Gobernantes de América Latina se abrazan a la dureza carcelaria
Por: Humberto Márquez
CARACAS – Invocar la lucha contra terroristas y tratar de recluir en nuevas cárceles de máxima seguridad a quienes pueda acusar por ese delito, aparecen de modo creciente en la caja de herramientas de los gobernantes latinoamericanos, que quieren exhibir mano dura contra criminales y oponentes.
Renata Segura, responsable del programa regional del centro de análisis international Crisis Group, con su sede central en Bruselas, escribió en su cuenta de la red X que “la fascinación de los presidentes latinoamericanos con las cárceles de máxima seguridad se riega cómo pólvora”.
Una atracción que se da entre presidentes de opuestos signos políticos, aunque en su mayoría sí estén unidos por el neopopulismo de sus políticas y actuaciones.
El caso más reciente es el de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, cuya proclamada reelección en los comicios del 28 de julio generó un estallido de protestas en las calles, ordenó acondicionar dos prisiones como cárceles de máxima seguridad para recluir allí a unos 2000 manifestantes detenidos y acusados del delito de terrorismo.
“La fascinación de los presidentes latinoamericanos con las cárceles de máxima seguridad se riega cómo pólvora”: Renata Segura.
Del mismo delito acusó el mandatario argentino Javier Milei a opositores que manifestaron recientemente en su contra en Buenos Aires, en tanto el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó construir una cárcel de máxima seguridad y habilitar un barco-prisión para delincuentes señalados como terroristas.
El gran referente regional es el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, quien bajo un estado de excepción que dura más de dos años ha dirigido la detención de 80 000 personas, en su mayoría acusados de terrorismo al ser integrantes de grandes bandas de delincuentes o “maras”.
El gobierno de Bukele construyó una megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40 000 detenidos, sometidos a condiciones de juicio y reclusión violatorias de los derechos humanos, según concuerdan las organizaciones humanitarias internacionales que observan ese proceso.
Segura dijo a IPS desde Nueva York que “los recientes anuncios de construcción de cárceles de máxima seguridad están muy probablemente inspirados en las medidas tomadas por el presidente Bukele, quien ha tenido bastante éxito en reducir la inseguridad”.
Reconoció que el gobernante salvadoreño “tiene altos niveles de popularidad, a pesar de las masivas violaciones a los derechos humanos en ese país”.
En efecto “terminó poniendo a dos por ciento de la población adulta de El Salvador tras las rejas, en su mayoría sin debido proceso, y con violaciones graves de los derechos humanos”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
Bajo ese estado de excepción “ya van al menos 261 muertos, y hay que recordar que toda persona bajo custodia del Estado es responsabilidad de ese Estado”, subrayó Sandoval en declaraciones a IPS desde Washington.
Moda nueva, receta vieja
El 21 de junio Noboa inició la construcción de una prisión de máxima seguridad en un terreno de 16 hectáreas en la provincia de Santa Elena, en la costa del Pacífico de Ecuador, un país de 18 millones de habitantes con 36 cárceles. Su costo previsto es de 52 millones de dólares y podrá recluir hasta 800 internos.
“Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha contra el terrorismo y las mafias que secuestraron el impulso de nuestro país durante décadas”, dijo entonces el mandatario, quien el año próximo buscará su reelección.
En Venezuela, mientras caían prisioneros por centenares los jóvenes manifestantes contra la proclamación como ganador de Maduro, en los días finales de julio, el mandatario ordenó remodelar dos prisiones en el centro del país, Tocorón y Tocuyito, como “cárceles de máxima seguridad” para recluir a los nuevos cautivos.
Nada de quedarse atrás, Milei anunció su intención de vender cárceles en valiosos terrenos de centros urbanos en Argentina, para con ese dinero construir penales de máxima seguridad lejos de las ciudades, y en junio envió a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a conocer la experiencia salvadoreña.
“Este es el camino. Duros contra los criminales”, dijo la ministra tras la visita.
Cárceles de máxima seguridad han existido y continúan existiendo en la región, como el mexicano Centro Federal de Readaptación “El Altiplano”, en el central estado de México, donde está recluido un grupo de antiguos líderes de carteles de narcotraficantes y algunos asesinos seriales.
