País de hipócritas: los dineros rusos, fútbol, el peluquero y ¿Ucrania?

¡Qué Ucrania ni que 8/4! Fue una expresión que lanzó Gustavo Petro hace como un mes cuando le preguntaron qué pensaba sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. En los debates, se lo preguntaban hasta los candidatos para generar polémica. Ingrid Betancourt se lo preguntó con indignación en un debate de la Revista Semana.

En mis cuentas de redes sociales, la mayoría de mis contactos comparte fotos de los niños ucranianos desplazados, de familias ucranianas huyendo con sus perros y gatos, de las casas incendiadas, y también comparten oraciones y plegarias para pedir que se acabe la guerra en Ucrania. ¡Pobres niños ucranianos! ¡Oremos por esas familias!

Los titulares de hoy de casi todos los medios de comunicación nacionales y de los pequeños portales de noticias son: “Rusia envía dinero para interferir en la jornada de elecciones”. Quien puso este tema en la palestra nacional fue el canal RCN. Los dineros rusos son uno de los temas principales en todos los medios en Colombia; luego viene Will Smith, el fútbol, y el preacuerdo que hizo con la fiscalía el tipo que asesinó a su madre y a su hermano que era estilista.

Y sí, ¡qué Ucrania ni qué 8/4! Ya dejen la pendejada de Rusia con ganas de invadir Colombia, y es indignante que el tema del asesinato del peluquero esté en primera plana con foto gigante.

Aquí en Colombia también hay niños desplazados, familias huyendo con sus perros, familias que escapan con unas pocas pertenencias en una bolsa negra de basura. Aquí también hay casas, páramos y bosques incendiados, todo por los mismos que desplazan y masacran.

Y no veo a ninguno de mis contactos compartiendo fotos de los niños chocoanos que huyen desplazados, ni de las familias indígenas del Cauca que salen de sus territorios con una bolsa en la mano. Ninguno de mis contactos de WhatsApp manda cadenas de oración por las familias colombianas que a diario viven lo mismo, o incluso peor, que los ucranianos.

Aquí, en esta tierra que nos vio nacer, hay miles de compatriotas viviendo ese infierno de manera mucho más cruel, porque no hay países enviando dinero para ayudarlos, ni una comunidad internacional pendiente de ellos. Irónicamente, Iván Duque anunció que va a enviar ayuda monetaria a Ucrania, mientras que las ONG que ayudan a los desplazados en Colombia no cuentan con recursos suficientes ante el incremento de la población desplazada.

Somos el país de la hipocresía y la moral relativa, donde hay muertos que duelen y otros que no importan, que no existen. Hay desplazados por los que hay que indignarse, desplazados rubios, de ojos azules, europeos. Porque los desplazados de nuestra patria —mestizos, indígenas o afros— esos no tienen relevancia, forman parte del paisaje.

Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una alerta humanitaria: en Arauca y Vichada hay en este momento graves casos de desplazamiento forzado. En Arauca, solo en marzo, hubo 3.860 casos de desplazamientos dentro del departamento debido a la violencia armada.

También hay 3.300 residentes del estado de Apure, en Venezuela, desplazados forzosamente por el conflicto armado en la frontera, que están en el departamento de Vichada; la gran mayoría son indígenas. Todos estos desplazados, tanto colombianos como extranjeros, de acuerdo al informe de HRW, se encuentran en gravísimas condiciones de vulnerabilidad, invisibilizados, desprotegidos, con niños en riesgo de desnutrición, amenazas de reclutamiento forzado y en condiciones precarias… mientras tanto, Iván Duque planea enviar dinero y recursos para ayudar a los desplazados por la guerra en Ucrania.

En declaraciones para El Espectador, Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de HRW, manifestó: “Es urgente tomar más medidas para asistir a esta población desplazada. Necesitan con urgencia alimentos, agua, asistencia humanitaria y, realmente, están en una situación donde estas medidas deben ser urgentes. Hemos hablado con familias desplazadas, algunos de ellos indígenas, que están en situaciones muy dolorosas. La atención por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales en Colombia ha sido muy pobre”.

