El valor de la verdad para Colombia
Colombia es un país marcado por la violencia, con heridas abiertas y cicatrices que todavía duelen. Un país que, en muchos aspectos, ha perdido el norte. Hemos sido gobernados durante más de 30 años por funcionarios que fomentan y protegen el narcotráfico, para quienes la vida de los ciudadanos no vale ni significa nada. Han apoyado y permitido masacres y desplazamientos, principalmente de campesinos y comunidades étnicas, dueños de territorios que narcotraficantes y políticos necesitan para la ganadería extensiva, la agricultura, la minería, o para acaparar recursos hídricos. Estos territorios también sirven como rutas para el tráfico de drogas, armas o personas.
El gobierno, en muchos de sus estamentos, especialmente dentro de las fuerzas armadas, ha permitido que sus funcionarios participen en estas actividades ilícitas, vulnerando la vida e integridad de los ciudadanos que supuestamente deberían proteger. Nuestras fuerzas militares han trabajado en equipo con grupos paramilitares en masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos, a través del silencio, la omisión de sus deberes, y en muchos casos, la colaboración directa con esos grupos ilegales.
Muchos exmilitares, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, han contado cómo asesinaron y desaparecieron personas inocentes. Han narrado cómo el ejército recibió armas ilegales de grupos paramilitares para ejecutar los falsos positivos, cómo organizaban operativos falsos donde asesinaban a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Como se iban de los territorios para permitir que llegaran grupos ilegales a masacrar y desplazar campesinos y población étnica. Muchos de estos exmilitares han relatado lo que ya era un secreto a voces que todos los gobiernos han querido callar: el papel del ejército y el gobierno en la violencia que ha asolado al país.
El 26 de abril pasado, diez militares retirados reconocieron, ante los familiares de las víctimas, haber asesinado a sangre fría a 120 jóvenes inocentes, presentándolos como guerrilleros caídos en combate. La mayoría de estos jóvenes eran pobres, personas vulnerables, que para los militares no valían nada. Eran muertes “fáciles”, de familias tan pobres que no podían ni buscar a sus muertos ni denunciar, familias a las que nadie escucharía, en ningún medio de comunicación saldría una noticia de la desaparición de uno de estos jóvenes. En Colombia los grandes medios de comunicación son una mafia que apoya todo el estamento criminal que gobierna al país.
Ese día comparecieron dos miembros importantes del ejército: el general Paulino Coronado y el coronel Rubén Castro. El general, el uniformado de mayor rango que ha comparecido ante la JEP, reconoció haber impartido órdenes que fomentaban sistemáticamente estos crímenes, siguiendo una política institucional donde lo único que importaba era el conteo de muertos, sin importar si eran civiles inocentes o guerrilleros. El coronel, por su parte, reconoció la existencia de una “banda criminal al interior de su brigada“, “creada con el único fin de incrementar las bajas a como diera lugar“. Pidió perdón por haber asesinado a gente buena.
En esa jornada de comparecencias estuvieron 50 personas familiares de las víctimas. Gracias a estos testimonios, los familiares de las víctimas pudieron limpiar el nombre de sus seres queridos, quitando el estigma de criminales que les había sido impuesto. Este primer paso hacia la justicia es liberador para las víctimas, que durante décadas cargaron con el peso de una mentira que ahora comienza a desmoronarse.
El 13 de mayo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a María Mercedes Jiménez, una madre de 90 años, el cuerpo de su hijo Germán Darío Flórez Jiménez. María Mercedes buscó el cuerpo de su hijo durante 40 años. Un 14 de mayo de 1982, Germán, que tenía 21 años, salió de su casa en Medellín para buscar trabajo. Y desde ese día su familia no supo nada de él. Su madre y hermanos en 1982 interpusieron la respectiva denuncia a las autoridades, que no tuvo eco, ningún policía salió a buscarlo. Durante 40 años María Mercedes y sus hijos han buscado a Germán, 40 años después la JEP les entregó su cuerpo.
¿Cómo la JEP encontró a Germán Flórez después de cuarenta años? Un exsoldado del Batallón de Contraguerrilla 79 compareció ante la JEP y confesó los asesinatos y desapariciones cometidos por el ejército hace 40 años para presentar bajas en combate. La identidad del exsoldado se mantiene en reserva, debido a que el Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) considera que su vida e integridad se encuentran en alto riesgo.
Gracias este Exsoldado, María Mercedes recibió el cuerpo de su hijo, pudo llorarlo y darle sepultura junto a su familia. Este exsoldado reveló la ubicación de fosas comunes en el cementerio de Dabeiba, donde el ejército enterró a miles de colombianos inocentes.
La práctica de los falsos positivos lleva más de 40 años en el ejército y gobierno colombiano. Durante estas décadas, hemos sido gobernados por asesinos, todos parte de la misma sociedad narcotraficante y paramilitar. Las fuerzas armadas, corruptas desde hace más de 40 años, han demostrado que las vidas de los colombianos —especialmente las de campesinos, pobres y vulnerables— no valen nada.
Durante 40 años una familia buscó, sin darse por vencidos, a su hijo y hermano, el 13 de mayo supieron la verdad: fue asesinado a balazos por el ejército nacional para mostrar su cuerpo como un resultado exitoso. El ejército lo tiró en una fosa común, la JEP la identifica como la fosa común número 20 dentro del cementerio de Dabeiba – Antioquia.
Si la JEP no existiera, este exsoldado jamás habría hablado, y María Mercedes Jiménez nunca habría encontrado el cuerpo de su hijo. La JEP ha permitido que muchas madres, como ella, puedan encontrar a sus hijos, darles sepultura y, con ello, encontrar algo de paz tras años de búsqueda.
