Psicología jurídica le ahorra costos al Gobierno
Los espacios de resolución de conflictos en el país abarcan cerca del 45 % del territorio, con lo cual el sistema judicial del Estado ha ahorrado 1,42 billones de pesos en los últimos 12 años.
Según el Gobierno nacional, por medio de la conciliación se resuelven en Colombia en menos de una semana tres de cada diez conflictos, y en menos de un mes, cuatro de cada diez.
Esos procesos son liderados por psicólogos jurídicos, quienes miden y estudian qué comportamientos pueden ser remitidos a instancias judiciales para su tratamiento legal.
Según Ramón Arce, profesor e investigador de psicología jurídica de la Universidad de Compostela, estas acciones buscan comprender cómo se han comportado tanto los grupos al margen de la ley como el Gobierno.
En un contexto en el que se busca escuchar a las víctimas del conflicto interno entre el Gobierno y las guerrillas, Colombia se destaca en esta clase de mecanismos.
El experto asegura que el país cuenta con varias psicologías jurídicas: forense, fuerzas armadas y policivas, penitenciaria, prevención de la delincuencia, de familia y menores, género, y juvenil. “Esto genera un gran avance, porque gracias a los investigadores se puede saber qué comportamiento tiene un asesino, y así determinar si es un peligro para la sociedad, o detectar otros casos de violencia”.
De igual manera, el catedrático explica que lo mismo sucede en temas de violencia intrafamiliar. En esos casos, la psicología jurídica propone entrar en conversación con las partes, con el fin de socorrer a las víctimas que no tengan prueba judicial, situación en la que se puede generar desamparo judicial y mayor confianza en el agresor para que siga abusando.
“Al escuchar a las personas que sufren ese tipo de violencia, se genera un proceso de reconciliación y entendimiento del perfil del agresor, para que así la denuncia, que no sirve inmediatamente, sea avalada por los jueces”, añade el investigador.
Mientras, en el panorama penitenciario de América Latina, el modelo no ha tenido avances porque requiere más tiempo para el tratamiento penal de los individuos. “No se trata de que vayan a prisión, eso es lo de menos, allá van los que cometieron delitos de sangre y que cumplen la condena”, subraya.
Mayor campo de acción
Para el experto en psicología jurídica, estos mecanismos de conciliación seguirán en aumento a medida que se generen otras leyes que los impulsen, como las que tiene Colombia para la paz.
Un ejemplo que sobresale es el modelo de la Comisión de la Verdad, debido a que “es un proceso que busca generar reconciliación, aunque debería tener componentes jurídicos porque habrán cosas que no se podrán judicializar sabiendo que son judiciales”.
En una región que está implementando la psicología para el tratamiento de todos los sectores en conflicto, Colombia es considerada como un referente, al que le sigue Perú, Ecuador y Bolivia.
“La experiencia colombiana presenta más avances por su formación profesional y la práctica en resolución de conflictos”, afirma el experto.
Gracias a estos procesos, la administración pública es considerada como la mayor usuaria de psicología jurídica, porque de ella dependen acciones y políticas para generar leyes que buscan entender los comportamientos ciudadanos, lo cual propiciará la prosperidad económica y de salud social.
El profesor fue invitado al “III Congreso nacional de psicología jurídica y III Encuentro internacional de atención psicosocial en escenarios de posacuerdo” que se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia del 9 al 11 de noviembre.