El Consejo de Estado colombiano ordena un curso en DDHH para policías antidisturbios
El Consejo de Estado de Colombia, una de las máximas instancias de la justicia compuesta por 31 magistrados, dispuso que los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), una de las ramas de la Policía más cuestionada por su violencia, asistan a “un proceso de capacitación, socialización y entendimiento” en materia de derechos humanos.
La orden está vinculada al decreto por el que se estableció un protocolo para el uso de la fuerza durante las protestas de ciudadanos, y abarca a “patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Esmad”.
“En especial de los principios básicos sobre el uso de la fuerza, acciones preventivas, concomitantes y posteriores, empleo de armas y dispositivos menos letales, particularmente el lanzacohetes Venom; y la jurisprudencia de las Altas Cortes, relativas al derecho fundamental de la protesta pacífica y no violenta en Colombia”, indicó el alto tribunal.
El Venom es un arma supuestamente no letal, pero severamente cuestionada por organismos defensores de los derechos humanos, porque según cómo se utilice puede causar heridas graves y hasta la muerte de quien reciba un disparo.
Tiene un sistema con tres compartimientos de carga, cada uno para diez cartuchos aturdidores, de destello y de estruendo o fragmentación.
El Consejo de Estado explicó que pretende que los policías “actúen como agentes de paz y garanticen el derecho a la vida e integridad personal de los marchantes y no marchantes, y así evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
El fallo del Consejo de Estado concedió una tutela interpuesta por Jeimmy Acuña Naranjo, quien “solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización”, reportó el sitio del diario El Nuevo Siglo.
El tribunal pidió además a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General que entreguen los resultados de las investigaciones que se llevan adelante contra miembros del Esmad por posibles excesos durante las protestas que se registraron en el marco del paro nacional de casi dos meses, entre fines de abril y mediados de junio.
En ese lapso, las principales ciudades de Colombia tuvieron manifestaciones casi diarias, con fuerte represión de parte de la Policía Nacional y, especialmente, del Esmad, hecho que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y organizaciones como Amnistía y Human Rights Watch.
El Consejo de Estado ordenó además a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo “solicitar y verificar el listado del personal asignado por la Policía Nacional y el Esmad que hacen acompañamiento de las protestas, el tipo de armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación”.
Finalmente, el Consejo instó a los ciudadanos a participar de las manifestaciones de manera pacífica y en ejercicio del derecho legítimo, y a denunciar a quienes cometan hechos de vandalismo en esas jornadas.