Expresidente Santos entregó su contribución a la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

El expresidente (2010-2018) y exministro de Defensa (2006-2009) de Colombia, Juan Manuel Santos, se presentó este viernes 11 de junio ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. De manera voluntaria, entregó su contribución a la verdad respecto a las ejecuciones extrajudiciales con ocasión del conflicto armado interno.

“Les quiero compartir mi verdad –como yo vi las cosas– sobre los problemas que enfrentamos y las medidas que tomamos en el Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos en general, y en particular cómo investigamos y detuvimos esa macabra modalidad conocida como falsos positivos, que tanto daño le hicieron a miles de familias inocentes y a nuestras propias Fuerzas Armadas, para vergüenza nacional”, dijo.

“Esta no es una historia fácil de entender, no solo porque es inconcebible que hombres de nuestro Ejército Nacional hayan cometido o tolerado estos hechos –yo mismo tardé un buen tiempo en aceptarlo–, sino porque se dieron en paralelo dos fenómenos absolutamente contradictorios: una notable mejoría general del comportamiento de nuestras tropas en el terreno, gracias en buena parte a su entrenamiento en derechos humanos, al que me referiré más adelante; y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales”, añadió.

De acuerdo con Santos, al poco tiempo de asumir en el Ministerio conoció las historias sobre “falsos positivos”, la práctica que consistía en presentar como resultados operacionales la muerte de civiles sin conexión alguna con el conflicto armado. “Los falsos positivos son entonces una parte –aún más deplorable– de un fenómeno más amplio y más antiguo: las denominadas ejecuciones extrajudiciales”, aseguró.

El expresidente aseveró que esta práctica se pervirtió gradualmente, se asesinaban personas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operacionales, para reportarlas como “caídos en combate”. Los mataban lejos de sus residencias para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la población civil local.

“Luego eran enterrados como ‘NN’ en un cementerio local, mientras que se introducía alguna referencia en un informe de inteligencia para justificar la muerte de un ‘combatiente’ y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto”, explicó.

El expresidente indicó que, en el 2007, tras confirmar la existencia de las ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio de Defensa inició un trabajo dirigido a atacar ese fenómeno.

“Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones e instituciones que tenían algún conocimiento del problema. Con la Fiscalía y la Procuraduría, naturalmente. Pero especialmente, como ya mencioné, con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La propia oficina de la Vicepresidencia que trataba de centralizar la información tenía datos parciales e información fragmentada. A estas entidades les dije que nuestros objetivos eran los mismos y que teníamos que trabajar en forma coordinada”, señaló.

Santos informó que vía directiva ministerial se creó el Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos. El comité estaba integrado por el ministro de Defensa, el viceministro para Políticas y Asuntos Internacionales, el comandante general de las Fuerzas Militares, los comandantes del Ejército y la Armada, el director general de la Policía, los inspectores del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía; la directora de la Justicia Penal Militar, y los coordinadores de derechos humanos del Ministerio de Defensa, del Comando General y de cada una de las Fuerzas Militares.

Las directivas ministeriales, además, debían concientizar a los comandantes de las Fuerzas Armadas de la necesidad de regular el uso de la violencia, insistir en la observancia del derecho internacional humanitario, en especial los principios de distinción y proporcionalidad, e insistir en la responsabilidad de los altos mandos y el control sobre la tropa.

Según el exministro, la doctrina era privilegiar los desmovilizados, luego las capturas y en último lugar las bajas. Y cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario.

“Por mi parte, tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era fácil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier institución toma tiempo, es difícil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas. Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”, manifestó.

“Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi Ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, concluyó.

De acuerdo con un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el periodo de máxima incidencia, entre 2002 y 2008, al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica.