Represión aumenta acción de las mafias

Una mayor represión incrementa los precios del soborno y promueve la guerra entre carteles, siempre que la corrupción sea generalizada y que la represión los obligue a tomar retaliaciones. Así se desprende del análisis realizado a los cambios en las políticas de seguridad contra el narcotráfico en México, Brasil y Colombia.

Por: Fernando Estrada, profesor,
Escuela de Economía – Universidad Industrial de Santander (UIS)

El análisis de la violencia criminal como subtipo de las guerras civiles provee pocas herramientas, dadas las diferencias entre las organizaciones de la mafia y las agrupaciones insurgentes. Es decir que pueden existir manifestaciones de violencia pública que no correspondan a las expresiones convencionales de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Un análisis adelantado conjuntamente por los profesores Fabio Fernando Moscoso y Nelson Andrade, de la Universidad EAN, sustenta que los carteles de las drogas no luchan solo por el territorio o por el control del poder político, sino que buscan condicionar a los actores estatales a trabajar por ellos.

El medio preferido para llevar a cabo dicha estrategia es la corrupción. Nuestra lectura permite deducir que una mayor represión incrementa los precios del soborno y promueve la guerra entre las mismas organizaciones del narcotráfico, siempre que la corrupción sea generalizada y que la represión obligue a los carteles a tomar retaliaciones como venganza.

Analizar los cambios en las políticas de seguridad contribuye a explicar las diferencias entre los carteles. En Colombia la guerra contra las drogas ha provocado nuevas formas de violencia concentrada en zonas estratégicas de ciudades intermedias y principales. Muestra de ello fueron los cambios sucedidos entre los carteles de Medellín y Cali y su relación con agrupaciones de autodefensas.

En México, Felipe Calderón lanzó en 2006 el despliegue militar más grande de los tiempos modernos, con la esperanza de reducir el aumento de la violencia de los carteles. Ni siquiera sus más duros críticos previeron que, para el final de su mandato, las organizaciones criminales provocarían unos 60.000 homicidios, encabezarían ataques contra tropas del Ejército y promoverían una violencia generalizada contra del Estado.

En Río de Janeiro, décadas de represión militar condujeron hacia una escalada violenta que en 2007 alcanzó la cifra de 1.330 civiles asesinados por la Policía. Al año siguiente se puso en marcha una nueva estrategia de “pacificación”. Así, el enorme despliegue del poder estatal y la captura de reductos clave en las favelas revirtió la tendencia. En 2012, la violencia de los carteles contra el Estado se redujo en un 68 %, el nivel más bajo alcanzado en una década.

A mayor represión, mayor corrupción 

Son numerosos los temas que demandan estudios comparados tanto regionales como internacionales. Por ejemplo, no es claro lo que ganan los carteles en su lucha, ante todo cuando al hacerlo pueden atraer más represión.

Si, por regla general, los narcotraficantes se ocultan para evitar la confrontación, es importante comprender por qué a veces prefieren la guerra, un elemento esencial si se tiene en cuenta que, además, la violencia de estas organizaciones exacerba la ofensiva territorial. Una vez las autoridades estatales los presionan, atacan, “golpean al juez” y pierden sus incentivos para contener la violencia entre ellos.

La violencia de dichos grupos criminales les sirve para influir políticamente por medio de dos lógicas: el clientelismo violento –a través del cual manipulan a líderes políticos para inducir cambios en el poder público– y la corrupción violenta, es decir cuando manipulan a las autoridades para intimidarlas y reducir los precios del soborno.

En estos países el clientelismo armado tiene una trayectoria histórica consolidada. Sin embargo, en el estudio se utiliza el concepto de corrupción violenta como la dinámica más relevante entre ambos tipos de violencia pública. De hecho, esta fue intensa y creciente durante el periodo narcoterrorista en Colombia (1984-1993), ha sido poco frecuente en Brasil, y más cruda en México durante la presidencia de Peña Nieto, por ejemplo en el caso de los carteles de Sinaloa y Michoacán.

El modelo utilizado en la investigación (ver gráfico) ilustra el problema de agente principal (individuo u organización) que subyace a la corrupción. Así, cuando los líderes estatales amplían la represión contra los carteles, la fuerza pública aplica sobornos más altos; a su vez, las organizaciones criminales compensan esta presión con el incremento de la violencia en contra de las fuerzas policiales.

En particular, la represión provoca la violencia de los carteles contra el Estado cuando los agentes temen más a la intimidación del cartel que a las sanciones impuestas por recibir sobornos.

Probablemente si la corrupción es rampante rara vez se castigue, y la represión estatal no está condicionada a la elección de los carteles sobre ocultarse o pelear entre ellos. De esta manera, la represalia en entornos corruptos puede crear incentivos para defenderse, mientras que la condicionalidad crea contraincentivos para evitar más violencia.

Niveles de influencia política 

Para efectos comprensivos llamaremos la política de jure a los esfuerzos de influir en la formulación del clientelismo –una actividad normalmente dirigida a líderes (por lo general altos ejecutivos, legisladores o jueces que sientan precedentes)–, y  la política de facto a los esfuerzos por influir en la ejecución o realización de sus objetivos, la corrupción, normalmente a funcionarios públicos (policías, militares, investigadores, jueces, etc.).

Los capos y jefes de organizaciones tienen incentivos para ocultarse, mantener un bajo perfil y minimizar la confrontación abierta con la fuerza pública, pero también pueden hacer de la violencia un medio para influir siempre que haya poca represión estatal. “Aconsejar” y “presionar” puede que no parezcan opuestos, pero en la práctica son excluyentes: las ventajas de una escalada violenta influye sobre los actores estatales, pero tiene el costo del bajo perfil que permite ocultarse, y viceversa.

En síntesis, un volumen considerable de violencia entre carteles y la guerra declarada al Estado por las organizaciones criminales se relaciona con el monopolio en los mercados de consumo y la expansión territorial. Precisamente en México el 88 % de los homicidios relacionados con drogas se encuentra entre los carteles.

Como tal, cualquier teoría de la guerra entre ambos actores constituye una explicación parcial, máxime si se subestima la importancia de los conflictos derivados de su influencia sobre el Estado. En Colombia, además de exacerbar la guerra territorial, alteró la vida social y política.

La contribución del estudio realizado es la identificación de matrices causales de conflictos dentro del mismo Estado, adaptando el conocimiento sobre lógicas de confrontación en las guerras civiles, pero estableciendo las diferencias entre nuevas formas de violencia y sus manifestaciones de legitimidad e ilegitimidad.