Planes de gobierno local retrasan implementación de los POT
Los planes de ordenamiento territorial (POT) afrontan retos como impulsar la función social y ecológica de las tierras y que prime el interés general sobre el particular, especialmente cuando los planes de gobierno se interponen.
En ese sentido se refirió Carlos Alberto Patiño, director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), a la Ley 388 de 1997, sobre ordenamiento territorial, cuyo principal problema es el uso político que se le está dando a los suelos en el país.
El académico considera que el tema de fondo es una reforma al sistema político, que permita que los actores que toman decisiones tengan alta legitimidad y que se pueda pensar en instrumentos de asociación regional que faciliten la toma de decisiones desde una visión conjunta de territorio, no marcada por límites territoriales, lo que propiciaría mayor equidad e inclusión social.
“Es necesario repensar los temas de vivienda más allá de las necesidades inmobiliarias en una ciudad que se expande entre municipios”, señaló el profesor Patiño.
En el caso de Bogotá, el director del IEU de la U.N. considera conveniente que su POT pueda expresar el diagnóstico del crecimiento real de la ciudad. Hoy, agrega, “no tenemos censo, no tenemos algo que nos permita establecer cómo estamos creciendo”.
Por su parte, Edna Bonilla, directora de la Especialización en Mercados y Políticas de Suelo en América Latina (EMPSAL), de la U.N., expresó su preocupación porque los cambios de gobierno están retrasando los POT por implementaciones de planes que no saben cómo está creciendo la población ni hacia dónde.
“La angustia que tiene el país son los poderes políticos y el manejo que le den a los suelos. En este caso se pone al país a revisar los avalúos catastrales, movilizar las tierras, sanear la propiedad”, agregó la directora de EMPSAL.
El manejo político que se ha hecho sobre los POT también deja descubiertos vacíos jurídicos que afectan su implementación, según lo declaró Sergio Bustamante, consultor en temas de planeación, al referirse a que la ejecución de los principios de la función social y ecológica de la propiedad estuvo mal elaborada.
El consultor censuró esas promesas políticas sobre los planes de ordenamiento que ofrecen suelos que pueden ser valorizados para proyectos como vivienda, cuando realmente pueden ser utilizados de otra forma.
Apuesta hacia la equidad
Desde su punto de vista, la profesora Bonilla contradice ese argumento calificando la Ley 388 como “maravillosa”, porque en su concepto se trata de una reglamentación hecha para potencializar los suelos con una apuesta hacia la equidad.
Yency Contreras, académica del EIU, comenta que en este momento se está modificando el 80 % de los POT en el país, y al mismo tiempo el Gobierno está desarrollando una serie de proyectos nacionales sobre el territorio en proyectos de las vías 4G, minería, hidrocarburos y vivienda gratuita, entre otros.
La profesora Contreras sostiene que si el manejo político es controlado, estos planes no tendrán que recurrir a recursos públicos y se verían invertidas las regalías por el uso adecuado del suelo.
Los planes de ordenamiento permiten tomar decisiones frente a los suelos que pueden ser valorizados para diversos proyectos, reflexionó la investigadora Edna Bonilla.
“Esto ha permitido establecer claramente las reglas sobre cuáles son actores políticos; el reto al que se enfrentan es que pensemos la planeación y la gestión del desarrollo urbano más allá de los asuntos de los límites político-administrativos y articulemos esas decisiones de ordenamiento a nivel más regional, que permitan mejorar las condiciones de vida de las áreas urbanas”, puntualizó la pedagoga.
Estas reflexiones sobre la Ley 388 se dieron en el marco del seminario internacional “Ordenamiento territorial en Colombia: alcances y retos de los planes de ordenamiento territorial”, organizado por el IEU de la U.N., con la participación de la Escuela Superior de Administración Pública y la Cámara de Comercio de Bogotá.