El valor de la verdad para Colombia

Colombia es un país marcado por la violencia, lleno de heridas abiertas, cicatrices que todavía duelen, desesperanzado y que en muchos aspectos perdió el norte.

Hemos sido gobernados por más de 30 años por funcionarios que fomentan y protegen el narcotráfico, para quienes la vida de los ciudadanos no vale ni significa nada. Que han apoyado y protegido las masacres y los desplazamientos de ciudadanos, principalmente campesinos y población étnica, que son dueños y habitantes de territorios que los narcos y nuestros gobernantes necesitan para ganadería extensiva, agricultura, minería, para acaparar recursos hídricos y que también sirven de rutas de tráfico, sea de droga, armas o personas.

El gobierno en muchos de sus estamentos y principalmente en las fuerzas armadas ha fomentado, apoyado y permitido que sus funcionarios participen dentro de todas estas actividades ilícitas que vulneran la vida y la integridad de los ciudadanos, que se supone que deberían proteger. Nuestras fuerzas militares han trabajado en equipo con grupos paramilitares en todas las actividades ilícitas, masacres, desapariciones forzosas y desplazamientos. Lo han hecho a través de su silencio, dejando de hacer intencionalmente su trabajo, permitiendo el operar de estos grupos ilegales y en muchas ocasiones colaborando directamente con los grupos paramilitares.

Muchos exmilitares dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han contado todo esto. Han narrado como asesinaron y desaparecieron a personas inocentes, como el ejército recibió armas ilegales por parte de grupos paramilitares para realizar sus falsos positivos, como armaban operativos falsos donde asesinaban a población civil para decir que hicieron operativos de desmantelación de grupos armados, como se iban de los territorios para permitir que llegaran grupos ilegales a masacrar y desplazar campesinos y población étnica. Muchos de estos exmilitares han narrado la realidad de este país, un secreto a voces, que el gobierno actual y los anteriores han querido callar y ocultar.

El proceso de verdad y justicia más reciente se dio el 26 de abril, diez militares retirados reconocieron, ante los familiares de las víctimas, como asesinaron a sangre fría a 120 jóvenes y ciudadanos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros caídos en combate. La mayoría de estos jóvenes eran pobres y población vulnerable, que para los militares no valían nada, no significaban nada debido a su pobreza y vulnerabilidad. Para estos militares esas muertes eran fáciles, familias tan pobres que no tenían como buscar a sus muertos, como denunciar y a las que nadie les creería. Familias que no eran escuchadas en los grandes medios de comunicación del país, esa mafia de medios de comunicación que apoya todo el estamento criminal que gobierna nuestro país.

El pasado 26 de abril testificaron dos miembros importantes del ejército, el general Paulino Coronado y el coronel Rubén Castro. El general, es el uniformado de mayor rango que ha comparecido en la JEP, él reconoció que impartía a sus hombres ordenes que fomentaban de manera sistemática los crímenes que se cometieron y que estas directrices eran una política institucional, en la que primaba el conteo de cuerpos, el conteo de muertos por parte del ejército sin importar si eran civiles inocentes o guerrilleros en combate. Lo importante para mostrar éxito era el número de cuerpos. El coronel reconoció la existencia de una «banda criminal al interior de su brigada«, y como dijo textualmente «creada con el único fin de incrementar las bajas a como diera lugar«. El coronel pidió perdón por haber asesinado a gente buena.

En esa jornada de comparecencias estuvieron 50 personas familiares de las víctimas. Gracias a estos testimonios las familias lograron limpiar el nombre de su familiar asesinado, obtuvieron el primer paso de justicia para estos casos, que la mentira de su muerte sea confesada y quede limpio el nombre y el recuerdo del fallecido. Y lograr este primer paso es liberador para las víctimas, es un escalón de la justicia. Justicia que se les negó por décadas tanto a los asesinados como a sus familias. Tuvieron que cargar por años con el estigma que su familiar muerto era un criminal, cuando eso nunca fue verdad.

