La CIDH preocupada sobre ‘presuntas medidas estatales’ que afectaron el uso de internet durante protestas en Colombia
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió más de 10 consideraciones y recomendaciones sobre el uso y restricciones de esta plataforma para divulgar información relacionada con la protesta social.
Por: Diego Carranza Jiménez / Anadolu
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles 7 de julio un informe con observaciones y 41 recomendaciones para el tratamiento de la protesta social en Colombia.
El extenso documento se conoce casi un mes después de la visita hecha por el organismo americano a Colombia para verificar las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto del paro nacional que inició el 28 de abril en contra del Gobierno de Iván Duque.
El informe abordó multiplicidad de temas, como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales; la violencia basada en género; la violencia étnico-racial; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; desaparición de manifestantes, el uso de la asistencia militar y las facultades de la jurisdicción penal militar.
Pero hay un apartado especial respecto a “Consideraciones sobre Internet como espacio de protesta”.
Este capítulo menciona más de 10 consideraciones y recomendaciones sobre el uso y restricciones de este canal para divulgar información relacionada con la protesta social.
La Comisión afirma que durante la visita, recibió apreciaciones sobre Internet como un “instrumento clave para desplegar el potencial del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información durante las protestas”.
Y aunque reconoció que “instancias estatales entregaron información” sobre “esfuerzos para transmitir información oficial de forma rápida y amplia a través de distintas plataformas” y que “por parte de la ciudadanía se constató el uso de Internet como medio de interacción y organización para aquellas personas que salieron a manifestarse”, la Comisión reconoció sus preocupaciones en esta materia.
“A pesar del potencial de Internet, y su rol para amplificar las voces en el debate público, la CIDH recibió con preocupación denuncias que deben ser investigadas sobre presuntas medidas estatales que podrían cercenar las libertades en este medio”, dijo el organismo en su informe.
Pero además, indica que según información entregada por distintos actores, “dichas acciones estarían siendo emprendidas por criterios subjetivos en vez de parámetros objetivos, legítimos y transparentes, conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.
En otro aparte, la CIDH advirtió acerca de una “generalizada percepción sobre posibles excesos y censuras de discursos en Internet” desde diferentes sectores; al tiempo que afirma que recibió información sobre prácticas de “’ciberpatrullaje’ orientadas a un monitoreo proactivo” de contenidos “presuntamente falsos” sobre las protestas, “desprestigio de la imagen de las fuerzas públicas, así como la instigación al odio público”.
Aunque dichas medidas -aclara la Comisión- tendrían como fin determinar qué información es falsa o verdadera y así combatir supuestas actividades de “terrorismo digital” que pudieran tener el potencial de exacerbar la violencia, la CIDH observó con “preocupación que las fuerzas de seguridad se estarían abrogando facultades de chequeo de información, clasificando estos contenidos como verdaderos o falsos”.
“Esto resulta especialmente preocupante cuando la información que categoriza corresponde, en su mayoría, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad”, añade el documento.
Durante la visita, el Estado reportó que se adelantaron 21.675 horas de ciberpatrullaje.
Perfilamientos e interrupciones de internet
El informe de 47 páginas también mencionó algunas denuncias que se conocieron durante los días de protesta y que tienen que ver, por un lado, con perfilamiento de personas en redes sociales, así como interrupciones de internet mientras se divulgaban en tiempo real enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública y presuntos excesos de fuerza.
“Preocupa a la Comisión Interamericana las reiteradas denuncias sobre el perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, participantes o no de las protestas. La caracterización genérica a través de términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales” estigmatiza a las personas manifestantes, activa un ambiente hostil al ejercicio de la protesta y a la libertad de expresión en Internet”, indica el informe sobre el primer punto.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que las “sanciones penales por la difusión de información presuntamente falsa podrían retrotraer a la región a una lógica de criminalizar expresiones sobre asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información”.
Y sobre el segundo punto, citando a organizaciones de la sociedad civil, la CIDH aseveró que “esto habría generado un escenario de obstaculización de las denuncias sobre el actuar de la fuerza pública y minimizan las oportunidades de escrutinio público”.
“Los reportes recibidos enseñan tanto el posible uso de tecnología dirigida a inhibir o restringir la señal de Internet, como el bloqueo de las direcciones de dos páginas (URL) en Internet que contenían información sobre las protestas”, detalla.
Y añade: “La Relatoría Especial ha sostenido que el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores de explotación sexual (…) y estar previstas por una ley”.
La CIDH hizo un llamado al Estado colombiano a brindar información “de manera proactiva y periódica” sobre el funcionamiento de las redes de Internet para que las denuncias sobre “eventuales interrupciones y bloqueos sean contrastables con información técnica, actualizada y accesible”.
De igual forma, recomendó que las autoridades oficiales se abstengan de “asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización” de quienes se expresan sobre las protestas a través de Internet.