El recrudecimiento de la violencia en Colombia es dramático y va en aumento. Para enero de este año, había 4.408 personas desplazadas de 1.358 familias en 17 eventos de desplazamiento masivo en todo el territorio nacional, de acuerdo al Boletín ‘Movilidad Humana Forzada’ de la Defensoría del Pueblo. Los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Vichada y Arauca.

En enero, 1.200 personas fueron desplazadas de sus viviendas en Arauca y 1.177 de sus territorios en Chocó. Solamente en el primer mes del año. El año pasado, 74.000 personas huyeron desplazadas del conflicto interno, un incremento del 181% respecto al 2020.

Huyeron de la guerra, de la violencia y de los grupos armados 74 mil colombianos. Pero a una parte de nuestro pueblo le duelen más los desplazados ucranianos que los 1.177 desplazados chocoanos. Para los nuestros no hay indignación efervescente en redes sociales.

Pero no solo son los desplazados; a fecha de 15 de marzo, hay 42.272 personas de 94 comunidades afrodescendientes e indígenas confinadas en Arauca, Cauca y Chocó. Colombianos que no pueden salir de sus territorios ni de sus hogares porque los grupos armados no lo permiten. De acuerdo al informe presentado en marzo por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), todas estas comunidades están a merced de estos grupos armados sin ayuda del gobierno nacional.

Colombia en lo que va del 2022 lleva 27 masacres, la última fue en Buga, Valle del Cauca. El año lleva 13 semanas y ya han ocurrido 27 masacres, lo que significa un promedio de dos masacres por semana.

También han asesinado a 45 líderes sociales. Los dos últimos fueron Fredy Pallares, de Cúcuta, Norte de Santander, quien era veedor de movilidad y denunció a varios funcionarios del tránsito metropolitano por abusos e injusticias cometidas contra la comunidad, y Alcibíades Moreno, de Muzo, Boyacá, defensor de los derechos de los mineros ancestrales. El año lleva 88 días, lo que quiere decir que, en promedio, asesinan a un líder cada dos días.

Once firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados en estos tres meses del año.

El 24 de marzo, las Águilas Negras declararon objetivo militar a una larga lista de líderes sociales del Cauca y del sur del país. También incluyeron en sus amenazas a las organizaciones que los defienden y ayudan, como INDEPAZ, ACONC y ACIN. A pesar de los pronunciamientos de diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno colombiano aún no ha tomado acciones contundentes frente a estas amenazas.

El presidente está ocupado intentando hablar con el presidente de Ucrania para servir de mediador y aliado. ¡Hay que ayudar a los desplazados europeos! ¡Ante todo, solidaridad con la comunidad internacional! No sé si esto es ridículo, absurdo o cínico; quizás las tres cosas juntas.

El pasado 23 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó el informe anual sobre la situación del conflicto armado y los derechos humanos en Colombia. Las conclusiones son aterradoras.

Advirtieron que, desde 2020, la violencia se volvió a apoderar de Colombia. Consideran la situación del país preocupante. Durante 2021, el número de desplazados internos, desaparecidos, masacres, heridos o muertos a causa de la violencia y el conflicto armado alcanzó su nivel más alto en cinco años.

En cuanto al tema de artefactos explosivos, el CICR manifestó que 2021 cerró con 486 víctimas de estos artefactos, superando el aterrador récord de 2020, que era de 392. Durante la conferencia de prensa de presentación del informe, Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, afirmó que la cifra de víctimas por artefactos explosivos es la más alta en los últimos cinco años.

También advirtió que “en 2022, el panorama podría ser aún más oscuro”, porque en los dos primeros meses del año ya se ha alcanzado una cuarta parte de las víctimas de minas antipersonales registradas en 2021.

