El Gobierno español aprueba el primer proyecto estatal de la vivienda con un control de precios
El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó hoy el anteproyecto de la primera ley estatal de vivienda, que regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías, y tendrá un trámite de urgencia para que llegue “cuanto antes” al Congreso para su tramitación parlamentaria, indicó en conferencia de prensa la ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La norma, que busca solucionar los déficits en el área, pretende “configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar” y es impulsada ante la conciencia de que la vivienda es algo “indispensable para el proyecto vital de cualquier persona”, agregó Sánchez, citada por la agencia de noticias DPA.
La ministra dijo que el trámite urgente busca que la iniciativa entre en vigor en el segundo semestre de 2022, como figura en el Plan de Recuperación nacional.
La normativa dará “seguridad jurídica” tanto a inquilinos como a propietarios porque dejará de considerar la vivienda “como un bien de mercado” para pasar a “consagrarlo como un derecho”, dijo la ministra Sánchez, que rechazó que la misma vaya a suponer una retirada de fondos internacionales en el sector, dado que la ley aporta “seguridad jurídica” tanto a propietarios como a arrendatarios.
La norma llega en momentos en que la vivienda social no pasa por su mejor momento en España, donde el parque público de vivienda registra la cifra más baja de las últimas cuatro décadas, apenas un 1,6 % del total, lo que lo sitúa a la cola de la Unión Europea (UE), donde países como Francia, Austria o Dinamarca superan el 15%.
La ley introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará “beneficios fiscales o de cualquier otra índole” a los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar las viviendas vacías, el anteproyecto establece recargos del 150% al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
La ministra insistió en que el anteproyecto de la Ley de Vivienda “permite conciliar los intereses de los inquilinos pero también de los propietarios”.
La coalición de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos consensuaron a principios de octubre el proyecto, tras arduas negociaciones en las que cada parte cedió y concedió: los socialistas aceptaron regular los montos de los alquileres, algo a lo que en principio se oponían, y a cambio, sus socios darán su apoyo en el Congreso a la ley de Presupuestos 2022 que prevé el mayor gasto social en la historia.
El Gobierno busca ampliar el parque de vivienda público, que en la actualidad se limita a unas 290.000 viviendas, con una cobertura del 1,6% de personas, frente al 10% de los países del entorno.
El presidente de Gobierno Sánchez dijo que se trata de “una ley garantista y que protege al arrendatario y también al propietario, protege el derecho a la propiedad y en ningún caso supone una invasión de las competencias de las comunidades autónomas”.
Otra brecha que separa a España de los socios europeos se vincula al gasto público por persona que se dedica en protección social a través de la vivienda.
En la última década de los que hay datos disponibles (2007-2017), la inversión en vivienda social por habitante en España superó ligeramente los 35 euros, muy lejos de la media europea, que se situó en 148 euros.
La inversión de otros países comunitarios como Alemania, Reino Unido, Irlanda o Luxemburgo multiplicó por seis a la española. En el caso británico, que entonces seguía perteneciendo a la UE, marcó cifras récord de hasta 439 euros.