Para MinSalud, terapias médicas avanzadas colapsarían sistema de salud
El costo de procedimientos como extraer sangre de un paciente con leucemia para tratarla durante dos semanas en un laboratorio de California (Estados Unidos) y luego inyectarla de nuevo al afectado, el cual asciende a los 1.200 millones de pesos (400.000 dólares), podría terminar siendo asumido por el Gobierno nacional.
Durante el foro “Innovación con enfoque de salud pública: ¿cómo lograrlo?”, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresó su preocupación con respecto a los potenciales riesgos que tendría para el sistema de salud colombiano llevar a la práctica, vía tutela, terapias médicas avanzadas.
El evento fue organizado por el Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), la Universidad de los Andes, y el South Centre.
Según explicó el ministro, aunque la Ley Estatutaria 1751 establece que no se pagarán tratamientos médicos en el exterior, la sentencia de exequibilidad de la norma presentada por el magistrado Gabriel Mendoza abrió la puerta para que se tuvieran en cuenta algunas excepciones asociadas con el riesgo de muerte del paciente y la imposibilidad de adelantar dichos tratamientos en Colombia.
Al respecto, dijo que “un oncólogo creativo que lea la prensa podría prescribir este tratamiento e interponer una tutela”. Además fue enfático en anticipar que si se llegaran a presentar estas situaciones, no habría forma de preservar el sistema de salud.
El ministro también manifestó su preocupación con respecto al hecho de que no existe certeza sobre cuánto pueden costar las innovaciones en el sector de los medicamentos, ni los recursos que se invierten en la investigación y el desarrollo de los nuevos productos farmacéuticos, puesto que las cifras oscilan entre 4.200 y 150 millones de dólares.
A juicio del jefe de la cartera de Salud, no existe transparencia en los ensayos clínicos ni certeza respecto a los resultados obtenidos, puesto que cualquier acción encaminada a que sean de público conocimiento fracasa de manera sistemática, contribuyendo a que las firmas farmacéuticas puedan presentar sus innovaciones de manera sesgada, con el agravante de que dichos estudios son personalizados e impiden cualquier tipo de análisis estadístico.
A esta problemática se debe sumar la brecha entre el valor real del producto y su precio, puesto que aunque su efectividad resulta discutible, las recientes innovaciones tienen una gran variación respecto a la de productos cuya efectividad ha sido probada en décadas anteriores, pero que ante el dilema moral de que salvan vidas terminan por ser incorporadas al sistema de salud.
De otro lado, en el marco de las complicaciones del modelo de innovación, existe otro problema asociado con la sostenibilidad de los sistemas de salud, en especial en los casos en los que hay una innovación que signifique un aporte grande en salud.
Por ejemplo, aunque para el caso de la hepatitis C hay una innovación que permitiría curar la enfermedad, se trata de un tratamiento excesivamente costoso que resultaría imposible de pagar, porque pondría en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de salud.
De igual manera, la industria farmacéutica se enfrenta a la disyuntiva de que si se quiere innovar en casos del tratamiento de cáncer en fases tempranas se requiere de estudios que pueden tardar hasta diez años, mientras que en las fases 3 y 4 tardarían meses, con el agravante de que la expectativa de vida no logrará incrementarse en forma considerable.