Represión, educación e infraestructura: temas neurálgicos del Código de Policía

Si bien el nuevo Código de Policía actualiza las sanciones de diversas conductas que afectan la convivencia ciudadana, en algunos casos se requiere más pedagogía que represión y alternativas para no incurrir en estas faltas.

La baja credibilidad de las personas hacia la Policía también es uno de los grandes retos que enfrenta la implementación de la normativa. Por ello, la entidad tendrá hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza ya que, aunque debe actuar de manera represiva ante el delito y las infracciones, también está llamada a promover una cultura de la convivencia.

Frente a esto, Germán Darío Flórez, docente de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de U.N., explica que el problema radica en que algunos de los miembros de la fuerza pública no están suficientemente preparados para mediar con los ciudadanos.

De otra parte, para evitar acciones como orinar en vía pública, que son castigadas con una alta multa de 786.880, los ciudadanos deben contar con opciones suficientes.

Al respecto, Víctor Reyes, docente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), comenta que muchos empleos requieren que las personas estén constantemente en las calles, por lo cual se les debería garantizar lugares adecuados para estas emergencias.

En el nuevo código también se corrigen acciones como arrojar basuras a las calles o no recoger los excrementos de las mascotas, lo cual, sin duda, hace parte de las normas mínimas para garantizar una buena cultura ciudadana. No obstante –agrega el sociólogo Reyes- esto también supone que cada ciudad y municipio cuente con un óptimo sistema de recolección y disposición de basuras.

Los buenos comportamientos de la ciudadanía son necesarios para mantener la convivencia, pero estos deben ir acompañados de la infraestructura necesaria para que el espacio público sea respetado en forma efectiva.

A esto se suma que las personas también se concienticen de disponer adecuadamente del amoblamiento ciudadano, para evitar su rápido deterioro.

Riesgos de abuso

Por otra parte, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inasequibles algunos artículos del código que fueron demandados porque se consideraba que legalizaban el abuso policial.

El primero tiene que ver con las protestas y congregaciones masivas que el Código de Policía limitaba; ante esto, la Corte dijo que la Policía no puede regular este tipo de actividades, sino que estas se deben tramitar a través de una Ley Estatutaria.

Otro tema es el traslado de habitantes de la calle a centros de atención, lo cual fue prohibido, ya que se consideró discriminatorio, por lo que debería aplicarse a todos los ciudadanos.

En cuanto al desalojo de los vendedores ambulantes se mantuvo de una manera parcial, en el sentido en que la Corte estableció que estos únicamente pueden ser desalojados cuando no tengan permiso o se encuentren en zonas que no destinadas para el comercio.

Las medidas por daños ambientales, la entrada a las viviendas sin orden judicial, también fueron temas que se declararon inasequibles o se modificaron parcialmente.

Respecto a esto, el docente Flórez agrega que lo adecuado es mediar, es decir, la autoridad sí debe corregir ciertas conductas, pero sin afectar las garantías individuales.

Tras seis meses de sensibilización del nuevo Código, la Policía deberá hacer una evaluación de las conductas inadecuadas más frecuentes por parte de los ciudadanos, para saber cómo pueden prevenirse y si son necesarios nuevos programas o alternativas para disminuirlas.