Abandonadas, sacrificadas: Las personas mayores durante la pandemia de covid-19
– La covid-19 es devastadora para las personas mayores. Las cifras son asombrosas, más de 80 por ciento de las muertes por coronavirus en Estados Unidos y el este de Asia ocurrieron entre adultos de 65 años o más. En Europa y Australia las cifras son aún más altas, 94 y 97 por ciento de los fallecidos fueron mayores de 60 años.
Desatendiendo a los más necesitados
Sin embargo, cuando se extendieron los contagios, se negó a las personas mayores el acceso a camas y ventiladores, a pesar de ser el grupo más vulnerable. Los expertos en derechos humanos denunciaron alarmados las decisiones sobre uso de recursos médicos escasos en hospitales y unidades de cuidados intensivos, discriminando en base a criterios edad.
No se priorizó a las personas mayores, a pesar de estar indefensos y de tener mayor riesgo; de hecho, fueron sacrificados, se les negó el tratamiento y el apoyo de emergencia.
«Las personas mayores tienen los mismos derechos a la vida y la salud que todos los demás. Las decisiones difíciles en torno a la atención médica que salva vidas deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos,» declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, profundamente preocupado por los acontecimientos durante la pandemia.
La masacre silenciosa en residencias de ancianos
Alrededor de la mitad de las víctimas de coronavirus en países de ingreso alto se encontraba en residencias de ancianos, aunque esto es una subestimación dado que el número oficial de muertes no incluía originalmente a los que habían muerto fuera de los hospitales sin una prueba de covid-19.
En la mayoría de países se reportó que no había suficientes equipos de protección y pruebas de covid-19 en los asilos de ancianos, tanto para residentes como para el personal de asistencia. Miles de personas se infectaron de coronavirus en los hogares de ancianos y, aunque algunos miembros del personal trabajaron heroicamente en condiciones peligrosas, otros no. El absentismo del personal se sumó a producir verdaderas historias de horror.
Por ejemplo, en un asilo de ancianos en Francia, 24 personas fallecieron en solo 5 días; murieron solos en sus habitaciones de shock hipovolémico, sin comida ni agua, porque el 40 por cien del personal estaba ausente.
En Canadá, se inició una investigación criminal después de que 31 residentes fueron encontrados muertos, sin haber sido alimentados ni cambiados, en un asilo para personas mayores; dados otros casos alarmantes, el ejército canadiense fue movilizado a los asilos y el gobierno está considerando hacerse cargo de todas las instituciones privadas de asistencia de largo plazo para adultos mayores.
En Suecia, los protocolos desaconsejaban enviar personas mayores a hospitales, permitiéndoles morir en los asilos.
En España, cuando los militares fueron desplegados para desinfectar las residencias de ancianos, se sorprendieron al encontrar personas «completamente abandonadas o incluso muertas en sus camas». España ha lanzado una investigación criminal sobre docenas de residencias de ancianos luego de que los familiares de miles de víctimas demandaron que «dejaron morir a nuestros padres».
Las familias demandan justicia, litigan contra los asilos para la tercera edad
En Italia, en la región de Lombardía, una resolución que ofrecía 150 euros (175 dólares) a los asilos que aceptaran pacientes con covid-19 para aliviar la carga en las camas de los hospitales, aceleró la propagación del virus entre los residentes y el personal. Los ataúdes se apilaban en los asilos. Las familias están presentando demandas por el mal manejo de la epidemia.
En Estados Unidos, más de 38 000 personas mayores han fallecido en residencias debido a la covid-19 y muchas familias han presentado demandas contra las residencias de ancianos por muerte por negligencia.
En el Reino Unido, las familias de residentes en asilos de ancianos que murieron por covid-19 están demandando al ministro de Salud y Asistencia Social; acusan al gobierno de violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Ley del Servicio Nacional de Salud de 2006 y la Ley de Igualdad.
La multibillonaria industria de las residencias de ancianos consigue inmunidad contra las demandas
La industria de los asilos y la asistencia de larga duración es lucrativa y poderosa.
En Europa, el sector de las residencias de ancianos se concentra en manos de unos pocos grupos privados grandes, a menudo administrados por fondos de pensiones e inversión. También en los Estados Unidos, 70 por ciento de los 15 000 las residencias de ancianos son administradas por compañías con fines de lucro; muchas han sido vendidas y adquiridas en los últimos años por corporaciones de capital privado.
En Estados Unidos, los operadores de residencias de ancianos y asistencia de largo plazo han presionado a los legisladores estatales y federales para que aprueben leyes que les otorguen inmunidad, negando responsabilidad sobre las condiciones dentro de los asilos durante la pandemia de covid-19.
Diecinueve estados han promulgado recientemente leyes u órdenes ejecutivas que otorgan protección a los operadores de las residencias de ancianos de cargos de responsabilidad civil en relación con covid-19. Nadie es responsable del sufrimiento de miles de personas mayores que murieron solas en las residencias.
Un futuro mejor: corregir la deplorable situación de los asilos y servicios de asistencia de largo plazo
Debido al rápido envejecimiento de la población, todos los países deberían invertir más en servicios de salud y asistencia de largo plazo para las personas mayores.
La capacidad de los sistemas de salud está debilitada por los recortes de austeridad en años anteriores. Fue la escasez de camas, personal y equipo médico la que hizo que se discriminara a las personas mayores y se priorizara a aquellos más jóvenes, con más posibilidades de supervivencia a la covid-19.
Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben frenar los recortes presupuestarios que han condenado a morir a tantos, e invertir en sistemas universales de salud pública y protección social.
Los países también deben invertir en servicios de asistencia y cuidados de largo plazo para personas mayores. La mitad de los ancianos del mundo carece de acceso a cuidados y asistencia de larga duración. Por el momento, los gobiernos gastan muy poco en asilos y cuidados de largo plazo; en cambio, han permitido que se desarrollen servicios privados bajo regulación mínima.
Como resultado, la mayoría de los adultos mayores tienen que pagar hasta 100 por cien de su propio bolsillo y la mayoría no puede pagar servicios de calidad, un sistema altamente desigual.
Las sociedades han fallado a las personas mayores durante la pandemia covid-19. Los países deben corregir esta negligencia y apoyar a los sobrevivientes regulando, inspeccionando e invirtiendo adecuadamente en servicios de asistencia de calidad para todas las personas mayores.
Isabel Ortiz fue directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y oficial del Banco Asiático de Desarrollo y de las Naciones Unidas.
RV: EG
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