Habitantes de Nuevo Usme, sin servicios públicos garantizados

A los residentes de las viviendas de este proyecto urbanístico, situado en una zona de borde urbano-rural, se les ha dificultado el acceso a servicios como educación, salud, recreación y trabajo, debido a la ubicación de las viviendas y la condición socioeconómica de las familias.

Así lo explicó Jessenia Villamil Ruiz, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien adelantó una investigación en la Ciudadela Nuevo Usme, localizada al suroriente de la ciudad y que ofrece vivienda de interés prioritario para familias en situación de pobreza y víctimas del desplazamiento forzado.

“Esta es un área de expansión urbana en la que históricamente se han asentado familias de sectores populares, y en la que el precio del suelo es económico, especialmente porque aún es zona rural”, agrega la trabajadora social. Sin embargo, su ubicación entre Usme Pueblo (la última UPZ de suelo urbano que presenta la localidad hacia el sur) y el río Tunjuelito hace que la zona esté desintegrada de la ciudad y que tenga insuficiencia de equipamientos.

Si bien las familias que viven allí cuentan con los servicios básicos de luz, agua y gas, el acceso a los servicios de transporte es deficiente. Solo hasta hace dos años, después de hacer protestas y bloqueos, los pobladores lograron que se habilitara una ruta del SITP y un alimentador de Transmilenio.

“Debían caminar desde Usme Pueblo hasta la ciudadela por caminos en mal estado e incluso peligrosos. A esto se suma que, por ser un área tan alejada, no hay oferta laboral para todas las personas que viven allá y la mayoría deben trasladarse diariamente hacia los centros urbanos”, agrega la trabajadora social.

Para analizar si las personas se encontraban en una situación de segregación, la investigadora Villamil acompañó a las mujeres de la organización Audiencia Pública Popular de Usme durante la práctica Hábitat y Trabajo Social de la U.N., asistió a reuniones con los pobladores en las que compartían sus experiencias, y visitó los apartamentos de la ciudadela.

Este proyecto urbanístico inició su construcción en 2000 y se presentó como una zona con servicios, empleo, transporte, equipamiento en salud y educación, pero solo se construyeron las viviendas.

Aunque hay familias de diferentes condiciones, la mayoría está en la pobreza, ya que allí viven víctimas del conflicto armado que se beneficiaron del programa “100.000 viviendas gratis”, del Ministerio de Vivienda. Otras familias adquirieron la vivienda por subsidio, por un ahorro programado o por un crédito, y también están los damnificados de la ola invernal de 2011, quienes residen en un edificio de apartamentos donado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Los pobladores llevan tiempo pidiéndoles a diferentes entidades del Gobierno que construyan un colegio en la ciudadela, ya que solo está el Francisco Antonio Zea, que queda en la zona rural de Usme y no da abasto con la población.

“Han puesto derechos de petición y han hablado con los funcionarios de la Secretaría de Educación, lo que ha servido para que les garanticen cupos en los colegios más cercanos, pero por la distancia es necesario que se movilicen en ruta escolar, que no todos la tienen, y pocos cuentan con subsidio de transporte”, explica.

Es evidente que se trata de una zona segregada de muchas maneras: por un lado, está ubicada en la periferia del sur de la ciudad y sus suelos son muy económicos, adquiridos por el Estado, por lo que resultó rentable para construir viviendas de este tipo. Difiere de otros proyectos de vivienda en zonas rurales hacia el norte de la ciudad como La Calera, Chía y Cajicá que, por el contrario, son muy costosos.

Además, agrega la trabajadora social Villamil, en el mismo territorio están apartados ya que no pertenecen a la ruralidad, pero tampoco cuentan con los beneficios de las áreas urbanas.

Las personas también son estigmatizadas por ser víctimas del conflicto armado y por vivir en condición de pobreza. Para avanzar en las deficiencias que se presentan es necesario crear espacios de integración en los que las personas se encuentren, interactúen y trabajen juntas para solicitar los servicios faltantes y también espacios públicos amables.

La trabajadora social Villamil concluye que a partir de las políticas públicas y los planes de ordenamiento territorial se deben garantizar los servicios y la intervención a diferentes escalas, para permitir el encuentro entre los diversos grupos y evitar los imaginarios y estigmas territoriales entre los habitantes.