El secretario general de la ONU pide justicia para las víctimas de la desaparición forzada y sus familias

El grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas documenta 45.811 casos de desaparición en 92 Estados

MADRID, 30 Ago. 2020 (Europa Press) –

El Secretario General de la ONU, António Guterres, instó este domingo a todos los Estados del mundo que redoblen sus esfuerzos para prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas de este crimen y aumentar la asistencia prestada tanto a estas personas como a sus familiares, con un objetivo final: hacer justicia para los allegados y para los supervivientes.

Con motivo de este domingo, Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, Guterres ha recordado que estos crímenes representan un tipo de violación a los derechos humanos muy extendida alrededor del planeta.

“Presenciamos nuevos casos casi a diario, entre ellos la desaparición de defensores del medio ambiente, que con frecuencia pertenecen a pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el dolor atroz de los casos antiguos no remite, ya que sigue sin conocerse el sino de miles de desaparecidos, con lo que el crimen está constantemente presente en la vida de sus allegados”, ha afirmado.

Las desapariciones forzadas surgen cuando personas que actúan en nombre del Gobierno arrestan, detienen o secuestran a personas y luego se niegan a reconocer el acto, ocultan el paradero o lo que les sucedió.

El derecho Internacional prohíbe las desapariciones forzadas, que violan los derechos fundamentales a la libertad y la seguridad y a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según el grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en 2019 tenían abiertos 45.811 casos de desaparición en 92 estados. Irak, México, Sri Lanka, Argelia, Argentina, Guatemala o Perú son algunos de los países que cuentan con más casos registrados. A lo largo y ancho del mundo, personas de todas las edades y condiciones siguen desaparecidas y continúan desapareciendo a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad o de grupos armados.

LAS FAMILIAS DEBEN CONOCER LA VERDAD

A la vez, Guterres ha destacado que, bajo la excusa de la seguridad y de lucha antiterrorista, se producen otras preocupantes tendencias como las represalias contra los familiares de las víctimas y de los miembros de la sociedad civil, sucesos identificados por el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.

“La impunidad agrava el sufrimiento y la angustia. En virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos, las familias y las sociedades tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Hago un llamamiento a los Estados Miembros a asumir esta responsabilidad”, ha destacado.

Guterres ha afirmado que, amparados por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de multiplicar sus esfuerzos por prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas y aumentar la asistencia prestada a éstas y a sus familiares. A su vez, ha señalado la importancia de que se lleven a cabo investigaciones judiciales creíbles e imparciales.

Por último, ha instado a todos los Estados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a aceptar la competencia del Comité para examinar denuncias individuales. “Se trata de un primer paso crucial hacia la eliminación de este crimen atroz”, remarcó el secretario general.

PESE A LA PANDEMIA, LOS PAÍSES HAN DE BUSCAR A LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos han indicado este domingo que los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, incluso durante la pandemia por COVID-19.

“Los Estados de todo el planeta aún deben actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora”, han afirmado.

Asimismo, han manifestado que la búsqueda y la investigación de estas personas “son obligaciones continuas” y que han de realizarse “tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias”.

Los expertos han indicado que la alarma sanitaria ha creado una serie de “nuevos y preocupantes” contextos como cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares o la suspensión de visitas con la consiguiente ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales.

“Se debe garantizar el contacto continuo a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud”, han afirmado.

Finalmente, los expertos han ratificado su apoyo y solidaridad con las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares y, al igual que el secretario general, han renovado su llamamiento a todos los Estados que todavía no lo han hecho a demostrar su compromiso en contra de este flagelo y ratifiquen expeditamente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.