El pasado 13 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le entregó a María Mercedes Jiménez, una madre de 90 años, el cuerpo de su hijo Germán Darío Flórez Jiménez. María Mercedes buscó el cuerpo de su hijo durante 40 años. Un 14 de mayo de 1982, Germán que tenía 21 años salió de su casa en Medellín para buscar trabajo. Y desde ese día su familia no supo nada de él. Su madre y hermanos en 1982 interpusieron la respectiva denuncia a las autoridades, que no tuvo eco, ningún policía salió a buscarlo. Pero, durante 40 años María Mercedes y sus hijos han buscado a Germán y 40 años después la JEP les entregó su cuerpo.

¿Cómo la JEP encontró a Germán Flórez después de cuarenta años? Un exsoldado perteneciente al entonces Batallón de Contraguerrilla 79, compareció ante la JEP y confesó miles de asesinatos y desapariciones que el ejército hizo hace 40 años para presentarlas como bajas en combate. La identidad del exmilitar que declaró ante la JEP se mantiene en reserva, debido a que el Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) considera que su vida e integridad se encuentran en alto riesgo.

Gracias este Exsoldado que decidió comparecer ante la JEP, María Mercedes recibió el cuerpo de su hijo, pudo llorarlo y darle sepultura junto a su familia. Gracias al relato de este exsoldado la JEP encontró en el cementerio de Dabeiba – Antioquia, varias fosas comunes y tumbas sin nombre donde el ejército nacional enterró a miles de colombianos inocentes, que desapareció y asesinó para mostrar como exitosas sus operaciones militares.

La práctica de falsos positivos lleva más de 40 años dentro del ejército y gobierno colombiano. Nuestro país lleva décadas gobernado por asesinos, todos pertenecientes a la misma sociedad narcotraficante y paramilitar. Unas fuerzas armadas corruptas desde hace más de 40 años, a las que no les importa las vidas de los colombianos y menos si son campesinos, pobres y vulnerables, esos no valen nada. Durante 40 años una familia buscó sin darse por vencidos a su hijo y hermano, el 13 de mayo supieron la verdad, fue asesinado a balazos por el ejército nacional para mostrar su cuerpo como un resultado exitoso. El ejército lo tiró en una fosa común, la JEP la identifica como la fosa común número 20 dentro del cementerio de Dabeiba – Antioquia.

Si la JEP no existiera este exsoldado jamás hubiera comparecido ante ningún ente del gobierno, porque simplemente lo hubieran asesinado. Gracias a la JEP madres como María Mercedes Jiménez pueden encontrar a sus hijos, saber qué pasó con ellos y darles un entierro digno. Hoy después de 40 años de búsqueda, la familia de Germán encontró algo de paz, pueden hacer un duelo e intentar sanar tanto dolor.

Pero el tema de la justicia y la verdad es mucho más complejo y difícil. El detonador que me motivo a escribir esto fue la película que recientemente me vi en Netflix, “El precio del perdón” de 2017. Es una película ambientada en el proceso de la Comisión para la verdad y la reconciliación que dirigió Desmond Tutu. Ver la película me removió recuerdos y sentimientos personales. Me he leído dos libros de Desmond Tutu, el primero fue el “Sin Perdón no hay Futuro”, publicado en 2012 y “El Libro del Perdón”, publicado en 2017, que escribió con su hija Mpho Tutu. Ojalá los colombianos se leyeran uno de esos dos libros.

En Sudáfrica se realizó un proceso de paz más complejo que el nuestro, el país logró justicia, verdad, perdón y reparación. Nuestro modelo de proceso de paz y la JEP están basadas en el aprendizaje de Sudáfrica. Casi todos los procesos de paz de muchos países toman como punto de partida la experiencia de Sudáfrica. Desmond Tutu visitó Colombia en 2005, estuvo en Cali durante el Primer Simposio Internacional de Justicia Restaurativa, compartió su experiencia, en lo que sería una visualización de un futuro proceso de paz.

¿Por qué el presidente eterno y sus copartidarios se opusieron al proceso de paz? ¿Por qué no aceptan la JEP y todos sus procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición? Las respuestas son simples, porque con la JEP se destapa la verdad de este narco país criminal, la verdad que no quieren que salga de esa fosa donde la enterraron, porque toda esa violencia y muerte tienen sus bases dentro de los estamentos del estado, que se supone que tienen como misión protegernos, pero que durante décadas han hecho todo lo contrario ¿Por qué nunca han aceptado el proceso de paz? Porque necesitan un país violento para justificar las acciones violentas que comete el estado, porque necesitan una nación con miedo para seguir delinquiendo.

