Nuevas leyes convierten en proscrito a quien disienta en Venezuela
Por Jorge Pastrán
WASHINGTON – En Venezuela usted ya no podrá decir en público que las sanciones económicas que aplican Estados Unidos y otros países le parecen oportunas, o ser siquiera sospechoso de considerar ilegítima a alguna de las autoridades, porque puede recibir una condena de hasta 30 años de cárcel y perder todos sus bienes.
La legislativa Asamblea Nacional, en manos del oficialismo, sancionó a finales de noviembre la “Ley orgánica (de rango superior) Simón Bolívar en contra del bloqueo imperialista y en defensa de la República”, la más reciente de un candado normativo que cierra el espacio cívico según afirman organizaciones de derechos humanos.
Los poderes del Estado venezolano respondieron así a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y a las protestas y denuncias de opositores y de gobiernos americanos y europeos, en el sentido de que en el país se cometió un gigantesco fraude en la elección presidencial del 28 de julio de este año.
El gobernante Nicolás Maduro fue proclamado por los poderes electoral y judicial como presidente reelecto para un tercer sexenio que se inicia el 10 de enero de 2025, pese a que la oposición reclama, mostrando actas de escrutinio, que fue su candidato Edmundo González quien ganó, con al menos 67 % de los votos.
“Vemos un proceso de aprendizaje autoritario, authoritarian learning. Cuando se ven los retrocesos democráticos, se ve que hay cosas que se repiten como patrones, como el cierre del espacio cívico, de organizaciones civiles, del periodismo, de partidos políticos democráticos”: Carolina Jiménez Sandoval.
En diálogo con IPS, diferentes defensores de derechos humanos coincidieron en señalar que se sigue el ejemplo de Nicaragua, donde leyes y medidas llevan a cientos de opositores a la cárcel y al exilio, se les despoja de nacionalidad y bienes, y se suprimen las voces críticas con el cierre de miles de organizaciones civiles, religiosas y educativas.
“Se ha cruzado una línea roja y tomado la vía nicaragüense. Se ha puesto por escrito, en blanco y negro, la arbitrariedad, lo que ha sido la realidad represiva del Estado venezolano, lo que no hicieron siquiera los militares déspotas del pasado”, dijo desde Caracas el abogado Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.
La ley adoptó su largo nombre como indignada respuesta a la estadounidense ley Bolívar, acrónimo en inglés de la “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano”, diseñada para bloquear la mayoría de las negociaciones de ese país desde o hacia Venezuela.
La presidenta de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (Wola), Carolina Jiménez Sandoval, observó que “mientras más nos acercamos al 10 de enero, el día en que se debe juramentar quien ganó la elección del 28 de julio, vemos cada vez más leyes dedicadas a asfixiar el espacio cívico”.
Otras leyes que siguen esas líneas son: una para castigar conductas o mensajes que se considere que incitan al odio; otra “contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”; una reforma para elegir prontamente 30 000 jueces de paz, y una ley de control de las organizaciones no gubernamentales.
Basta una sospecha
La ley Bolívar venezolana considera que las sanciones y otras medidas restrictivas contra el país “constituyen un crimen de lesa humanidad” y enumera las conductas y actuaciones que en ese sentido ponen en riesgo a la nación y a su población.
Entre ellas, promover, solicitar o respaldar medidas punitivas por parte de Estados o corporaciones extranjeras, y “el desconocimiento de los poderes públicos legítimamente instaurados en la República, de sus actos o sus autoridades”.
Quienes en algún momento hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución de medidas” que se consideren lesivas a la población o a las autoridades, no podrán postularse a cargos de elección popular por hasta 60 años.
Toda persona que “promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales” contra la población o los poderes en Venezuela será sancionada con prisión de 25 a 30 años y multas equivalentes a entre 100 000 y un millón de dólares.
En el caso de los medios de comunicación y plataformas digitales, el castigo será una fuerte multa y el cierre o la denegación de permisos para funcionar.
