Operación “Guane Fase I” contra la corrupción en Santander – primer hallazgo

Fiscalía presenta primer informe después de la jornada de junio de 2017

La Fiscalía General de la Nación asumió un compromiso con la comunidad de Santander: profundizar en las investigaciones de los casos que han puesto en peligro los recursos públicos, especialmente los destinados a la atención de la infancia y los menos favorecidos. También,  indagar sobre las causas relacionadas con afectaciones al medio ambiente y llegar hasta las últimas consecuencias en los hechos de corrupción detectados.

Es así que la Fiscalía cumple y presenta los primeros resultados de la denominada ‘Operación Guane Fase 1’, de acuerdo con las denuncias y reportes recibidos el 13 de julio de 2017, en Bucaramanga, durante una jornada extraordinaria anticorrupción del plan Bolsillos de Cristal. En esa oportunidad fueron priorizadas 17 investigaciones.

Estos son los primero resultados de la “Operación  Guane Fase 1”:

1. PAE

Hechos: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado problemas graves de corrupción, como el manejo irregular de los recursos.

En Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos ($23.844.912.000), en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

En Septiembre del mismo año se realizó una adición de seis mil setecientos millones de pesos ($6.700.000.000) y posteriormente se presentó una nueva adición por cinco mil doscientos millones de pesos ($5.200.000.000), de tal manera que el valor total del contrato ascendió a treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro millones novecientos doce mil de pesos ($35.744.912.000).

Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

Las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las siguientes irregularidades:

– Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente  definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.

– Proveedores ficticios: el análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.

En las inspecciones fueron detectadas anomalías como:

• Meta: en Acacías se formalizó un contrato por treinta millones de pesos ($30.000.000) con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
• Huila: en Tarqui contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos ($20.000.000). Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató.

En Algeciras compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.

En Suaza pagaron doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

• Tolima: en Rovira supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por sesenta millones de pesos ($60.000.000) para el suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación.

–  Presentación de personal falso en la propuesta: el pliego de condiciones exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.

– Falsedades en la contabilidad: en la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.

Este contratista —la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada— y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programara en los años 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018.

En total, el peculado por las irregularidades detectadas suma: dos mil ciento veinticinco millones quinientos ocho mil cuatrocientos ocho pesos ($2.125.508.408)

Resultados: por estos hechos, el reciente 17 de noviembre fueron capturadas las siguientes personas:

• Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental de la Gobernación.
• Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
• Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada

Situación jurídica: las audiencias de control de garantías culminaron y el juez dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados, a quienes la Fiscalía les imputó los siguientes delitos:

• Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
• Falsedad ideológica en documento público y privado.
• Peculado por apropiación a favor de terceros.

Fuente: Fiscalía General de la Nación – Boletín 22541