Las mentiras de Duque en la COP26

En Glasgow, Escocia, se está llevando a cabo la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021. Todos los líderes mundiales están presentes con sus delegaciones y muestran al mundo los resultados obtenidos frente a los compromisos ya establecidos en acuerdos y cumbres anteriores, así como el avance frente a la problemática del cambio climático.

Por supuesto, Iván Duque y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible están en Escocia. Nuestro presidente Duque ya ha realizado tres alocuciones ante los líderes del mundo, mostrándoles una Colombia que no existe. Según Duque, el país es pionero a nivel ambiental, citándose a sí mismo y al ministerio: Colombia “…llega a la COP26 siendo ejemplo para la comunidad internacional por nuestro compromiso climático”.

¿Somos un ejemplo para la comunidad internacional? Creo que sí, lo somos, pero por razones muy distintas a las que señala Duque. Ocupamos el primer lugar a nivel mundial en varios rankings sobre temas ambientales, pero no de la manera positiva que él sugiere.

Actualmente, somos el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales. Este es nuestro segundo año consecutivo ostentando el título de ser el país número uno en homicidios de líderes ambientales, según el informe presentado por Global Witness el 13 de septiembre del presente año.

De acuerdo con Global Witness, en 2020 asesinaron a 65 líderes ambientales, y en 2019 fueron 64. Sin embargo, la organización afirma en su informe que la cifra podría ser aún mayor, ya que los datos no alcanzan a reflejar la verdadera dimensión del problema de violencia que enfrentan quienes defienden el ambiente en Colombia y en el mundo. En países afectados por conflictos armados, como Colombia, puede haber subregistros.

¿A quiénes asesinan y por qué? Según el informe de Global Witness, casi el 70% de los líderes asesinados luchaban por frenar la deforestación, y un tercio de ellos pertenecían a comunidades indígenas.

El 70% de los ambientalistas asesinados protegían nuestros árboles, pero paradójicamente, Iván Duque declaró en Glasgow que en 2022 se comprometerá a proteger el 30% del territorio colombiano para frenar la deforestación y plantar 180 millones de árboles antes de agosto de 2022.

No sé si lo de Duque es ironía o cinismo. No sé cómo es capaz de ponerse de pie ante los líderes mundiales y hablar con total convicción de una Colombia inexistente. Duque tiene grandes dotes histriónicas o sufre de una patológica mitomanía.

Si Colombia es incapaz de proteger a los ambientalistas que intentan frenar la deforestación, es absolutamente incapaz de evitar la deforestación. Pero eso, Duque no lo menciona en la COP26.

Iván Duque no mencionó en ninguno de sus discursos que desde 2016 hasta 2020 han sido asesinados 611 líderes ambientales, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). De esos homicidios, 332 fueron contra indígenas, 75 contra afrodescendientes pertenecientes a consejos comunitarios, 102 contra campesinos que luchaban por su territorio, 25 contra activistas ecológicos de distinta índole y 77 contra integrantes de Juntas de Acción Comunal que denunciaron posibles delitos e irregularidades ambientales en sus comunidades. De los 611 ambientalistas asesinados, 129 corresponden a los dos últimos años.

Los homicidios de líderes ambientales han ido en aumento durante el gobierno de Duque. En 2017, bajo la presidencia de Santos, hubo 24 casos; en 2018, fueron 25. Duque asumió el poder en agosto de ese año, y en 2019 asesinaron a 64 ambientalistas, mientras que en 2020 mataron a otros 65. Desde el primer año completo de Duque en el poder, el número de homicidios de ambientalistas se triplicó. Pero nada de esto mencionó Iván Duque en sus intervenciones durante la COP26.

Debería ser un hecho alarmante para Duque que el número de ambientalistas asesinados se incremente durante su gobierno. Algo debería decir al respecto. Pero lo único que se recibe es silencio, un silencio cómplice que trata de evitar que esto se evidencie y que forme parte de la agenda nacional. No existe una política concreta que ponga fin a estos homicidios.

¿Dónde asesinan a los ambientalistas? En las zonas del país que poseen mayor cantidad de bosques, selvas, recursos hídricos y biodiversidad, las cuales también son las más olvidadas por el Estado colombiano: departamentos como Meta, Amazonas, Cauca, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Santander, Antioquia, entre otros.

Me remito nuevamente a las palabras del Ministerio de Ambiente: Colombia “…llega a la COP26 siendo ejemplo para la comunidad internacional por nuestro compromiso climático”. El gobierno colombiano no es ejemplo de nada positivo ante la comunidad internacional, y no existe un compromiso climático válido mientras el Estado no sea capaz de mantener a salvo a las personas que protegen el ambiente.

Duque se infló el pecho en la COP26 afirmando que somos un referente mundial en reforestación, que va a declarar como área protegida el 30% del territorio colombiano, que ha sembrado 120 millones de árboles y que va a plantar otros 180 millones antes de agosto de 2022. Una táctica comunicativa del gobierno de Duque es endulzar las palabras, decir verdades a medias, o mejor, mentiras a medias. Actualmente, el 15% del territorio de Colombia está declarado como área protegida, por lo que sólo debe declarar otro 15% más para cumplir con su meta. Sin embargo, estas declaratorias son casi una burla, un saludo a la bandera, ante la situación real que enfrentan las comunidades dentro de estos territorios.

La realidad colombiana en cuanto a deforestación no es la que Duque cuenta en su discurso en la COP26. Durante 2020, la deforestación aumentó un 8% con respecto a 2019, según datos del Ideam y del mismo Ministerio de Ambiente en su informe anual sobre deforestación.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2020 se perdieron 171,685 hectáreas de bosque, en contraste con las 158,894 hectáreas perdidas en 2019. La región más afectada fue la Amazonía, que concentró casi el 64% de la pérdida total de bosques en Colombia.

