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Desplazamiento habría propiciado reconfiguración territorial en Córdoba

En el municipio de Valencia se vivió este proceso como consecuencia del desplazamiento materializado, no solo a través de las prácticas violentas a causa de grupos armados, sino también por prácticas legales de formalización de la propiedad.

BOGOTÁ D. C., 30 de junio de 2021 — Agencia de Noticias UN-

Dichas prácticas fueron protagonizadas por el auge del paramilitarismo, que habría tomado a este municipio de Córdoba como base de control territorial y desde allí ejercían su autoridad en el río.

“Estos actores dieron lugar al fenómeno de tener a su disposición grandes haciendas que luego eran parceladas de manera legal, a través de la fundación Por la Paz de Córdoba”.

Estos son algunos de los hallazgos en la investigación de la ingeniera topográfica Viviana Mendoza Piñeros, magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con la cual da cuenta de la reconfiguración territorial ocurrida en el municipio de Valencia (Córdoba) entre 1980 y 2018.

“Con figuras legales permitieron que personas del lugar fueran beneficiarias, para luego sacarlas y desplazarlas, por lo que la combinación de estas prácticas legales e ilegales resulta determinante para explicar el proceso de apropiación del territorio y su riqueza natural para ponerlo al servicio de actividades económicas como la agroindustria o la explotación de minerales”.

En este periodo se produjeron los más altos índices de desplazamiento masivo y despojo de tierras por actores que encontraron en la ubicación geoestratégica del golfo de Urabá una fuente de riqueza que ha permitido la financiación y el sostenimiento de grupos armados ilegales, cuyas estructuras sociales, económicas y políticas han permeado todas las esferas de la sociedad colombiana.

En la investigación de la magíster se estudiaron los fenómenos del despojo de tierras y el desplazamiento forzado como factores de una estrategia diseñada para obtener el control del territorio, y con ello el dominio de las “economías de guerra”.

Según la investigadora, su estudio se basó en la búsqueda de comunicados de prensa, documentos históricos y referentes internacionales de países que han trabajado en posconflictos. De Colombia incluyó libros del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre el fenómeno del paramilitarismo y del narcotráfico.

“Pude trabajar con datos abiertos de instituciones relacionadas, sobre todo de sentencias públicas de la Unidad de Restitución de Tierras, en las cuales hacen estudios de contexto de cada zona del país, especialmente de la región del golfo de Urabá”, detalla.

Zona de economía de guerra

El estudio señala que la dinámica en el municipio de Valencia (Córdoba) responde a un proceso continuo de reconfiguraciones territoriales, que hunde sus raíces en la historia de la colonización de la región del Urabá. No obstante, a partir de 1980 se da una transformación radical en el proceso de regionalización del conflicto armado.

“La dinámica que se da por las relaciones que generan las organizaciones criminales –que dominan rutas, territorios, actividades financieras y crean redes propias para la actividad ilícita del narcotráfico– ha establecido unas economías de guerra a lo largo de los tiempos”, subraya.

Estas economías han repercutido a todo nivel en las regiones, y particularmente en el Urabá, estableciendo nuevos órdenes regionales e impuestos por grupos al margen de la ley. En ese proceso violento, la incursión paramilitar en los años 90 resulta determinante para comprender el actual ordenamiento territorial de esa región.

“En la actualidad, las bandas criminales al servicio del narcotráfico, y otros fenómenos armados ilegales presentados después de la desmovilización paramilitar, tienen una estrecha relación con la tierra, continuando íntimamente ligados al narcotráfico y marcando el ejercicio del poder territorial y de las formas de aprovechamiento del suelo y el subsuelo”.

A las dinámicas violentas de expolio de la tierra se suma la convivencia de las instituciones del Estado, fundamentalmente de notarías y registraduría, que a través de actos con apariencia de legalidad habrían encubierto negocios jurídicos fraudulentos para que unos pocos se quedaran con la tierra y la acapararan.

“La investigación pone en evidencia que las dinámicas de violencia directa e indirecta se articularon para promover el ordenamiento del territorio a favor de actores armados y sus aliados políticos, pese al dolor y a la injusticia que han arremetido en contra de los pobladores rurales, particularmente de la población campesina”, concluye la investigadora.

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