Una Comisión de la Verdad en México para sellar la deuda del Estado tras una “guerra sucia” ignorada
Por Florencia Fazio – Telam
Organizaciones de Derechos Humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de México entre 1965 y 1990 celebraron la “voluntad política” que contribuyó a la creación este mes de la Comisión de la Verdad, una deuda que tildaron de “histórica” y que coloca en el centro de las miradas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Esto es posible debido a la persistencia de los colectivos y porque hay un funcionariado sensible al tema”, explicó a Télam la investigadora y activista Alicia de los Ríos.
De los Ríos lleva el mismo nombre que su madre, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien en enero de 1978, a los 33 años, fue desaparecida de manera forzada por policías de la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México.
“Es complejo y problemático de investigar. Pasaron muchos años y son cinco décadas. Son procesos en los que los victimarios hacen todo por no dejar rastro. Somos la tercera generación que nos organizamos en esta demanda y, pese a que nuestras mamás y abuelas hace un tiempo están falleciendo, seguimos firmes”, contó De los Ríos.
Hasta la fecha, no existe cifra oficial de las víctimas de la “guerra sucia”: la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció en 2001 más de 530 casos de desaparición forzada; la Comisión de la Verdad contabilizó 460 en 2014 y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 y desmantelada por el Gobierno de Felipe Calderón en 2006, reportó 789. No obstante, se estima un número mayor.
El presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia del período de “guerra sucia” el pasado 7 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y funcionará hasta el 30 de septiembre de 2024.
“Se busca establecer la formas de operación de las agencias del Estado que actuaron con total impunidad reprimiendo opositores, estudiantes, activistas y disidentes. Hay gran urgencia porque los perpetradores y las víctimas están falleciendo”, explicó a Télam Alejandra Elguero, abogada del Centro Prodh que acompaña la causa.
La comisión investigará los crímenes ocurridos durante las Presidencias de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), Luis Echeverría (1970-76), José López Portillo (1976-82) y Miguel de la Madrid (1982-88), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral.
“Durante más de siete décadas, el PRI consolidó un régimen corporativo que implementó mecanismos de circulación de las élites para disciplinar a sus militantes con la promesa de ascenso en el sistema y el castigo de su exclusión”, explicó Jonhatan López García, licenciado en Estudios Latinoamericanos y maestrando de Sociología Política en el Instituto Mora, un centro de investigaciones de Historia y Ciencias Sociales de México.
El trabajo de la comisión implica, además, un trabajo de reconstrucción y ejercicio de la memoria no solo para familiares y sobrevivientes de la represión estatal, también para la comprensión colectiva.
“Hay mucho desconocimiento de esos años. La comisión es necesaria para que deje de entenderse como algo abstracto. Se suele relacionar a lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 (la Masacre de Tlatelolco contra estudiantes), pero no se habla de lo que pasó antes ni después. No fue un evento aislado, fue parte de una política estatal de represión que duró décadas”, resaltó, por su parte, Elguero.
El modus operandi del partido tuvo características similares al de las dictaduras que azotaron en esas décadas a varios países de la región.
“El PRI tenía muchos rostros, que iban desde la faceta más institucional, pasando por la cooptación de opositores, hasta la cruda brutalidad de la represión, que sin bien fue focalizada, actuó con toda la fuerza del Estado”, detalló López García.
Durante esos años, México sostuvo un doble discurso: mientras que puertas adentro la violación sistemática de los derechos humanos pasaba desapercibidas, hacia afuera era aplaudido por su solidaridad con exiliados de América Latina, a quienes extendía los brazos del país.
“El Estado creó una estructura sumamente amplia, muy organizada para perseguir opositores y disidentes, y las decisiones fueron tomadas desde el inicio por la posición más alta del Gobierno, mientras que lo que sucedía hacia afuera era una manera de legitimar el régimen hacia el exterior”, precisó Elguero.
El mismo día en que se celebró la creación de la comisión, Alejandro Encimas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, resaltó que el equipo hará investigaciones “en sitios que hasta ahora habían estado censurados, como instalaciones militares”, además de búsquedas en archivos, en panteones, en fosas comunes.
Esto supone un gran avance en dirección a la verdad, ya que organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación ante la reticencia a colaborar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Uno de estos compromisos sobre los archivos nos parece fundamental porque, pese a que se sabe que el Ejército fue uno principales actores, nunca hubo esfuerzos serios para investigarlos ni se obtuvieron esos archivos y tampoco se entró a los cuarteles”, denunció Elguera.
“Los últimos lugares en los que estuvieron nuestras madres y padres son los campos militares, entonces la denuncia no va a parar aquí. Vamos a seguir insistiendo en que Sedena tiene que abrir sus archivos, sus instalaciones. Debe decirnos qué militares participaron en la contrainsurgencia”, denunció De los Ríos.
