La CIDH condenó la destitución de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia en El Salvador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general Raúl Melara.
Los jueces destituidos el pasado sábado 1 de mayo, con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, fueron: José Armando Pineda, Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar y Marina Marenco de Torrento.
Según la CIDH, dichas destituciones se llevaron a cabo “incumpliendo las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso. La CIDH insta a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anuncia que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país”.
Tras conocerse la decisión de la primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó y se tomó las instalaciones del órgano judicial. Los magistrados electos entraron al recinto escoltados por los agentes policiales.
En este contexto, la Comisión observó “con extrema preocupación en las destituciones expeditas decretadas por la Asamblea Nacional, la ausencia de las garantías del debido proceso, así como la ausencia de causas específicas, conforme lo dispone la Constitución, elementos que constituyen un grave atentado al principio de separación e independencia de poderes y al Estado democrático de derecho”.
Así las cosas, la CIDH hizo un llamado a que se asegure “la permanencia de las personas magistradas de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República en sus cargos por el tiempo previamente definido para sus mandatos”.
Este domingo, Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Estados Americanos (OEA) ya habían criticado la destitución de los magistrados por parte de la nueva Asamblea Legislativa, cercana al presidente Nayib Bukele.
Estas decisiones se adoptaron con carácter urgente apenas unas horas después de instalarse el nuevo Congreso, controlado por el oficialismo.