En la Amazonía, durante 2019, se deforestaron 98,256 hectáreas, y en 2020 fueron 109,302 hectáreas, un aumento de 11,000 hectáreas.

En los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas, se está llevando a cabo una estrategia delictiva y violenta para deforestar, que consiste en la invasión de resguardos indígenas. Esto ocurrió durante todo 2020 sin que el gobierno colombiano hiciera algo al respecto. Los deforestadores llegan a los resguardos indígenas y, mediante la violencia, desplazan a los habitantes para quedarse con la tierra, talar los árboles y quemar el territorio.

En una entrevista para el portal mongabay.com, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), manifestó que:

“Si ese método [la invasión de territorios indígenas] se llega a consolidar, haciendo uso de estrategias combinadas con cultivos ilícitos y ganadería, donde también hay inversión pública, el fenómeno se puede ampliar a otros resguardos que en un futuro enfrentarán la presión de la deforestación y el acaparamiento. Estaríamos asistiendo a los primeros ejercicios que nos llevarían a un escenario similar al de Brasil: un proceso de invasión masiva y generalizada para cambiar el uso del suelo y su estatus legal”.

Uno de los principales motivos de la desforestación en varias regiones del país es el acaparamiento ilegal de tierras por parte de los terratenientes para la expansión agropecuaria. Están invadiendo territorio indígena y desplazando a las poblaciones mediante intimidación y violencia para acaparar tierras.

La dinámica de apropiación y acaparamiento de tierras es simple: llegan grupos armados, invaden territorio indígena y áreas protegidas, asesinan e intimidan a los habitantes y los desplazan de su hogar, quienes huyen despavoridos ante el terror de una masacre. Luego, ya apoderados de la zona, talan masivamente, queman el terreno y comienzan un proceso agrícola y ganadero. Cuando se demuestra que la tierra ha sido trabajada durante un tiempo, se reclama su propiedad. Aunque sea ilícito, se inicia un proceso de venta de la tierra, que termina en manos de terratenientes.

Al respecto, InSight Crime, en asociación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está realizando una investigación profunda sobre esta problemática en Colombia. Han elaborado el siguiente video que ilustra de manera precisa esta situación, y se los comparto:

Duque tuvo el descaro de preguntar a los asistentes de una de sus intervenciones si un país como Colombia, “que solo tiene el 0,6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, se compromete a proteger el 30% de nuestra tierra en 2022, ¿por qué no hacen lo mismo otros países?”.

No sé de qué Colombia habla Duque en su discurso, pero en la Colombia que yo habito con otros 50 millones de colombianos, asesinan a los que intentan proteger el ambiente, desplazan a los indígenas de los territorios para talar los árboles y los gobernadores como Nebio Echeverry Cadavid de Guaviare son acusados de apropiación ilegal de tierras, intimidando a familias campesinas para que vendan sus tierras a precios irrisorios y así poder cultivar masivamente aceite de palma. La gran mayoría de los apropiadores y acaparadores de tierras son reconocidos empresarios, políticos y figuras influyentes de diversas regiones del país. Esa es la verdadera Colombia, no la que Duque presenta en sus discursos.

Nuestro presidente se comprometió en la COP26 a proteger las selvas, a declarar territorio protegido, a sembrar millones de árboles y a reducir en un 51% la emisión de gases, entre otros compromisos. Pero, irónicamente, el  gobierno colombiano no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Ver aquí.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es el primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe, basado en tres principios: acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Uno de sus objetivos es que los proyectos de desarrollo en los países logren un equilibrio social y ambiental, favoreciendo a las comunidades. Por ello, promueve el acceso amplio y libre a la información ambiental, una mayor participación pública en las decisiones que afecten ambientalmente a las comunidades, un mayor acceso a la justicia ambiental y, además, obliga a los países firmantes a proteger a los líderes ambientales.

Curiosamente, Colombia, el país que Duque presenta como ejemplo de compromiso ambiental en la región, no ha ratificado el acuerdo. ¿Qué raro? ¿Será porque les obliga a proteger a los ambientalistas?

El honorable Congreso de la República, en colaboración con el gobierno, ha utilizado toda clase de recursos para evitar ratificar el Acuerdo de Escazú. Han aplazado cuatro veces el debate, iniciaron lo que llaman “plan tortuga” para que se hunda por falta de trámite y han utilizado artimañas como cambiar la hora de citación de las comisiones sin avisar a los convocados, programando las sesiones en horarios donde todos los congresistas estaban en plenaria, por lo que no podían asistir.

Un grupo de jóvenes colombianos le exigió a @IvanDuque decir la verdad sobre su actuar con el Acuerdo de Escazú. Ante el debate y al verse sorprendido en sus mentiras, Duque huye pavoroso y asustado. #COP26 pic.twitter.com/GYPVQtuplz

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 3, 2021

La realidad es que hoy el Acuerdo de Escazú no está ratificado, y parece que, mientras Duque y sus copartidarios sigan en el poder, no será ratificado. A la clase corrupta y criminal de Colombia no le conviene un acuerdo ambiental de ese tipo.

Pero eso tampoco lo mencionó Iván Duque en sus discursos en Escocia, ante los líderes mundiales durante la COP26. Existen dos Colombias: la imaginaria de Duque, que solo existe en su cabeza, un país que es ejemplo en compromisos ambientales, próspero y justo; y la Colombia real, aquella en la que asesinan a quien alza su voz contra la destrucción del ambiente. La Colombia que no ratifica un acuerdo ambiental porque obliga al gobierno a proteger a los ambientalistas. Esa Colombia es la que ocultan ante los líderes mundiales en las cumbres.