Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas saludaron en una declaración este jueves 4 el veto que el presidente de Brasil., Luiz Inácio Lula da Silva, impuso sobre la ley de licencias ambientales que aprobó el legislativo Congreso Nacional en julio.

“Estos vetos demuestran el compromiso de Brasil de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente”, resumieron los expertos en su declaración.

Lula promulgó el 8 de agosto la Ley de Licencias Ambientales, llamada “ley de devastación” por el movimiento ambientalista, pero vetó gran parte de su texto, 63 artículos que contenían las disposiciones más problemáticas.

Desde las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, conocidas como localmente como «el humo que truena», hasta las impresionantes pirámides de Egipto, pasando por el romántico Taj Mahal de la India, al igual que otros sitios icónicos a nivel mundial, se enfrentan a una amenaza creciente: el riesgo hídrico.

Varios sitios del Patrimonio Mundial podrían perderse para siempre si no se toman medidas urgentes para proteger la naturaleza, por ejemplo, mediante la restauración de paisajes vitales como los humedales, advierte un nuevo informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) tras un análisis que indica que las sequías y las inundaciones están amenazando esos emblemas globales.

Inundaciones, sequías, incendios forestales, crecida de los océanos y calor mortal, los eventos extremos se multiplican en todo el mundo sin una reacción de la humanidad con la urgencia necesaria para la contención de la crisis climática global.

En vísperas de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que acogerá en noviembre la ciudad de Belém, en la Amazonia de Brasil, parece difícil cumplir la meta acordada en la COP21, para limitar el recalentamiento planetario a 1,5 grados centígrados.

Queda evidente que la ciencia que advierte el riesgo de catástrofe y los movimientos ambientalistas no tienen la fuerza para impulsar las políticas indispensables para que se cumpla esa meta fijada en el Acuerdo de Paris, aprobado en 2015.