Política pública impulsaría recuperación de memoria y verdad en víctimas del conflicto en Tumaco
Pese a que el conflicto armado persiste en la región, estrategias como la documentación de las vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad en el territorio entre 2019 y 2022, y la creación en 2013 de la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense, se han convertido en ejes de construcción de paz, y esta última en un espacio para la memoria de las víctimas.
Según el abogado Juan Manuel García, magíster en Políticas Públicas de la UNAL, “la memoria histórica en Colombia es institucionalizada como política e inicia en 2011 con la expedición de la Ley 1448, que en su artículo 146 crea el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Más tarde, en lo que respecta a la verdad transicional, la Comisión de la Verdad (CEV) se crea mediante en el acto legislativo 01 de 2017, y funciona entre ese año y 2022”.
El espacio temporal de su investigación inicia en 2013 y 2023; en 2013 porque ese año en que comenzó la operación indefinida del CNMH y la consolidación y funcionamiento de la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense. Además, producto del Acuerdo de Paz de 2017 comenzó el funcionamiento temporal definido de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), realizando procesos de recolección de información, documentación y relatos.
Una casa para la reconciliación
Construida e inaugurada hace 11 años, la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense es una iniciativa de la Iglesia católica cuyo objetivo es hacer memoria sobre las víctimas del conflicto armado y de los hechos victimizantes que se produjeron en la región durante el conflicto armado.
A partir del relato de los familiares de las víctimas, en este museo de reparación simbólica se genera conciencia hacia el respeto de los derechos humanos, la construcción de paz y la reconciliación.
Por su carácter privado, y por ser una iniciativa de la Diócesis de Tumaco, la Casa no cuenta con recursos del Estado para su funcionamiento, lo que la obliga a participar en convocatorias públicas para ejecutar proyectos acordes con su misionalidad, o recibir donaciones.
Una sentencia desatendida
“En septiembre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó una sentencia en la cual se exhorta a la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y al Ministerio de cultura, a financiar las actividades relacionadas con la memoria, ya que esta es indispensable para las garantías de no repetición y la reparación simbólica”, anota el magíster.
Esta decisión se dio en el marco de la investigación de las autoridades al Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia, en especial por los delitos cometidos por el exparamilitar Guillermo Gómez Alzate, comandante del Bloque Libertadores del Sur, que delinquía en esta zona de Nariño. El Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas estableció que entre 1997 y 2006, tiempo de operación del BCB, hubo un total de 31.364 víctimas en los territorios donde hizo presencia.
Además el mismo tribunal obliga al CNMH a recolectar documentos de hechos victimizantes junto con la Pastoral Social de Tumaco, para archivar futuros elementos de prueba que puedan surtir medidas que determinen la responsabilidad penal dentro del conflicto, no solo sobre tales episodios sino también sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública y los grupos armados ilegales en el territorio.
Cabe resaltar que el CNMH debe estar estrechamente vinculado con la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense, para mejorar la consolidación de la memoria histórica del territorio bajo las acciones de bases de datos compartidas en función de la política de archivo y la asistencia técnica en la recolección de insumos para la memoria con el fin de prevenir hechos lesivos a la población civil.
Además, “el trabajo más importante de este espacio es la voluntad de la comunidad y de la Diócesis de Tumaco de mantener la memoria viva, las lecciones y aprendizajes que se comparten en la comunidad son un valor social incalculable”, anota el magíster.
En ese sentido, el investigador considera que “se debe continuar con la implementación de políticas públicas, como sucedió en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile (sociedades con historias traumáticas y pasados de graves violaciones a los derechos humanos) para recordar lo ocurrido, conocerlo y resignificarlo, y mirar al futuro con la convicción de que no debe volver a ocurrir”.