Código de infancia se quedó en pañales
Diez años después de haberse firmado el “Código de la infancia y la adolescencia”, la práctica demuestra que las personas responsables de implementar las normas y hacer que se cumplan mantienen poco interés por los menores de 18 años.
Aunque se han dado avances significativos, como la creación de la Policía de Infancia y Adolescencia –que opera cuando se presenta vulneración de derechos y contribuye a la protección de estos–, el establecimiento de fiscalías para investigar casos de responsabilidad penal de menores, y el fortalecimiento tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como de las comisarías de familia, parte de la normatividad todavía permanece sin ser implementada.
Al respecto, el profesor Ernesto Durán, del Observatorio sobre Infancia la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), explica que “esta ley nacional hace referencia a la protección de la población menor de 18 años –contemplada en el marco de los protocolos internacionales–, para que se garantice su aplicación en Colombia”.
El país tenía en su legislación el Código del Menor, que data de 1989 y que no garantizaba sus derechos, por lo que la presión de la sociedad condujo a que se introdujeran una serie de normas para actualizarlo retomando las experiencias de otros países latinoamericanos.
“Aunque el Código establece garantías para la prevención, protección y rehabilitación de los niños en situación de discapacidad, el desarrollo posterior en este tema ha sido muy limitado”, destaca el profesor Durán, quien también recuerda que los apoyos económicos que el Estado debe entregarles a las familias de estos niños no existen porque el artículo nunca se reglamentó.
Aunque la norma establece asimismo que cada departamento y municipio debe tener una política pública de infancia y adolescencia que les permita a sus dirigentes hacer un diagnóstico de la situación, la Procuraduría General de la Nación encontró que cerca de 50 entidades territoriales carecen de cualquier tipo de política sobre el particular.
“Pese a que la norma plantea avances muy interesantes, los gobernantes siguen sin prestarle mucha atención a los temas relacionados con niños y adolescentes, por lo que no hay suficiente inversión y el número de personas para atenderlos sigue siendo insuficiente”, puntualiza el profesor Durán.
Según su visión crítica, se sigue registrando disparidad entre los departamentos donde están las grandes ciudades y aquellos que se encuentran en la periferia.
El docente destaca que aunque la cobertura nacional de las defensorías de familia no ha mejorado significativamente, sí se logró extenderlas a gran parte del país, aunque el nombramiento de los funcionarios se encuentra bastante politizado.
“No existe justificación alguna para que a pesar de todos los avances que ha tenido el país en los últimos años un solo niño se muera de hambre, y sin embargo continúan registrándose estos casos en La Guajira, Chocó, Norte de Santander, Meta e incluso en Bogotá”, precisa.
“Aunque en las campañas políticas se siguen utilizando los niños sin ningún reparo de la clase dirigente, las decisiones y presupuestos distan mucho de los compromisos adquiridos”, subraya el docente, quien también llama la atención sobre los recientes escándalos por cuenta de los actos de corrupción vinculados a la alimentación escolar.
Los avances y retos en la aplicación del “Código de la infancia y la adolescencia” serán motivo de discusión y análisis en el 35o Coloquio sobre Infancia que se realizará del 19 al 20 de octubre en el Edificio de Posgrados Rogelio Salmona de la U.N. Sede Bogotá, en el marco de la Semana CES.