Hoy después de 40 años de búsqueda, la familia de Germán pueden hacer un duelo e intentar sanar tanto dolor.
La película “El precio del perdón” (2017), disponible en Netflix, ambientada en el proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Desmond Tutu en Sudáfrica, me removió recuerdos y sentimientos personales. He leído dos de sus libros: Sin perdón no hay futuro y El libro del perdón, coescrito con su hija Mpho Tutu. Ojalá los colombianos leyeran alguno de esos libros.
El proceso de paz en Sudáfrica fue más complejo que el nuestro, pero lograron justicia, verdad, perdón y reparación. Nuestro modelo de proceso de paz y la JEP están basados en esa experiencia. Casi todos los procesos de paz de muchos países toman como punto de partida la experiencia de Sudáfrica. Desmond Tutu visitó Colombia en 2005, durante el Primer Simposio Internacional de Justicia Restaurativa, donde compartió su experiencia.
¿Por qué se oponen al proceso de paz el “presidente eterno” y sus aliados? ¿Por qué no aceptan la JEP y todos sus procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición? La respuesta es simple: Porque la JEP destapa la verdad incómoda de este país narco-criminal, una verdad que no quieren que salga de esa fosa donde la enterraron. Necesitan un país violento para justificar sus propias acciones violentas y seguir delinquiendo bajo el manto del miedo.
Dentro de este proceso de paz, las víctimas son el eje central. Necesitan saber qué ocurrió, cómo, dónde, y por qué. Necesitan encontrar los cuerpos de sus familiares para poder sanar, hacer duelo y seguir viviendo. Como sociedad, tenemos un inmenso deber moral hacia las víctimas de este conflicto armado. Creo en la paz, y no voy a dejar de creer. Tenemos que ser capaces de creer en la paz y en la construcción de sociedades no violentas y justas.
El proceso es complejo. Son muchos los actores violentos involucrados: desde las fuerzas militares, el gobierno, los grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales, hasta ciudadanos civiles que ejercen posiciones de poder político. El gobierno debe esforzarse por que todos estos victimarios abandonen la violencia, se acerquen a un proceso de paz y se sometan a la JEP. Esto fue precisamente lo que el gobierno de Iván Duque no hizo; tan pronto como pudo, extraditó lo más rápido posible al líder de un grupo criminal que podría haber contribuido a un proceso de verdad, justicia y reparación. Pero lo que Otoniel puede revelar involucra a actores del Estado, fuerzas militares y figuras de poder político. Su extradición fue una forma de silenciarlo, de ocultar la verdad que tantas familias y colombianos necesitan conocer.
Extraditaron a Otoniel, y ahora quieren extraditar a su hermana, llevándose con ellos la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia para decenas de colombianos víctimas de este grupo criminal. También se esfuma la posibilidad de conocer la responsabilidad de los gobernantes y las fuerzas armadas en todas estas muertes, desapariciones, desplazamientos y masacres.
El proceso de verdad es vital para la sanación como sociedad porque permite a las víctimas desahogar su dolor, escuchar la verdad, las explicaciones, las razones, y, por supuesto, escuchar de los victimarios una solicitud de perdón, brindándoles la capacidad como familias de perdonar. Como sociedad colombiana, necesitamos pedir perdón y ser perdonados para construir las bases de un país pacífico, digno y justo.
Una sepultura digna merecen las víctimas de los falsos positivos y del largo historial de masacres. Todos esos jóvenes humildes que, ilusionados, cayeron en los engaños de las fuerzas militares y fueron asesinados a sangre fría. Más de seis mil personas asesinadas por el Estado, cuyos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes y difamados haciéndolos pasar por criminales, merecen que sus nombres sean limpiados.
Colombia tiene una deuda inmensa con esos más de seis mil ciudadanos y sus familias, quienes aún hoy son revictimizados por un Estado que se niega a reconocer estos crímenes, que descalifica el proceso, lo sabotea y no desea que continúe.
Me cuesta mucho trabajo entender a quienes no aceptan la JEP. No comprendo por qué niegan la posibilidad de construir un país basado en la justicia, la verdad y el perdón. No entiendo cómo pueden defender a un gobierno y a políticos que quieren seguir llevando a Colombia por el camino de la muerte y la guerra, muchos de ellos responsables de masacres, desapariciones y falsos positivos.
Me es dificil entender cómo a amigos y conocidos no les importa esta Colombia, herida por la violencia. Son indiferentes, justifican al ejército, defienden a políticos que son paramilitares y narcotraficantes. Las víctimas de la violencia en nuestro país no tienen estrato social, pero, indiscutiblemente, son los más vulnerables quienes reciben la mayor parte de esa violencia. Y a nuestra sociedad colombiana, clasista, elitista e indiferente, no le duelen los muertos pobres y menos si son de comunidades étnicas, ni siquiera los consideran ciudadanos.
Desmond Tutu tiene una frase muy famosa: “Si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor”. Parece que la mitad de Colombia está del lado opresor.
Aquellos que no somos neutrales ni indiferentes, y que sentimos dolor por cada colombiano víctima de esta estructura de violencia que gobierna nuestro país, tenemos la posibilidad de intentar un cambio este próximo 29 de mayo, la posibilidad de quitarle el poder a esta mafia de asesinos y narcotraficantes que han teñido de sangre la tierra de nuestro país. Es ahora cuando podemos comenzar un cambio.