Dentro de este proceso de paz, de verdad, justicia y reparación las víctimas son el eje principal. Saber qué ocurrió, cómo, dónde, por qué, encontrar el cuerpo de sus familiares, es lo que más necesitan los familiares de las víctimas, para poder sanar, perdonar, hacer duelo y seguir viviendo con una carga menos pesada sobre ellos. Como sociedad, como colombianos tenemos un inmenso deber moral hacia todos nuestros compatriotas víctimas de este conflicto armado. Yo creo que la paz es posible y nunca voy a pensar lo contrario. Tenemos que ser capaces de creer en la paz y en la construcción de sociedades no violentas y justas.

El proceso es complejo, son muchos actores violentos desde las fuerzas militares, el gobierno, grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y ciudadanos civiles que ejercen posiciones políticas de poder. El gobierno debe tratar que todos estos victimarios dejen la violencia y se acerquen hacia un proceso de paz e ingresen en la JEP. Cosa que no hizo el gobierno de Iván Duque, apenas pudo extraditó lo más rápido posible al líder de un grupo criminal que podía hacer un proceso de verdad, justicia y reparación, pero lo qué Otoniel puede decir involucra a actores del estado, fuerzas militares y figuras de poder político. Su extradición fue su forma de silenciarlo. De ocultar la verdad que muchas familias y que los colombianos necesitamos.

Extraditaron a Otoniel, ahora quieren extraditar a su hermana y con ellos se va la posibilidad de la verdad y la justicia para decenas de colombianos víctimas de este grupo criminal. También se va la posibilidad de conocer la responsabilidad de los gobernantes y las fuerzas armadas en todas estas muertes, desapariciones, desplazamientos y masacres.

El proceso de verdad es tan importante dentro de la sanación como sociedad porque permite a las victimas desahogar su dolor, escuchar la verdad, las explicaciones, razones y por supuesto escuchar de parte de los victimarios una solicitud de perdón y tener la capacidad como familias de perdonar. Como sociedad colombiana necesitamos pedir perdón y ser perdonados para construir las bases de un país pacifico, digno y justo.

Una sepultura digna merecen las víctimas de falsos positivos y del largo historial de masacres. Todos esos jóvenes humildes, que ilusionados cayeron en los engaños de las fuerzas militares y fueron asesinados a sangre fría. Sus nombres limpios merecen las más de 6 mil personas asesinadas por el estado, a quienes tiraron en fosas comunes y difamaron haciéndolos pasar por criminales.

Colombia tiene una deuda inmensa con más de 6 mil ciudadanos y sus familias, que aún hoy son revictimizadas por un estado que se niega a reconocer estos crímenes, que descalifica el proceso, que lo sabotea y que no desean que continue.

A mí me cuesta mucho trabajo entender a las personas que no aceptan la JEP, no comprendo porque niegan la posibilidad de construir un país basado en la justicia, la verdad y el perdón. No entiendo como defienden un gobierno y políticos que quieren seguir llevando a Colombia por el camino de la muerte y la guerra, muchas de esas figuras políticas son responsables de masacres, desapariciones y falsos positivos.

Me cuesta mucho entender como a amigos y conocidos, nos les importa esta Colombia, la que está herida por la violencia. Son indiferentes, justifican al ejército, defienden a los políticos que son paramilitares y narcotraficantes. Las víctimas de la violencia en nuestro país no tienen estrato social, pero indiscutiblemente son los más vulnerables quienes reciben la mayor parte de ella. Y a nuestra sociedad colombiana clasista, elitista e indiferente no le duelen los muertos pobres y menos si son de comunidades étnicas, ni siquiera los consideran ciudadanos.

Desmond Tutu tiene una frase muy famosa: «Si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor». Parece que la mitad de Colombia está del lado opresor.

Aquellos que no somos neutrales ni indiferentes y que nos duele cada colombiano víctima de esta estructura de violencia que gobierna nuestro país, tenemos la posibilidad de intentar un cambio este próximo 29 de mayo, la posibilidad de quitarle el poder a esta mafia de asesinos y narcotraficantes que han teñido de sangre la tierra de nuestro país. Es ahora cuando podemos comenzar un cambio.

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