El Comité, durante su conferencia, pidió a los presidenciales y congresistas elegidos que prioricen en sus agendas y políticas de gobierno la protección y atención de las personas víctimas de la violencia y los conflictos armados.

El CICR dio una cifra devastadora que muestra de manera aterradora la realidad de este país tricolor: “En medio siglo de conflicto armado, unas 120.000 personas han desaparecido en Colombia, casi cuatro veces el total registrado bajo las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile juntas a finales del siglo XX”.

Ese es el país que construyeron los políticos que nos han gobernado durante medio siglo. Los mismos políticos que nosotros mismos elegimos. Las cifras de la violencia en Colombia son aterradoras, pero una parte de nuestra nación finge que eso no existe; simplemente no les importa porque todas esas víctimas de esta nación violenta no son sus familiares, amigos o vecinos. Son personas de tercera categoría, que el colombiano promedio menosprecia: los invisibles, los vulnerables, comunidades indígenas, afros, campesinos y niños que no son rubios ni de ojos azules.

La gran mayoría de nuestros “ilustres” candidatos a la presidencia están más preocupados por mostrar una posición clara ante la guerra Rusia-Ucrania e indignados porque algunos candidatos dicen que eso no es importante; aquí llevamos mucho tiempo viviendo algo similar. Casi ninguno habla de esta realidad del país que expongo aquí; no la mencionan, no existe, no dicen qué diablos van a hacer frente a todo esto… Se dedican a insultar al otro, a señalar, a desprestigiar porque dijo o no dijo… Pocos de ellos muestran empatía sobre este tema; casi ninguno sabe del asunto, ni siquiera lo mencionan. Hay uno que no sabe ni dónde quedan los departamentos que hoy sufren esa violencia. Rodolfo Hernández no sabía dónde quedaba Vichada, donde hoy hay 3.000 indígenas desplazados viviendo en condiciones deplorables. Y el único que menciona todo lo que hoy aquí escribo se llama Gustavo Petro, ni siquiera Fajardo. A Ingrid Betancourt le preocupa más Ucrania y hacer una imitación de ‘ghetto’ para meter a todos los desplazados juntos.

A eso se debe la petición que el CICR hace a los candidatos: que incluyan en sus agendas este tema, esta realidad nacional que nos devora, que consume muchas regiones del país. Si ni siquiera tienen estos temas en su agenda hoy, ¿creen que los van a priorizar cuando lleguen al poder?

¿Y nuestros medios de comunicación? Bien, gracias, dándole la primera plana a trivialidades. Hoy Indepaz hizo una denuncia y solicitó acción urgente debido a que nuevamente se están presentando casos de falsos positivos. Pero esta denuncia no es titular en ningún medio nacional. Cuando entras a las webs de El Espectador y El Tiempo, encuentras como noticias relevantes grandes fotos del partido de fútbol, de Jhonier Leal y de Rusia enviando dinero. Y la grave denuncia de nuevos falsos positivos no aparece por ninguna parte.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), junto con Indepaz, denunció en su página web lo siguiente:

“El Ejército llegó a la vereda donde unos habitantes de la zona realizaban un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos. Dicha actividad era para recolectar fondos destinados a atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor Divier Hernández y su mujer (cuyos datos desconocemos), padres de dos menores de edad de 6 y 2 años. El Ejército abrió fuego contra los asistentes de la actividad comunal, asesinando a nueve personas. Dentro de los fallecidos se encuentran los señores previamente mencionados, quienes dejan huérfanos a los dos menores de edad. Además, tenían una suma aproximada de 11 millones de pesos, producto de la recolección de fondos del bazar comunal. Entre las personas asesinadas por el Ejército Nacional se encuentra la autoridad indígena y gobernador del Pueblo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, identificado con la cédula 97.448.098. Se adjunta al presente documento el acta de posesión no. 033 de 2022, mediante la cual el Cabildo Indígena Kichwa del Resguardo Bajo Remanso, del municipio de Leguízamo – Putumayo, presentó al alcalde las autoridades escogidas el 15 de enero del presente año para ejercer cargos de su pueblo. Se observa el nombre de Pablo Panduro Coquinche, identificado con la cédula 97.448.098, como gobernador. Como se observa, entre las víctimas del proceder ilícito de la Fuerza Pública, además de padres de familia, se cuenta un gobernador indígena en ejercicio”.

