos asignados para proteger el empleo y la reactivación económica, y en la que conciben los subsidios a la nómina, a la prima y todas las líneas de crédito y garantías para empresas para impulsar la reactivación. En ese, se han ejecutado $7,8 billones de pesos entre el año pasado y lo corrido de este, quedan por asignar $2,4 billones de pesos. Aunque esto no funciona si las personas pagan.
De estos recursos sólo les han llegado a los sectores más vulnerables $4 billones de pesos. La parte restante es un misterio y no se sabe dónde están. Lo lamentable es que estos recursos no evitaron el desplome de la producción y el empleo en 2020, ni su prolongación en 2021. En la presentación que hace el gobierno aparece como una forma de cubrir los gastos de la pandemia y mejorar significativamente a los sectores más vulnerables; pero esto no es muy claro, pues los sectores más vulnerables apenas reciben $7,5 billones de pesos en su conjunto con los recursos que ya tenían previstos en el presupuesto general de la nación antes de la pandemia.
Con esta reforma tributaria se va a ocasionar que las familias tengan menos ingresos y un choque de demanda aún más fuerte y que va en contravía a lo que dice la Constitución Colombiana de 1991, en la cual se dictamina que los impuestos deben ser justos y progresivos, que la principal función del gasto público es el cumplimiento de los derechos fundamentales de salud, educación, pensiones y las políticas sociales.
Así, la política fiscal se erigió como el principal mecanismo de reducción de las desigualdades de la sociedad colombiana, pero en Colombia esto no se cumple, el Gini registró un valor de 0,526 para el año 2019, uno de los más altos del mundo. El objetivo de la política tributaria a nivel mundial es disminuir la desigualdad a través de la distribución de la riqueza, pero después de los impuestos el coeficiente GINI prácticamente no disminuye en Colombia. Eso quiere decir que la política tributaria colombiana no cumple con lo estipulado por la constitución ni por el objetivo que se tiene a nivel mundial que es reducir la pobreza y desigualdad, como en la mayoría de los países.
Las preguntas que surgen son ¿Qué pasa con el gasto de estado? ¿A manos de quién quedan los impuestos que se están cobrando? Este dinero de la tributación, en su mayoría, queda en manos del 1% más rico del país, a través de las gabelas tributarias. Por lo tanto, no es con exenciones tributarias que se genera crecimiento y desarrollo económico, exenciones que son regresivas, los que más tienen pagan menos, que se vuelven utilidades y se reparten entre los dueños de las empresas y no se reinvierten en el país.
La creencia de que haciendo exenciones tributarias a los sectores industriales, turísticos y servicios se genera un crecimiento económico que se vuelve un desarrollo económico no es correcta, como explico a continuación:
El Gobierno dio a conocer el texto de su tercera reforma tributaria, que revela sesgos a favor de empresas y contra los consumidores. Las empresas reciben una disminución de tarifa tributaria de su renta líquida, que pasa de 33% en 2019 a 30% en 2022. Así mismo, los hoteles continúan con una tasa del 9%, aunque no tiene que ver con la pandemia, sino con un afán de que sean muy rentables y se expandan.
Técnicamente, no se justifica una gabela de semejante tamaño. Las empresas de zonas francas continuarán pagando la mitad de la tarifa que pagan el grueso de empresas violando la equidad horizontal. Con esto no se va a conseguir más empresas y empleo, cuando la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Lo único que hace que las empresas se instalen en un territorio es que este cuente con ventajas específicas de ubicación, naturales y otras, o se construyan estas ventajas de ubicación, como en el caso de Japón.
