“Colombia no necesita una nueva Constitución, sino cumplir la de 1991”
El jurista José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, considera que el país no necesita ni reformar ni expedir una nueva Constitución Política, sino cumplir lo consignado en la que se firmó hace 30 años.
BOGOTÁ D. C., 08 de julio de 2021 — Agencia de Noticias UN-
Así lo afirmó en el espacio virtual Diálogos Convergentes “Leer para construir democracia”, organizados por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y en el cual participan otras instituciones de educación superior del país.
Durante esta sesión se recordó que la Constitución Política de Colombia de 1991 fue una apertura democrática, en la que varios actores –como representantes de grupos indígenas– hicieron aportes sobre equidad e igualdad socioeconómica para garantizar un Estado de derecho.
El experto señaló que “la del 91 es una Constitución democrática, participativa, pluralista y garantista que consagra los derechos humanos, y con el bloque de constitucionalidad se pone a tono con los tratados internacionales”.
Considera además que “no es pertinente tener una nueva constituyente por las manifestaciones de la crisis que atraviesa el país, como los paros y la polarización. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a lo ocurrido durante los meses anteriores en Colombia deja ver que se han vulnerado los derechos tanto de los entes policiales como de los ciudadanos, y la Constitución del 91 se caracteriza precisamente por el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos”, subrayó.
Ajustes que se deberían plantear
En una respetuosa crítica a los distintos gobiernos y congresos que han ejercido el poder de reforma, el exconstituyente argumentó que “la crisis no se soluciona con una acción, sino con un cambio estructural”.
“Se trata de una competencia entre gobiernos. Hoy la Constitución se puede reformar por un acto legislativo expedido por el Congreso de la República o por un acto de asamblea constituyente, y hasta el momento no se ha convocado a ninguno”, precisó.
Ajustes pendientes
Así mismo planteó un ajuste para la Constitución en aras de acabar con lo “la mermelada” en el Congreso de la República.
“Es importante realizar un ajuste a los órganos de control: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría Nacional y la Contraloría, para que no dependan ni del presidente de la República ni del Gobierno, para favorecimiento propio”.
Por su parte la estudiante de Derecho de la UNAL Francy Yara expresó que algunos derechos de la Constitución no se cumplen en su totalidad.
“Un dilema que siempre se ha mencionado sobre lo consignado en la Constitución es que tenemos el derecho a la vida y a la educación, pero por más que sea lógico y que esté plasmado en la Constitución, muchas veces no se cumple”, comentó.
En opinión de los expertos, para lograr un paso a una democracia conjunta, la educación tiene un papel fundamental que es enseñar y fortalecer los conocimientos sobre cómo funciona el Estado.
Según la estudiante Yara, “desde el colegio y en las universidades se debería educar para construir una mejor sociedad. Aprender sobre derechos laborales no solo les compete a los estudiantes de Derecho, sino también a los de todas las carreras universitarias, porque ellos son los que van a salir a ese mercado laboral”, destacó.
A su turno, el profesor Hernández hizo énfasis en que desde que comienza la educación se deberían enseñar los contenidos constitucionales y cívicos, desde los derechos, deberes y valores de la sociedad, como lo establece el artículo 41 de la Constitución.