Políticas agrarias del Acuerdo no atienden expectativas campesinas

Vida digna, seguridad alimentaria y participación del campesinado en su formulación, son algunos de los aspectos en los que se evidenció el desencuentro entre los propósitos estatales del primer punto del Acuerdo de Paz y las necesidades de desarrollo de comunidades como la de Mercaderes (Cauca).

El grupo de investigación del Laboratorio Espacio, Economía y Poder, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), liderado por el profesor William Chavarro, trabaja desde 2016 con la población campesina de este municipio del sur del Cauca con la intención de identificar si existe concordancia entre lo que se plantea en el punto de Reforma Rural Integral y su propia idea de desarrollo.

El grupo, conformado por estudiantes de pregrado y maestría de diferentes facultades de la U.N., realizó un rastreo de documentos oficiales –como los acuerdos de paz firmados con las FARC, la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, del Departamento Nacional de Planeación y los decretos 893 y 902– relacionados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Estos se contrastaron con los documentos del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), organización conformada por los campesinos del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca (TCAM), y los de la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), dividiéndolos en temas como uso de la naturaleza, territorialidad e institución; las relaciones de poder y la integración productiva de los campesinos.

“La idea era ver cómo se tejían esas relaciones en cuanto a educación, participación y asistencia técnica, en torno a lo que ellos querían y lo que el Acuerdo les estaba ofreciendo”, explica la antropóloga Laura Sánchez, de la U.N., quien formó parte de la investigación.

Al respecto señala que de este proceso resultaron cuatro capítulos en los que se condensa la información obtenida en matrices y cartografías, por medio de la cual se analizan los puntos en los que los postulados de los campesinos y del Estado se acercan y se alejan.

Soberanía y ambiente

El análisis consideró puntos que se referían a temas similares en ambas partes, como garantizar una vida digna, el acceso a la alimentación, la soberanía en el territorio, el bienestar de las mujeres y un aumento en los ingresos.

“Encontramos diferencias en la forma como se accedía a esos propósitos. Por ejemplo en lo que se refiere a tener una vida digna, encontramos que para el Estado significa cosas como aumentar los ingresos y acceder a educación pública, salud o servicios de agua, mientras que para el campesinado empieza y termina por la soberanía del territorio, algo que no estaba tan fuertemente visibilizado en los documentos programáticos”, explica la investigadora Sánchez.

El profesor Chavarro también señala distanciamientos en la manera como se concibe la naturaleza y las estrategias de conservación desde ambas partes.

“En particular me llamó la atención que desde la oficialidad se intenta hacer una distinción tajante entre conservación con población o sin población, algo que los campesinos logran armonizar”, asegura el docente, quien también resalta distanciamientos en temas de territorialidad y autonomía regional.

La información proveniente de los documentos se complementó con un trabajo de campo realizado con la población del casco urbano de Mercaderes, en el corregimiento de San Joaquín, y de las veredas Los Llanos y Arboleda, en donde se desarrollaron talleres de cartografía social para imaginar el territorio que ellos ven como ideal a futuro.

Minería, a consulta popular

Otro síntoma de estos desencuentros entre los propósitos del Estado y los de las comunidades campesinas que habitan en TCAM, del que forman parte los municipios de Mercaderes y San Lorenzo (Nariño), es precisamente la consulta minera que se llevará a cabo en esta zona el próximo 25 de noviembre.

A pesar de que la Registraduría les negó el respaldo y los recursos necesarios para adelantar este proceso de participación ciudadana, ambas poblaciones decidieron autogestionar y autofinanciar esta jornada para manifestarse a favor o en contra de la minería en su territorio.