Pero nosotros tenemos una desventaja en capacitación de mano de obra e infraestructura. Para atraer inversión y empresas se necesitan recursos que permitan tener al talento humano educado, centros de investigación e innovación, infraestructuras adecuadas, mercados internos grandes y expansivos, gobiernos fuertes y eficientes, y seguridad. La cobertura de la educación ha aumentado, pero la calidad no es la mejor, lo cual afecta las capacidades de organizar mejor la producción y desatar la creatividad. Asimismo, la escasez de infraestructura encarece el transporte y la logística, hay que tener en cuenta que el objetivo del sistema tributario del país no es tener superávit sino garantizar el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población, a través de una ejecución presupuestal rápida y eficiente que no ocurrió con el FOME, que supuestamente era para ayuda a la población en el 2020, no se pudo ejecutar en ese año en su totalidad.
El Ministerio de Hacienda espera que con esta reforma tributaria presentada hoy en el congreso se logre un recaudo de $23,4 billones de pesos, de los que $7,3 billones de pesos se recaudarían a través del IVA, $17 billones de pesos se lograrían a través de los impuestos a las personas naturales, y $3,7 billones de pesos por los gravámenes a las personas jurídicas. Mientras que $4,6 billones de pesos se transferirían a los entes territoriales a través del Sistema General de Participación (SGP).
La fundamentación de una reforma tributaria regresiva como la presentada hoy, es que beneficia el crecimiento, que se estimula concentrando ingresos y riquezas, según los economistas ortodoxos. Pero este supuesto, a su vez fundamentado en la afirmación antikeynesiana de la teoría neoclásica de que el ahorro es igual a la inversión, es devastado por la teoría keynesiana que señala a la demanda y no al ahorro como lo que puede dinamizar la inversión.
A los capitalistas les encantan los mercados imperfectos, particularmente las elites de los países en desarrollo que desvían esos recursos de la inversión, se destinan para utilidades que se llevan a paraísos fiscales. Es obvio que la economía ortodoxa tiende a un déficit en la demanda efectiva, porque ellos piensan que la acumulación de la riqueza “por los capitalistas” va a motivar la inversión. Pero los hechos empíricos, de más de 100 años y de los últimos 30 años, desde Reagan y Tacher, han mostrado que lo único que esto ha causado es pobreza en la población, que ha causado que la demanda efectiva disminuya. La disminución de los impuestos al capital y a la renta no logra que las personas compren, por lo tanto, si las personas no compran las empresas no tienen utilidades, son estas ventas las que motivan a las empresas a invertir, a contratar personal en un país. La disminución de impuestos no logra esto.
Los economistas clásicos, neoclásicos y neoliberales, parten de las premisas de los clásicos de que crecimiento es igual a desarrollo económico. Y que el crecimiento por sí solo supuestamente irriga hacia toda la economía, beneficiando a los más pobres. Esto ha sido desmentido abundantemente en estos últimos 30 años, después de las reformas que se han hecho de este tipo en todo el mundo y en Colombia, esto es lo que nos muestran los datos empíricos.
Es severamente ideológico suponer que el crecimiento, que característicamente ha sido sin empleo en la globalización neoliberal y más que todo en Colombia porque nuestra economía vive de los commodities, como el petróleo, y que no genera empleo, por qué es intensiva capital, lo cual no ayuda a superar la pobreza.
Tendríamos un país más justo y equitativo, si tuviéramos un modelo de crecimiento diferente, basado en la industrialización, agro industrialización, generando valor agregado. Que efectivamente incentivara la inversión (actuando sobre su determinante de demanda esperada) e integrara al proceso de crecimiento mismo al desempleado, para disminuir el desempleo y la informalidad.
También se necesita una política de ayuda, compensación asistencialista, mediante una política agresiva de apoyo a los micronegocios y pequeñas empresas, usando mecanismos que les compensen sus desventajas en materia financiera y tecnológica, modelo que aplicó Japón a comienzo de los sesenta y replicaron los demás tigres asiáticos. Con una masiva inversión en educación y formación de capital humano. Muy poco de lo anterior se ha aplicado en Colombia. Es un sofisma argumentar que el crecimiento sin mecanismos compensatorios se filtraba a los más pobres y que genera desarrollo económico.
