Apego al territorio le gana al miedo en Alto Sinú

Con procesos de movilización social para exigir respeto por la vida y garantía de derechos fundamentales –como salud y educación–, además de una asociación que congrega más de 60 veredas, los pobladores de esta región luchan para que el miedo no los vuelva a expulsar de su territorio.

En los años noventa, la confrontación armada entre los paramilitares y las Farc generó tanto miedo entre los habitantes del municipio de Tierralta (Córdoba) –que forma parte de la provincia del Alto Sinú–, que miles de familias abandonaron la zona hasta dejarla prácticamente deshabitada.

Después del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la confrontación se fue reduciendo, y en 2005 quienes habían huido de la muerte empezaron a retornar, se sobrepusieron al temor y hoy continúan luchando por preservar su territorio.

El proceso de retorno fue observado por la investigadora Jeimy Alejandra Arias, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien profundizó en el papel de las emociones en las dinámicas de acción colectiva de las comunidades campesinas que deciden volver a sus hogares aun en contextos de conflicto y riesgo por la presencia de actores armados. En la actualidad se sabe que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han empezado a expandirse a las zonas rurales.

Según explica la investigadora Arias, quien trabajó con alrededor de 50 habitantes de las veredas La Gloria y El Diamante, de Tierralta, la gente regresó porque ese es el lugar que sienten como suyo, lo cual explica el vínculo emocional que las personas establecen con el territorio.

Para profundizar en el proceso, indagó acerca de sus historias de vida, la toma de decisiones, su participación en los procesos políticos, el rol que desempeñaban en la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) y las juntas de acción comunal sobre las motivaciones para permanecer en este lugar.

Huir o resistir

Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 1988 fueron expulsadas 1.725 personas de Tierralta, y a mediados de la década siguiente la tendencia de desplazamiento aumentaría: en 1996 se registraron 7.236 desterrados, cifra que se duplicaría entre 1999 y 2000, cuando la suma alcanzó las 14.123 y 12.598 personas respectivamente. Más de 26.000 desplazados en dos años evidencia el miedo que provocó la violencia.

La magíster Arias menciona que “cuando se les pidió a los campesinos que han vivido toda su vida en el Alto Sinú que dieran sus testimonios, remitieron siempre a lo que pasaba en Tierralta en esos años. Uno de ellos, Samuel, relataba que un día entraban los paramilitares y mataban a una o dos personas y le decían a la gente que siguiera trabajando. Después llegaba la guerrilla y ocurría lo mismo. Poco a poco la gente se fue yendo de la región”.

Al respecto, el profesor Francesco Bogliacino, de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N., afirma que “tener que acordarse de eventos de violencia tiene una reducción significativa del desempeño cognitivo. La mente se ocupa en otras cosas y las personas no pueden llevar a cabo sus actividades de forma correcta”. Junto con Gianluca Grimalda, del Instituto para el Estudio de la Economía Mundial (IFW) de Kiel (Alemania), demostraron que la exposición a la violencia afecta las capacidades cognitivas.

En su estudio participaron alrededor de 200 personas desplazadas de los Montes de María (región entre los departamentos de Sucre y Bolívar) que experimentaron la guerra hace 10 o 20 años y que se vieron obligadas a migrar por las amenazas provenientes de grupos armados al margen de la ley. Ellas tuvieron que hacer pruebas orientadas a medir dos capacidades cognitivas que se usan para tomar decisiones: la memoria de corto plazo y el control cognitivo.

Para medir el nivel del desempeño se hicieron dos grupos: quienes habían tenido alta exposición a la violencia, y para quienes había sido relativamente baja. Algunos debían recordar una experiencia de miedo o ansiedad, y otros mencionar un evento neutral o de felicidad.

El grupo expuesto a altos niveles de violencia tenía un desempeño del 60 %, mientras que en los otros grupos este porcentaje era de alrededor del 66 %.

La lucha por los derechos humanos

En 2006 las Farc perpetraron un tiroteo en la Estación de Policía de Tierralta, a la que el Ejército respondió con un bombardeo que afectó a la comunidad. Esto motivó la intervención de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que realizó talleres de derecho internacional humanitario con los pobladores.

El acompañamiento internacional y la relación con otras organizaciones sociales, campesinas, comunitarias y estudiantiles les hizo comprender que antes de huir de sus territorios debían denunciar los actos violentos; por eso, entre irse y sufrir, o quedarse y resistir, escogieron la segunda opción. Entonces empezaron a organizarse para que el Estado (Ejército y Alcaldía) reconociera que ese era su territorio, dejaran de estigmatizarlos y les garantizaran derechos fundamentales como educación y acceso a la salud, y en 2009 crearon Asodecas, que hoy cuenta con más de 60 veredas asociadas que tienen juntas de acción comunal.

“Entender lo emocional es tan importante como saber cuáles son las ideas y los valores que llevan a la gente a movilizarse. Las emociones están presentes cada vez que se decide algo; y en el caso de Tierralta intervinieron para que los pobladores decidieran organizarse y mantenerse firmes a pesar de las condiciones de violencia que, por lógica, les indicaban que quedarse en su territorio implicaba un riesgo para sus vidas”, puntualiza la investigadora Arias.

Si bien en las veredas de La Gloria y El Diamante persiste el miedo al regreso de los paramilitares y la coca sigue siendo una de las principales fuentes económicas de los habitantes, organizarse les ha permitido construir estrategias de autoprotección para no sentir nunca más que están solos y permanecer en un espacio que los llena de esperanza.