Comités cívicos se suman a paro opositor del lunes 8 en Bolivia
Los comités cívicos regionales de Bolivia, que tuvieron una participación central en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, se sumaron hoy a la convocatoria a un paro indefinido a partir del lunes próximo contra el Gobierno de Luis Arce, al cumplirse un año de su gestión, y contra del plan quinquenal que, afirman, reforzaría el predominio estatal en la economía, algo que las autoridades rechazan.
“Respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general”, anunciaron los comités, que agrupan a organizaciones de la sociedad civil y se consideran un “Gobierno moral”, en un comunicado que difundió la agencia de noticias Sputnik.
El documento fue firmado por los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos del país, liderados por el de Santa Cruz (CCSC), Rómulo Calvo, un opositor radical al Gobierno y conocido por sus declaraciones racistas.
Como contraparte, los sindicatos y las organizaciones campesinas e indígenas, lideradas por la Central Obrera (COB), se declararon en “estado de emergencia” ante el paro, al que denunciaron como un nuevo intento de golpe de Estado.
“Tenemos la obligación de advertir a los desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generarse muerte y dolor en el pueblo, no queremos más racismo y discriminación”, señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones aliadas del Gobierno.
El paro que comenzará el lunes fue impulsado por una de las confederaciones de “gremiales”, como se denominan vendedores ambulantes, microempresarios y otros sectores de la amplia economía informal.
La medida busca bloquear una estrategia de lucha contra el lavado de dinero, pretende también ser un respaldo a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y sumó a sus objetivos el de impedir la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo Económico (PDES) 2021-25 que ya tiene media sanción del Parlamento, en el que ambas cámaras son dominadas por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
El paro fue públicamente respaldado por el gobernador y exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el alcalde de La Paz, Iván Arias, ambos aliados de Áñez.
“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz demanda al presidente Luis Arce que, en aras del respeto a la Constitución y a la convivencia ciudadana, y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad boliviana, esta ley no sea promulgada”, expresó el alcalde Arias en un comunicado.
Asimismo, denunció que la ley restringe las autonomías de los gobiernos al obligar a las administraciones regionales y municipales a coordinar sus estrategias y presupuestos con el plan nacional.
Por su parte, el Gobierno aseguró que el PDES, que contará con un presupuesto de 33.197 millones de dólares, respeta las autonomías regionales y es clave para lograr un crecimiento promedio anual de 5,1% del PBI en el quinquenio, incluyendo metas ambiciosas de industrialización, sustitución de importaciones y reducción de la pobreza.
“Se está definiendo el norte para proceder a la reconstrucción económica y social en el país”, afirmó la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, y destacó la reactivación productiva como el primer eje del plan, que combina la propuesta electoral del MAS con demandas recogidas en una serie de cumbres regionales.
En esta línea, Mendoza negó que el plan restrinja atribuciones de los gobiernos regionales y municipales y aseguró que se encuentra dentro del marco de la Constitución.
El plan prevé una reducción del índice de pobreza moderada del 39% al 19%, y de pobreza extrema del 13,7% al 5,3%, añadió.
Otro de los puntos que el movimiento cívico incluyó en sus demandas fue la obligación de que el parlamento apruebe leyes y otras resoluciones por dos tercios de votos y no por simple mayoría, lo que anularía el actual predominio que el MAS tiene en ambas cámaras.
Una protesta similar forzó al Gobierno de Arce, hace un mes, a retirar del parlamento un proyecto de ley que daría más atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras, denunciada por “gremiales” y la oposición conservadora como una medida “totalitaria” que violaría secretos personales.
El mismo comité cívico de Santa Cruz, poderosa organización política-empresarial que hoy lideró el anuncio de respaldo a la manifestación, también fue el que llamó a la marcha en octubre pasado para exigir la liberación de Áñez y el fin de la “persecución política” de funcionarios de ese gobierno de facto.
Del otro lado, en una conferencia de prensa conjunta de líderes sociales y el vicepresidente David Choquehuanca, presidente en funciones por la ausencia de Arce, las organizaciones pro-oficialistas avisaron que “el pueblo boliviano, el bloque social popular, va a defender la democracia, defender la Constitución Política del Estado y al Gobierno legítimo y constitucional”.
“Si vamos a tener que salir a las calles y carreteras para defender la estabilidad política y económica del país, lo vamos a hacer. Por eso estamos reunidos: para darle respaldo a nuestro Gobierno”, dijo el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, según la agencia Sputnik.