ACNUR alerta del peligro de las minas antipersona para desplazados y refugiados en el Sahel y el lago Chad
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este martes del peligro que suponen las minas antipersona y otros artefactos explosivos para los desplazados a causa del repunte de los ataques yihadistas y los enfrentamientos intercomunitarios en el Sahel y la cuenca del lago Chad.
El portavoz del organismo, Babar Baloch, ha apuntado que “desde principios de 2020 ha habido un número creciente de incidentes fatales que involucran a poblaciones desplazadas por la fuerza” y ha pedido más acciones para hacer frente a esta “amenaza creciente” para estas comunidades.
Así, ha manifestado que la amenaza afecta igual a poblaciones de acogida, refugiados y desplazados y ha agregado que “si bien parece que los objetivos previstos de numerosos grupos armados antigubernamentales y no estatales son las fuerzas de seguridad, cada vez más civiles son asesinados y mutilados indiscriminadamente”.
Baloch ha detallado que Chad y Nigeria son los países más afectados en la región del lago Chad, con la muerte de cuatro niños refugiados de entre nueve y doce años a causa de la explosión de uno de estos artefactos el 24 de junio en un campamento de refugiados ubicado en territorio chadiano.
Asimismo, ha manifestado que alrededor de 230 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el noreste de Nigeria –la más afectada por las operaciones de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)– en incidentes de este tipo en 2019, mientras que en lo que va de año se han registrado 15 sucesos relacionados con minas antipersona y artefactos explosivos.
“Nuestros equipos en el terreno también han sido testigos de una tendencia al alza en el Sahel”, ha subrayado Baloch, que ha confirmado que al menos cinco refugiados y desplazados internos han muerto en Níger en cinco incidentes de este tipo en lo que va de año.
El primero de estos sucesos tuvo lugar el 21 de enero, cuando dos adolescentes intentaron abrir un explosivo, que estalló y causó la muerte de uno de ellos y heridas al segundo, un refugiado de Burkina Faso.
En febrero y marzo murieron cuatro personas a causa de la explosión de otros dos artefactos al paso de sus vehículos en la región de Diffa, una de las más afectadas en el país por las operaciones de grupos yihadistas.
AGRAVA LA SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS
Por otra parte, Baloch ha indicado que la población civil “representa casi la mitad de las víctimas” causadas por minas antipersona y artefactos de fabricación artesanal en Malí, con 42 civiles muertos entre enero y mayo de este año, especialmente en las regiones de Mopti, Gao y Kidal.
En este sentido, ha recordado que “el Sahel se enfrenta a una de las crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento en el mundo, donde millones han huido de ataques indiscriminados de grupos armados contra civiles, como ejecuciones sumarias, el uso generalizado de violaciones contra mujeres y ataques contra instituciones estatales, incluidas escuelas y centros de salud”.
Baloch ha recordado además que estos incidentes provocan además heridas y secuelas, incluidos los daños psicológicos, al tiempo que dificultan el acceso a los medios de vida a la población local, entre ellos los pastos, campos de cultivo y bosques para la obtención de leña. Asimismo, afectan a la entrega de ayuda humanitaria a estas poblaciones.
“Se necesitan esfuerzos urgentes para abordar los peligros y el legado de las minas terrestres y aumentar la conciencia de la terrible amenaza de las minas, los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados”, ha destacado.
“Existe una necesidad vital para que los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las partes en conflicto amplíen el trabajo de acción contra las minas, ya que los civiles pagan un alto precio”, ha añadido el portavoz de ACNUR.
De esta forma, ha explicado que estos artefactos suponen además “un peligro adicional para los refugiados y los desplazados internos que huyen de la violencia y la persecución y obstaculizan su derecho a regresar a sus hogares”.
“Vemos las minas y las municiones sin detonar como un obstáculo crítico para el retorno seguro y digno, planteando peligros letales para las personas refugiadas y desplazadas que regresan incluso años después de que el conflicto haya terminado”, ha remachado.