Regresando al proyecto de Solidaridad Sostenible que presentó hoy el gobierno de Duque al Congreso y socializó su ministro de hacienda Carrasquilla, en el primer punto, de manera cínica, habla de la ampliación de los programas sociales, que se hicieron necesarios con la llegada de la pandemia. En ese sentido, con la reforma se propone volver permanente el programa de Ingreso Solidario, mientras que se mantienen otras transferencias, como Familias en Acción que ya existían.
Según las cifras del Ministerio, si se aprueban estas medidas, se estima que la incidencia de la pobreza extrema disminuiría en 5,8 puntos porcentuales, mientras que la desigualdad disminuiría en 2,3 puntos, lo cual es mentira.
“Nosotros estimamos que, si el Congreso de la República lo aprueba nuestro índice de pobreza extrema bajaría en casi seis puntos“, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla de manera irónica.
Otros puntos en materia social son dos programas de fomento al empleo formal, que subsidian las cotizaciones de seguridad social de nuevos empleos durante cuatro años, Además, con la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’ se buscaría extender el Paef hasta junio de 2021 y mantener Generación E como una política de Estado.
Para financiar los programas sociales y para sanear las finanzas públicas de la Nación, el Ministerio propuso tres ejes centrales: IVA, impuestos a personas naturales e impuestos a las personas jurídicas.
Eliminar la categoría de bienes exentos de IVA
Un primer punto que buscaría aumentar el recaudo en el país es el de eliminar la categoría de bienes exentos de IVA, aunque no se gravarán los alimentos de la canasta familiar que hoy no están gravados
“No estamos diciendo que la nueva política de IVA se aplique para 2021, sino que arranque en 2022. No obstante, vamos a proponerle al Congreso que las compensaciones comiencen en 2021”, dice nuestro Robin Hood inverso, que tenemos de ministro de hacienda.
Con estas pequeñas modificaciones, el potencial de recaudo del IVA pasaría a ser de 43% del potencial, mientras que hoy el recaudo es de 39%. “Estamos proponiendo un incremento moderado en esa canasta”, dice cínicamente Alberto Carrasquilla. Además, propuso aumentar la cobertura de la compensación del IVA, que llegaría a 4,7 millones de personas, quienes recibirían una transferencia anticipada de $50.000 pesos mensuales. En total, esta compensación tendría un costo fiscal de $1,785 billones de pesos, es decir, a la gente solo le van a dar el 0,179% del PIB y con la reforma van a recaudar 2,3% del PIB de Colombia. Para lograr ese 2,3% del PIB van a modificar lo recaudado con el IVA, obteniendo el 0,7% del PIB y paradójicamente a las personas le van a dar muchísimo menos de ese 0.7% del PIB.
Sin embargo, no ha sido suficientemente persuasivo con la población nuestro Robin Hood inverso. Y no es cuestión de retórica: la devolución del IVA tiene un alcance bastante limitado al tratarse de una transferencia monetaria de $50.000 pesos mensuales, dirigida a un subgrupo priorizado de familias (un millón) supuestamente lo va aumenta a 4,7 millones de hogares que hacen parte de los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor por hogar, bajo la premisa de que es el valor equivalente al IVA pagado por los hogares de bajos ingresos. Esto es una simple estimación y es falso decir que el IVA pagado se está devolviendo.
No hay duda de que estas familias aprecian los $50.000 pesos mensuales, pero eso no elimina el efecto regresivo del impuesto sobre la mayoría de la clase asalariada de ingresos bajos y medios. Lo importante es que las reformas sintonicen impuestos y gasto para un efecto neto progresivo. Y no, como pasa con muchas reformas, que la regresividad de los impuestos es efectiva mientras la progresividad del gasto es prometido.