Resalta en la ley la creación de “un registro en el que se incorporará la identificación de las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales exista un motivo fundado para considerar que está incursa en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado”.
Ese registro se crea para “imponer medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo, dirigidas a mitigar el perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población”.
Daniels apunta a IPS que “eso significa que una simple sospecha por parte de un funcionario, de que exista un motivo fundado para considerar que se respalda una sanción, es suficiente para un congelamiento preventivo de los bienes de una persona, se le prohíba comprar, vender o actuar en un negocio que dé dinero”.
“Sin juicio previo, por la decisión de un funcionario, sin que se sepa a dónde recurrir contra la inscripción en ese registro, se despoja a la persona de medios de vida. Regresa la muerte civil”, agregó.
Otras leyes
La “ley contra el odio” -sin definir lo que se entiende por tal- desde 2018 ha encausado a manifestantes, periodistas, bomberos, activistas políticos y defensores de derechos humanos bajo la acusación de dirigir mensajes que incitan a odiar a distintas autoridades.
Este año, el Estado se dotó de una ley para castigar al fascismo y expresiones similares, un amplio arco pues considera que “son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo y la misoginia”.
También ha reformado la ley de justicia de paz para propiciar la elección popular de 30 000 jueces locales, bajo la crítica de organizaciones de derechos humanos que ven en el proceso un mecanismo de control de comunidades por parte de activistas del oficialismo y de promoción de la delación entre vecinos.
Y, mientras se aprobaba la ley Bolívar, se publicó la ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales y similares, que las oenegés han catalogado como “ley antisociedad”, pues contiene disposiciones que fácilmente anulan su capacidad de acción y su existencia misma.
La ley establece un nuevo registro con una treintena de requisitos, difíciles de cumplir para las onegés, que aun así solo podrán funcionar si las autoriza el gobierno, el cual puede suspender su funcionamiento o sancionarlas con multas por montos que en la práctica son confiscatorios.
“Creo que la aplicación de la ley Bolívar va a ser muy discrecional, y si Maduro se juramenta de nuevo el 10 de enero, el espacio cívico estará clausurado casi por completo y el liderazgo social y democrático deberá trabajar en la clandestinidad”, resumió a IPS el sociólogo Rafael Uzcátegui, director del venezolano Laboratorio de Paz, que opera en Caracas.
La vía nicaragüense
Daniels también expone que con la ley Bolívar el Gobierno “retrocede 160 años, cuando la Constitución venezolana después de la Guerra Federal (1859-1863) abolió la pena de muerte y las penas perpetuas. Un castigo que dure 60 años en la práctica es a perpetuidad, excede la esperanza de vida promedio de un adulto en Venezuela”.
Junto con ello “aunque sin llegar al extremo nicaragüense de despojar a los presuntos culpables de su nacionalidad, sí se imponen castigos que pueden convertir a las personas en zombis civiles, empujados al exilio. Como en Nicaragua”.
Para Jiménez Sandoval “hay similitudes con Nicaragua, un caso duro y consolidado. Ha cancelado la personalidad jurídica de más de 3000 organizaciones, incluyendo entidades humanitarias, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y universidades, a través de la aplicación de leyes muy estrictas”.
“En estos casos podemos decir que vemos un proceso de aprendizaje autoritario, authoritarian learning. Cuando se ven los retrocesos democráticos, se ve que hay cosas que se repiten como patrones, como el cierre del espacio cívico, de organizaciones civiles, del periodismo, de partidos políticos democráticos”, observó a IPS.
Para ello “se valen de distintas estrategias, como la cooptación de las legislaturas para hacer leyes que les permitan apresar y silenciar a quienes piensan distinto, evitar cualquier tipo de crítica, porque, al final del día, la meta última de los autoritarismos es la permanencia indefinida en el poder”, concluyó Jiménez Sandoval.
ED: EG