Aquí les dejo el enlace de la denuncia completa: https://indepaz.org.co/denuncia-y-solicitud-de-accion-urgente-de-la-opiac-por-los-homicidios-que-tuvieron-lugar-en-el-municipio-de-puerto-leguizamo-putumayo/

Esta denuncia debería ser primera plana de nuestros medios de comunicación. Debería generar indignación nacional. Pero hoy es más importante un partido de fútbol, la muerte de un estilista, Will Smith y otras trivialidades… ¡Ah! Se me olvidaban los ucranianos. Nuestros indígenas del Amazonas no son relevantes para nuestros medios nacionales.

Solo podemos comenzar a cambiar esto en las urnas. No podemos seguir siendo la nación que tiene cuatro veces el total de desaparecidos registrados bajo las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile juntas a finales del siglo XX. El país hipócrita, de moral relativa, al que no le importan las duras circunstancias de sus compatriotas vulnerables. Y tenemos que exigir a los medios que den la importancia real a los sucesos del país. Jamás va a ser más importante el acuerdo con la fiscalía del hermano del peluquero que una denuncia de nuevos falsos positivos.

Quiero finalizar esta columna con algo que escribí antes para otra publicación.

El día que eligieron a Iván Duque dije: “Van a volver las masacres, los paramilitares, el incremento del narcotráfico, la muerte, la guerra…” Se rieron de mí. Me contestaron: “Estoy segura de que eso no va a pasar”, “Nos salvamos del comunismo”.

Para mí, era evidente que todo esto iba a ocurrir. Nuestro actual gobierno es una representación de ese país paramilitar y narcotraficante, la clase política que nos gobierna desde hace tantas décadas.

Hoy, aunque las cifras son contundentes, no parece importarles. Casi todos los que conozco que eligieron a Iván Duque siguen felices con el gobierno que eligieron y orgullosos del país de muerte y horror en el que nos hemos convertido.

Las cifras son tan concluyentes y demuestran que durante el gobierno de Iván Duque han aumentado histórica y alarmantemente los asesinatos a líderes, los desplazamientos y las masacres. Pero eso no les importa a los que votaron por Duque. Es más, siguen dispuestos a elegir a más como él, para que continúen el legado de muerte y horror.

Como dijo una vez Charles Bukowski: “Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos”. Y eso le ocurre a una gran parte de los colombianos. No les importan los masacrados, las familias de los líderes asesinados ni los más de 70 mil desplazados del año pasado, porque no los conocen, no son sus amigos. Porque eso no sucede dentro de su entorno.

Hay una Colombia que es egoísta e indolente ante la tragedia ajena. Inmutable ante la muerte, la desigualdad, el hambre y la injusticia. Hay colombianos que ven normales y como parte del paisaje las masacres y los homicidios hacia las personas más vulnerables.

Siempre habrá un versículo bíblico, una teoría conspirativa o una explicación de algún youtuber o instagramer que justifique la realidad de desigualdad, injusticia, horror y muerte que vive el país. Y los utilizarán como argumento para defender las razones por las cuales eligen personas que permiten que Colombia siga este rumbo de violencia que lleva por décadas.

Dicen: “¡Vibremos alto!”, “Enviémosle luz a la situación”, “Irradiémosle energía positiva”… ¡Consigue alojamiento y comida para 2 mil desplazados imaginándote que les envías luz de amor!

Colombia vive una epidemia de indolencia, de crueldad, de falta de empatía, de ridiculez y de absoluta superficialidad. ¿Cómo nos curamos? No tengo ni idea.