En lo que tiene que ver con el IVA, en este apartado de los impuestos destaca que bienes que eran anteriormente considerados como exentos del impuesto sobre las ventas ahora estarían dentro de la categoría de excluidos. Por ejemplo, destaca el caso de la leche, el queso o los huevos. También resalta que los servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 quedarían también en la categoría de excluidos. Otros bienes que aparecen en la lista de excluidos son: animales vivos, carne de animales de la especie bovina, congelada, papas (patatas) frescas o refrigeradas, arroz para consumo humano, caña de azúcar o los antibióticos. Al igual, aparecen como excluidos en el articulado los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Sin embargo, se exceptúan los tratamientos de belleza, los planes obligatorios de salud, los de medicina prepagada, los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar o los servicios de educación virtual.
Por ejemplo, en el caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 325 minutos mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios de los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos.
En el articulado también destaca que, a partir del 1 de enero de 2022, los servicios postales y de mensajería estarían gravados con la tarifa del 19%.
El gobierno de forma malintencionado confunde a la población con información asimétrica porque, cuando un bien o servicio, se ingresa a la categoría de excluidos es eliminado de la categoría de bienes exentos del IVA, y pasarían a ser bienes en la categoría de excluidos. Aunque con la eliminación no se aumenta la tarifa de manera directa, este cambio podría elevar los precios de algunos bienes, afectando así la capacidad adquisitiva de los consumidores.
Según lo anunciado por el Gobierno y el ministro Carrasquilla el IVA, “se elimina la categoría de exentos”, de acuerdo al Estatuto Tributario, hoy en Colombia hay 36 bienes que están exentos de IVA. Entre ellos, están los huevos, la leche, el queso, el pollo, la carne de cerdo y el pescado, entre otros. Cuando los productos están bajo la categoría exentos, los productores tienen el derecho de recibir la devolución del IVA que pagan en insumos en la cadena de producción. Sin embargo, si los productos que hoy están exentos pasan a la categoría de excluidos, los productores no tendrían el derecho de recibir la devolución del impuesto, lo que aumentaría los costos de producción, que se van a trasladar al consumidor final. La devolución del IVA a los productores era un estímulo a la producción nacional, que en la práctica hace que el precio final del bien sea menor.
Entonces, el colombiano no va a pagar directamente IVA por un queso que compre, pero al productor del queso no le van a devolver el IVA de los bienes y servicios que utiliza para producir quesos, porque ya los productos no están exentos sino excluidos. Entonces el productor para no perder dinero le va a subir el costo final al queso, cobrándole el IVA indirectamente al consumidor. De ahí salen los 7 billones de pesos que va a recoger el gobierno. Como diría el Senador Macías, esa es la jugadita del gobierno.
El Gobierno puede decir que el producto no tiene IVA para engañar a la población, pero en la práctica indirectamente tendría IVA si los insumos quedan gravados y eso logra que las empresas pierdan competitividad y que se genere un sobrecosto al consumidor.
Esto va directamente al poder adquisitivo de los bolsillos de los colombianos, porque los costos se van a subir y eso evidentemente viene con la contracción en el consumo de ciertos productos, y sobre todo aquellos que hacen parte de los de primera necesidad y de la canasta básica, como los alimentos, en el caso de la leche, el queso y otros.
Renta de personas naturales
En cuanto al impuesto de la renta, se busca ampliar la base gravable de personas naturales del impuesto. En este sentido, según el articulado que hay en este momento, las tarifas serían diferentes para el año gravable 2022 y para 2023.
En el año 2022, las personas empezarían a pagar una tarifa de 10% desde los 800 UVT anuales. Esto implica que haciendo el cálculo de la renta exenta empezarían a pagar renta las personas que ganen desde 3,3 millones de pesos al mes. Sin embargo, en 2023 esa misma tarifa la empezarían a pagar las personas que ganan al año una renta líquida de 560 UVT, haciendo el mismo cálculo, pagarían las personas que ganen unos $2,5 millones de pesos al mes.
