Violencia sexual en el conflicto, un delito poco penalizado

Pese a que el Gobierno ha trabajado en el desarrollo de normativas y rutas de acceso para que las víctimas puedan continuar con un proceso penal, la atención de los funcionarios y el tiempo que requieren los procedimientos son aspectos a mejorar para disminuir la impunidad.

Así lo explicó María Alejandra Cruz Loaiza, estudiante de maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien tras una revisión bibliográfica identificó las condiciones sociales, culturales, económicas y jurídicas en que se hallan las mujeres colombianas agredidas sexualmente en el marco del conflicto armado.

El objetivo de su investigación fue establecer por qué las mujeres están ausentes en fiscalías, juzgados y tribunales para denunciar estos delitos y por qué abandonan los procesos en curso.

La Red Nacional de Información (RNI), de la Unidad de Víctimas en Colombia, reportó que al primero de noviembre de 2016 fueron registradas oficialmente 17.285 personas como agredidas en su libertad e integridad sexual durante el conflicto armado. Y según el último reporte de 2013 discriminado por género, 86 % de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Después del análisis, la investigadora Cruz encontró que aunque se tienen rutas de acceso para que las víctimas puedan informarse, asistir y continuar con los procesos penales, y que el Gobierno ha tenido en cuenta la labor de organizaciones no gubernamentales que tratan el tema, los esfuerzos no han sido suficientes.

Las mujeres encuentran barreras a lo largo de todo el proceso, desde la investigación hasta el procedimiento penal. En ocasiones, los funcionarios que atienden organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y el Instituto Nacional de Medicina, entre otros, no están suficientemente capacitados para atender a las víctimas de este tipo de delitos.

“No todos los funcionarios tienen la respectiva delicadeza para tratar los casos. Las mujeres se sienten desmotivadas a continuar porque deben contar reiteradamente sus vivencias, lo que hace que se revictimicen y muchas desistan de continuar el proceso”, puntualiza.

Por otra parte, por la forma en que están establecidos los trámites, es necesario que la víctima disponga de una cantidad de tiempo considerable para realizar las diligencias.

Las mujeres no tienen tiempo suficiente, porque generalmente han sido víctimas de otros delitos como el desplazamiento y muchas deben asumir el rol de cabezas activas de sus familias.

Finalmente, cuando las víctimas no continúan el proceso en las entidades correspondientes, el caso queda en impunidad.

La abogada Cruz agrega que para disminuir las barreras de acceso se debe hacer un trabajo articulado, capacitar a los funcionarios para que brinden una mejor atención y alentar a las víctimas para que no desistan. Así mismo se deben flexibilizar los tiempos para que las mujeres puedan realizar los trámites de forma oportuna.

“Si bien el tema de la violencia sexual se ha hecho visible, aún sigue siendo un tabú y muchas víctimas se siguen culpando por lo sucedido. Lo primero sería fortalecer la atención psicosocial a estas personas, para después iniciar un proceso jurídico serio que les permita obtener justicia a través de una sentencia condenatoria”, comenta.

Historial de abusos

Según una investigación adelantada en 2015 por el Centro de Memoria Histórica, durante 24 meses se registraron 96 víctimas; el 65,3 % fue perpetrado por paramilitares y desmovilizados, el 19,4 % por guerrillas, y un 11 % por militares y policías.

Vale la pena resaltar que en los casos de víctimas de violencia sexual no inmersas en el conflicto el delito es tratado como independiente y considerado como un hecho que atentó en contra de la integridad sexual.

Pero cuando se es víctima de la violencia sexual dentro del conflicto armado, por lo general el delito también está relacionado con desplazamientos, homicidios o torturas, por lo que no es el único que se contempla, por lo que no se le da un tratamiento independiente y queda sin investigar o, en otros casos, las víctimas no lo manifiestan.