España aprueba la reforma para reconocer a repartidores registrados en apps como asalariados
El gobierno de España aprobó hoy la reforma del código laboral que otorga automáticamente el estatuto de asalariado a los repartidores que trabajan para aplicaciones de delivery como UberEats, Glovo o Deliveroo, luego de sus reiteradas denuncias de precaridad laboral en las calles y tribunales.
En marzo, las principales plataformas de delivery manifestaron que “la laboralización forzosa (…) ponía en peligro un sector que aporta 700 millones de euros (USD 850 millones) al PIB nacional”, pero la reforma llegó después de una decisión del Tribunal Supremo que reconoció la existencia de una “relación laboral” entre un repartidor y Glovo.
De acuerdo con la información aportada por la agencia AFP, la ministra de trabajo de España, Yolanda Díaz, dijo en una rueda de prensa: “Un joven que va en una bicicleta con una aplicación o un dispositivo móvil no es un emprendedor” y agregó que, al legislar sobre la materia, “España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional”.
Por lo tanto, a partir de ahora, según informó el gobierno en un comunicado, la legislación laboral española reconocerá “la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital”.
En este aspecto, tanto Italia como Reino Unido marcaron importantes precedentes.
En febrero la justicia italiana exigió la regularización de unos 60.000 repartidores que trabajan para plataformas en base a una investigación realizada por la fiscalía en toda la península que determinó que se trata de trabajadores dependientes y no autónomos.
En el mismo mes, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la compañía estadounidense de transporte Uber debía reconocer a sus conductores como “trabajadores” y exigió a la empresa garantizarles el acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, entre otras medidas.
De modo opuesto, el pasado noviembre, a través de un referéndum popular, se rechazó una ley votada en 2019 en el estado de California que obligaba a las empresas de la llamada “gig economy” a considerar a sus trabajadores como asalariados.
Otro punto destacado de la reforma negociada entre el gobierno español, los sindicatos y la patronal prevé que las empresas pongan a disposición de los sindicatos las reglas de funcionamiento de los algoritmos que gestionan el reparto de pedidos y las primas de los trabajadores.
Estas modificaciones se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial y las empresas dispondrán de tres meses para aplicarlas.
No obstante, el principal colectivo de repartidores, Riders X Derechos, señaló que la reforma es “insuficiente” y otros sindicatos más pequeños temen que esta modificación lleve a las plataformas a suprimir empleos.