También se aumentaría la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%. Con respecto a los pagos de pensión, la voluntaria dejará de estar exenta de renta a partir del año 2022 y lo mismo se prevé para los dineros que las personas naturales contribuyentes depositen en las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC), en tanto que las pensiones pagarían renta a partir de 1.600 UVT, cifra que hoy equivale a $4,8 millones de pesos, estas serían las supuestas mega pensiones de las que habla Duque, son salarios que evidentemente no son de millonarios.
Impuesto temporal y solidario a la riqueza
En la reforma tributaria también se crea un impuesto denominado temporal y solidario a la riqueza y que será complementario al de la renta para 2022 y 2023. Este se generará para las personas naturales o entidades que tengan un valor igual o superior a 134.000 UVT, es decir, $4.865 millones de pesos. La tarifa sería de 1% de 134.000 UVT a 402.000 UVT, esto es de $4.865 millones a $14.595 millones de pesos. Y los que superen este valor pagarían 2%.
Complementario también al impuesto sobre la renta y a este temporal de la riqueza, se creará otro para 2022 que es el de la normalización tributaria. Este estará a cargo de los contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. La tarifa de este será de 17%. Adicional a ello, está otro impuesto: el también temporal y solidario a los ingresos altos que irá desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Tendrían que pagar este impuesto las personas tanto del sector público como privado que ganan de manera mensual $10 millones de pesos.
Es irónico pensar que la concentración de la riqueza que existe en el país se va a cambiar con un impuesto al patrimonio de 1% o 2%. El aumento del impuesto a los dividendos de 10% a 15% tampoco tendrá un impacto importante. La “devolución” del IVA no contrarresta la regresividad que acompaña la ampliación del impuesto a un mayor número de bienes. Y es una burla la ampliación de la base del impuesto a la renta, incluyendo a las personas que ganan más de $2 millones de pesos al mes y las pensiones de más 4, 3 millones de pesos, afectando completamente desde clase media hacia abajo.
En la actual coyuntura de explosión de los déficits y niveles de endeudamiento está siendo considerado en varios países como Chile, Alemania, Nueva Zelanda y Argentina colocar un impuesto al patrimonio como el impuesto para pagar la pandemia. El argumento es muy simple: mientras la enorme mayoría de la población se ha pauperizado con la parálisis económica y el desempleo, el segmento de los más ricos tan beneficiados por el proceso de financiación se ha enriquecido aún más. Y una extensión del IVA a más alimentos es esencialmente regresiva independientemente de la devolución del IVA a los más pobres. La clase media, que si pagamos impuestos porque nos los descuentan por derecha y no tenemos acceso a las asesorías que ayudan a los más ricos a evadir y evitar impuestos, que ha empobrecido con el impacto económico de la pandemia, somos lo que nos vemos impactados con la extensión del IVA a todos los productos y el cambio de categoría de exentos a excluidos.
Sobre el tema de los dividendos el problema es mayor. Hoy una persona que tenga dividendos seguramente paga el 10%, pero otra con mayores ingresos que logre orientarlos bajo acciones o holding, no paga nada por ellos.
La propuesta dice que aumentará un 15% la tarifa, pero lo pagarán quienes no tengan la posibilidad de hacerle el quiebre a la medida por las vías alternas que facilitan la evasión. Hay que taponar esta ventana de inequidad.
En cuanto al impuesto de renta se propone pasar de 1,5 millones de contribuyentes a 2,7 millones, incluyendo a los que ganen más de 2,5 millones de pesos. Este impuesto así, es regresivo. Pone a declarar a más personas que ganan poco ¿A esto le llaman reforma solidaria? Donde el peso de la operación, que es equivalente a una reducción del salario, recae en la clase media con ingreso promedio cercano al salario mínimo. Y no se puede esperar una respuesta pasiva. De seguro, la clase media procederá a eludir los mayores impuestos con la reducción del ahorro.
Al final, se tiene una operación financiera inoperante. El único beneficio tangible es el modesto aumento en los apoyos a los sectores vulnerables. La otra parte queda en pagos de la deuda para cubrir los destrozos de la economía causados en el pasado por la pandemia y el fracaso del modelo económico.