Corrupción judicial se corregiría con menos abogados y más meritocracia

“El inicio de una investigación contra los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes afectará en gran medida la legitimidad de la Rama Judicial”.

Así lo afirma el profesor Andrés Abel Rodríguez, vicedecano académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien considera que es necesario esperar las pruebas practicadas por parte de las autoridades estadounidenses tengan la formalidades y técnicas que permitan sacar las conclusiones necesarias.

Lo de los expresidentes Ricaurte y Bustos se suma a casos como el del exmagistrado Pretelt.

Aunque desde una perspectiva jurídica no habría razón para esperar que se vieran afectados otros procesos, desde un punto de vista político el hecho constituye un desastre para la credibilidad de la justicia, puesto que terminarán poniéndose en duda todas aquellas decisiones en las que los exmagistrados tuvieron alguna participación.

Contar con un tipo de formación más sólida desde el punto de vista académico, además del fortalecimiento del componente ético y de responsabilidad frente a la sociedad será uno de las principales retos para la academia, y una revisión frente a las condiciones y los requisitos para formar nuevos abogados.

El docente puntualiza que “si se lograra demostrar que se trató de casos particulares quizá se podría salvar de alguna forma la credibilidad de la institución, pero es un hecho que la imagen terminará muy afectada”.

Y agrega que una de las posibles causas de la deplorable situación por la que atraviesa el sistema jurídico colombiano se encuentra en la proliferación de las facultades de derecho en el país.

“Con un país en el que existen tantos problemas y necesidades cabe preguntarse si es necesario tener tantas facultades de derecho y tantos abogados para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad”, menciona.

Al respecto, insiste en la necesidad de fortalecer aspectos relacionados con la construcción de una ética civil con fundamento en la solidaridad y el compromiso.

Aunque el hecho de que una clase política cuestionada y judicializada por hechos de corrupción sea la encargada de juzgar a los exmagistrados, es una situación que generará nuevos interrogantes, por el momento no existe otra alternativa.

Sin embargo, la necesidad de tomar una serie de medidas en un futuro inmediato salta a la vista, y en tal sentido tomarían fuerza iniciativas como la de crear una Constituyente Judicial, o la tan anunciada reforma por vía legislativa.

Según el experto, una de las alternativas más viables sería la de introducir una serie de mecanismos fundamentados en la meritocracia para seleccionar los magistrados llamados a integrar las altas cortes –Suprema de Justica, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura–, que de hecho ya funcionan para el proceso de selección de jueces municipales, de circuito y tribunales.

Si bien la Comisión de Acusaciones es una instancia de carácter político, el hecho de que exista una intervención indirecta por parte del Gobierno norteamericano haría esperar que en esta oportunidad efectivamente haya repercusiones. Esta situación sin embargo no debería ser interpretada como que la justicia estadounidense se haya convertido en la última instancia judicial para los altos funcionarios colombianos.

“El mecanismo de cooperación entre Colombia y EE. UU. tiene un carácter legítimo que es muy importante a la hora de superar conductas delictivas asociadas con la corrupción que hace rato trascendieron las fronteras nacionales”, precisa el docente, para quien sin embargo la continuidad de esta herramienta dependerá en buena medida de los resultados que se produzcan en el corto plazo.