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Reforma Rural Integral deja sabor agridulce en las comunidades

Aunque el conflicto armado acabó formalmente con la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc, el conflicto social permanece en la mayor parte de los sectores rurales del país, por lo cual seguirán los bloqueos de carreteras y la presión al Estado por parte de los campesinos.

Así lo manifestó Alirio García, uno de los líderes de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), en el Simposio ¿A qué sabe la RRI?, que reunió a voceros sociales, académicos y expertos juristas que hablaron sobre esta iniciativa que se pactó en los acuerdos de La Habana.

El evento, organizado por el Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, de las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá, se realizó en dos jornadas: el 18 de octubre y el 2 de noviembre.

El líder García sostuvo que las guerras en el campo no se resolverán hasta que la Política de Desarrollo Agrario Integral deje de ser una promesa: “a los campesinos nos toca seguir en pie de lucha para que el problema de la tierra se resuelva. En el Cauca, Catatumbo, Antioquia, Putumayo y Caquetá, entre otras regiones, seguimos obligados a movilizarnos para que nos cumplan”, señaló.

Para Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la U.N. e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, el campesino colombiano seguirá protestando si no ve que sus condiciones de vida mejoran. “La implementación de los acuerdos es muy lenta y con más interés en abrirle paso a formas de agricultura comercial que en favorecer al campesinado”, dijo.

Por otra parte, recordó que varios decretos no han sido consultados, por ejemplo, con los pueblos afrodescendientes.

El académico agregó que dentro de la RRI se han regulado temas como el ordenamiento del territorio, los fondos de tierras y la formalización. Pero el punto central del Acuerdo, que es focalizar la acción del Estado en facilitar el desarrollo productivo del campesinado, se encuentra mediatizado por otros intereses que priorizan la agroindustria.

Aunque aclaró que no está mal que coexistan distintos sistemas de producción, recordó que el objetivo central del Acuerdo es focalizarse en los sectores más excluidos y discriminados.

¿Primero la reforma política?

“Tengo la convicción de que el punto cuatro, referente a drogas de uso ilícito, no tendrá éxito si no se avanza en la reforma rural, en la que se garantice la presencia del Estado civil en los territorios y que el campesinado con capacidad productiva probada tenga mejores oportunidades”.

Al respecto cuestionó que la polarización política relativice muchos de estos temas: “por ejemplo el Congreso le da prioridad a la reforma política, pero no a la agraria”, señaló el profesor Romero.

Entre tanto, Carlos Duarte, antropólogo del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y coordinador de la Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, indicó que una de las mayores polémicas es si lo acordado en La Habana era solo para beneficiar a los campesinos pobres o, como está sucediendo, favorecer a los medianos y poderosos sujetos agrarios.

Gracias al papel de la academia de analizar lo acordado en La Habana, varias comunidades se sienten respaldadas en su empeño por hacer cumplir las transformaciones sociales prometidas. Así lo manifestó Sofía Garzón Valencia, lideresa del grupo Proceso de Comunidades Negras, quien aseguró que las organizaciones consideran muy importante que instituciones como la U.N. reconozcan que la construcción de la paz se logra con la incorporación de diversas visiones.

Una de las conclusiones generales del Simposio, en el que participaron académicos de diversas áreas y representantes de varios grupos sociales, es que hasta el momento la RRI “tiene un sabor agridulce”, retomando la expresión de Jhenifer Mojica Flórez, de la Comisión Colombiana de Juristas.

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