El Gobierno demanda a Morales por delitos contra la salud pública por la marcha en El Alto pese al coronavirus
El Gobierno de Bolivia ha presentado este miércoles una demanda contra el expresidente Evo Morales y otros miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) por delitos contra la salud por una marcha opositora que tuvo lugar el martes en la ciudad de El Alto, en medio de la pandemia de coronavirus.
El ministro de Presidencia boliviano, Yerko Núñez, ha señalado que entre los denunciados están la jefa de la bancada del MAS en el Parlamento, Betty Yañíquez; el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; y otras personas afines al partido de Morales.
Así, ha señalado que ha interpuesto la demanda contra las citadas personas y otros “cómplices, coautores y encubridores” por “delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado”.
Núñez ha destacado que el país atraviesa una “escalada de violencia armada” impulsada por Morales, tras los incidentes registrados en la protesta en El Alto, según ha informado la agencia estatal boliviana de noticias, ABI. “No vamos a permitir que estos hechos queden impunes por personas que cometen estos actos”, ha remachado.
La movilización fue convocada por la COB en rechazo a la decisión de aplazar las elecciones hasta el 18 de octubre y para reclamar que la votación se celebre el 6 de septiembre, tal y como estaba previsto en un inicio. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) citó el coronavirus como motivo para su decisión.
Morales ha defendido a través de su cuenta en la red social Twitter que “el pueblo se ha movilizado en Bolivia por la vida y la democracia”. “Por la vida: contra tres genocidios, masacre con armas, muertes por hambre y por coronavirus; y por la democracia: exigiendo elecciones ya, contra la persecución política y contra el Estado de no derecho”, ha sostenido.
Posteriormente, ha argüido que “si el gobierno de facto hubiese conseguido un respirador por cada juicio presentado en contra de dirigentes sociales y políticos, seguro que se habría podido afrontar mejor la pandemia”. “Criminalizando la protesta social no se resuelven los problemas”, ha añadido.
CRISIS POLÍTICA
La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre de 2019. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar “irregularidades”.
Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso –controlado por el MAS– señaló el 6 de septiembre, algo aceptado por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que insistía en aplazar aún más los comicios.
Tanto el TSE como el Gobierno de Áñez temen que la votación coincida con el “pico” de la pandemia en Bolivia, que se espera en los próximos meses, si bien el MAS denuncia una táctica del nuevo oficialismo para impedir que su candidato, Luis Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.
El Ministerio de Salud de Bolivia ha confirmado este mismo miércoles 1.146 nuevos casos de coronavirus y 73 fallecidos durante el último día, con lo que los totales ascienden a 72.327 y 2.720, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.