Perú: allanan sedes del partido de Castillo y el oficialismo denuncia acoso político

Siete inmuebles, entre ellos las sedes del partido oficialista Perú Libre (PL) de Lima y Junín y la casa del secretario general, Vladimir Cerrón, fueron allanadas hoy por fiscales y policías peruanos como parte de una investigación sobre el financiamiento de la campaña que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo, y desde la fuerza política denunciaron un nuevo ataque de “los grupos de poder y la oligarquía” del país.

“A un día de haberse dado el voto de confianza al gabinete (del premier Guido) Bellido, de nuevo existe una medida desproporcionada e irracional contra Perú Libre y sus dirigentes. (…) No es de sorprender que estas acciones en contra de Perú Libre se den en fechas cercanas a eventos políticos de transcendencia en el país”, denunció el partido oficialista en un comunicado difundido en sus redes sociales y luego llamó a movilizarse para defender a la fuerza política.

“Llamamos a nuestra militancia, simpatizantes, organizaciones amigas y pueblo en general a sumarse al categórico rechazado a esta forma de respuesta de los grupos de poder y oligarquía peruanas. Basta de atropello de los derechos y amenazas a este nuevo Gobierno y al partido que lo sostiene”, agregó.

En la misma línea, el abogado de Cerrón, Raúl Noblecilla Olaechea, presente en el allanamiento del local partidario de la capital del país, puso en duda la legitimidad de la medida judicial.

“Obedeceremos cualquier decisión que emane del Poder Judicial, del Ministerio Público. En este caso está la Policía, si me preguntan ¿de qué se trata esto? Esa pregunta también la haría. Estamos a menos de 24 horas de haberse otorgado un voto de confianza (del Congreso al Gobierno) ante una derecha y un grupo de poder que prácticamente lo ha apostado todo y hoy se asalta a un partido político”, denunció ante la prensa, según el diario La República.

El allanamiento de las propiedades fue autorizado por el juez Carlos Sánchez ante un pedido de la Fiscalía, que abrió una causa preliminar a PL por supuesto lavado de dinero, que involucra también al flamante jefe de Gabinete de Castillo, Guido Bellido.

El juez autorizó el “allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y descerraje (lo que implica la apertura forzada de cerraduras, de roperos, lockers, oficinas privadas […], cajas fuerte y cajas de seguridad de metal, madera u otros)” en los siete inmuebles, según un documento judicial citado por la agencia de noticias AFP.

Los allanamientos coincidieron con el primer mes de Castillo en el poder, un período marcado por las críticas de la oposición y los llamados de algunos de sus referentes a destituir al mandatario, aunque ayer el Congreso dominado por la oposición le dio el voto de confianza al gabinete encabezado por Bellido.

El fiscal Richard Rojas dirigió los allanamientos en tres inmuebles de Lima y cuatro en la ciudad andina de Huancayo, donde reside Cerrón, quien fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión suspendida por corrupción mientras era gobernador de esa región, Junín.

Esa sentencia le impidió, justamente, ser candidato a vicepresidente de Castillo.

La investigación preliminar del fiscal está dirigida contra Bellido y Cerrón, un médico formado en Cuba, así como contra el partido Perú Libre, en su condición de persona jurídica.

Para llegar a los allanamientos, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado el requerimiento del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

La medida apuntó a encontrar información financiera contable en los siguientes documentos: libro diario desde 2008 hasta 2021, libro mayor correspondiente al periodo 2008-2021, libro de inventario y balances desde 2008 al 2021, libro caja y bancos correspondiente al periodo 2008-2021 y registro de compra del mismo periodo, según detalló el sitio del diario La República.

El caso, que la prensa peruana llama “Los dinámicos del centro”, tiene que ver con la entrega irregular de registros de conducir en Junín, a cambio de dinero que se giró, supuestamente, a PL.

Cerrón negó siempre la acusación, que atribuye a una “persecución política” en su contra.