¿Las reformas estructurales y las políticas económicas?
El primer concepto, de las reformas estructurales, tiene que ver con las transformaciones que deben operarse en las instituciones de un país, para acompañar las nuevas tendencias que puede estar apareciendo en su zona territorial y que es necesario impulsar para consolidar el proceso de modernización. Comprende una puesta al día de leyes, instituciones, estructuras e incluso formas de pensar (Girondella), para preparar el futuro que se viene. O sea la modernidad. En términos automovilísticos, se trata del vehículo.
La política económica (macro en especial), es el conjunto de intervenciones de la administración pública (a través del Estado, el Banco Central y las colectividades territoriales) sobre la actividad económica para alcanzar objetivos (crecimiento, pleno empleo, justicia social) buscando ciertos objetivos (crecimiento, pleno empleo, justicia social).Esos objetivos, buscando corregir desequilibrios (inflación, desempleo, déficit de finanzas públicas, excesos de creación monetaria). Siguiendo con los términos automovilísticos, se trata del combustible
Las reformas estructurales y políticas económicas tienen poco en común, las primeras deben llevarse a cabo independientemente de las segundas. Si el objeto es suavizar el impacto externo de los ciclos económicos. Debido a que sus efectos son permanentes y se extienden a largo plazo.
La política económica, a veces, también es de uso injustificado para crear condiciones políticas favorables a las reformas estructurales, ya que estas últimas, deben estar en su lugar durante o justo después de un mínimo periodo. Una implicación a considerar es que la pertenencia a una zona –A. Latina, por ejemplo- no puede ser un obstáculo para la reforma. Ese hecho no debe ser olvidado en la tramitación de los Tratados.
La innovación debe estar en el corazón de la reinvención del Estado Moderno y de la modernización de la gestión pública, sobre todo en tiempos de austeridad fiscal y restricciones presupuestarias. La desaceleración económica que sufre América Latina y el Caribe, hace aún más urgente mejorar la calidad del gasto y agilizar el Estado. Esto se debe en parte, a la existencia de una sociedad cada vez más joven y digitalizada, nacida en democracia y que exige respuestas inmediatas. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. La expansión de las burocracias en América Latina, han generado costos para los usuarios que afectan la calidad de vida de las familias, la productividad del trabajo y la competitividad de las empresas. Según indican encuestas un número creciente de ciudadanos, no confía en sus gobiernos (Publicación del BID-Gobiernos que sirven).