Colombia tiene sus prisiones más seguras en Cómbita (centro) y Valledupar (norte), así como pabellones de máxima seguridad en la bogotana cárcel de La Picota, en las que ha recluido durante años a guerrilleros, a sentenciados o acusados por terrorismo, y a responsables de los carteles narcotraficantes.
Brasil, de 8,5 millones de kilómetros cuadrados y 205 millones de habitantes, tiene cinco cárceles de máxima seguridad, en cuatro de sus 26 estados y en el Distrito Federal. De la de Mossoró, en el nordeste, escaparon dos presos el pasado febrero, su primera fuga desde el año 2006.
Cárceles que se hicieron trágicamente célebres fueron las de la Lurigancho, en Lima, y la de la isla El Frontón, en el Pacífico frente a esa capital, por la masacre de centenares de presos de la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso, a raíz de un motín en junio de 1986, en el contexto de la lucha antiterrorista en Perú.
Eran de máxima seguridad y fueron cerradas a raíz de esa historia, pero Perú mantiene el penal de Challapalca, en un desolado paraje del sur del país, a 4600 metros sobre el nivel del mar, la prisión a mayor altura en el mundo, donde confina a decenas de presos que considera de alta peligrosidad.
Al comentar el caso de El Salvador, Jiménez Sandoval observó “¿Tiene niveles más bajos de homicidios? Es cierto. ¿La gente se siente más segura? Es cierto”.
“Pero también es cierto que esos modelos punitivos basados en detenciones masivas y en violaciones de derechos humanos tienden a tener efectos inmediatos, pero es muy difícil que en el mediano y en el largo plazo sirvan o continúen”, agregó.
En primer lugar “porque no puedes poner a todo el mundo tras las rejas”, pero también “porque muchos de los factores que inciden y que son causa de inclusión de jóvenes en la violencia permanecen, como son la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades educacionales, laborales y planes de vida”, expuso Jiménez.
Regando el miedo
Ahora, la opción de cárceles de máxima seguridad alcanza a la lucha meramente política, más allá del combate al terrorismo, como amenaza a los opositores o manifestantes que pueden ser acusados de ese delito, y también como exhibición de fuerza y decisión para sostenerse en el poder.
“Cuando gobernantes en países que también enfrentan altas tasas de inseguridad por crimen organizado, pandillas u otro tipo de fenómenos, anuncian estas medidas, sin duda están haciendo gestos que indican que ellos también adoptan una estrategia de mano dura contra el crimen”, dijo Segura.
En el caso de Venezuela “donde hay un incremento en la represión de la oposición después de las elecciones, creo que la intención es otra: mandar el mensaje a aquellos que están considerando unirse a las protestas de que serán detenidos y encarcelados como si fuesen criminales de alto peligro”, agregó.
El gobierno venezolano “hace un esfuerzo muy intenso para generalizar que todo aquel que proteste o disienta de los resultados electorales oficialmente anunciados es un terrorista”, dijo a IPS el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos desde hace 15 años, y en particular de los presos.
“Hay una deliberada banalización del terrorismo desde el poder, y una incorrección técnica, porque los manifestantes detenidos no calzan con las definiciones de agentes, vínculos o actos terroristas internacionalmente aceptadas”, dijo Himiob.
Indicó que muchos de los detenidos ni siquiera manifestaban, solo eran transeúntes, y entre los 1500 arrestados en las semanas que siguieron a la elección del 28 de julio hay por lo menos 114 adolescentes, lo que deslegitima los cargos de terrorismo.
Hubo “hechos doblemente graves”, como que la Fiscalía anunció que a las personas por detener se les categorizaría como terroristas, “un catálogo prefabricado que invierte el Derecho, el cual pauta que primero se individualizan los hechos y después a las personas, y no al revés”, continuó Himiob.
En definitiva, señaló, “se actúa con lo que se conoce como derecho penal del enemigo, utilizándolo no para hacer justicia sino para capitalizar el poder”.
Y, así, gobernar con el impulso de los resortes del miedo.
ED: EG
