Mercado de tierras es débil en Colombia

El crecimiento de la población, las preocupaciones ambientales, las urgencias fiscales y las presiones por ordenar el territorio obligan a pensar en la importancia de cerrar la frontera agrícola y definir los alcances de las propiedades rurales.

BOGOTÁ D. C., 02 de enero de 2017 — Agencia de Noticias UN–

Según los profesores Edna Bonilla y Jorge Iván González, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), para que exista un mercado de tierras activo es necesario superar limitaciones estructurales como la concentración, la pobreza, la ausencia de infraestructura, la informalidad, la ilegalidad, las altas tasas de interés de los créditos y la falta de regulación institucional.

“La compra y venta de tierras sin control ha generado procesos endógenos acumulativos que intensifican la concentración de la propiedad del suelo”, afirman en un artículo de análisis publicado en la edición 205 de UN Periódico.

Los docentes señalan que en el país no existen estudios sistemáticos sobre el mercado de tierras. Esta falta de análisis coincide con una carencia de estadísticas fidedignas y oficiales. Se ha creado una especie de círculo vicioso: “No hay análisis porque no existen estadísticas, y estas no se consolidan porque se ha aceptado, así sea de manera implícita, que la política pública para el sector rural no requiere que haya datos. La mejor expresión de esta dinámica perversa es que hace 40 años no se hacía un censo agropecuario”, subrayan.

Para los expertos, la poca información disponible se encuentra desagregada, dispersa y parcialmente desactualizada. La ausencia de estos insumos básicos no permite que exista una definición de criterios técnicos para hacer una regularización adecuada del mercado de tierras rurales productivas en Colombia. Y desde la óptica institucional, la ausencia de información dificulta la coordinación entre las entidades del sector agropecuario.

En su opinión, el mercado de tierras rurales en Colombia continúa siendo embrionario. La formalización de la propiedad es un paso positivo necesario para impulsar el sector agropecuario y reducir la brecha urbano/rural. Actualmente la informalidad sigue primando en el campo. Es urgente avanzar en la clarificación de los derechos de propiedad, por medio de la modernización del catastro y del registro. Bienvenida la propuesta gubernamental de ir consolidando un catastro multipropósito.

Durante tres años hemos trabajado de manera conjunta el Instituto de Estudios Urbanos y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para revisar este tipo de mercado y su situación actual. Los resultados de este estudio se recogen en el libro Aproximación al mercado de tierras en Colombia.

Los profesores explican que el tema se abordó sobre los cuatro componentes de cualquier mercado: oferta, demanda, precios y regulación. Así, se pone en evidencia que la tierra es un bien especial, entre otras razones porque no se puede reproducir. De allí se deriva lógicamente la necesidad de la intervención estatal. 

Debe intervenirse 

Los investigadores de la U.N. señalan que la primera aproximación a la relación entre la oferta y la demanda de tierra parte de la comparación entre la vocación y los usos. “Llama la atención el poco uso que se está haciendo de las tierras con vocación agrícola: apenas la cuarta parte de su potencial. Al mismo tiempo, es alarmante la “ganaderización” de extensas zonas del país. Mientras que el porcentaje de tierras con vocación ganadera es del 13,31 %, para este propósito se está usando el 30,57 %, es decir más del doble. Gran parte de este proceso se está haciendo a costa de los bosques”.

De otra parte, aseguran, el análisis de los precios es muy limitado porque la información es pésima. Tampoco se conoce la incidencia que tiene el suelo en el valor del producto final. La falta de información es una limitación fundamental para conocer las dinámicas del mercado de tierras. A la carencia de series de precios se debe añadir el desconocimiento sobre la evolución del catastro, que es un representante (proxy) de los precios.

“Los obstáculos que existen para el funcionamiento del mercado de la tierra han contribuido a la concentración y a la desigualdad. La dinamización del mercado de tierras no pretende estimular la concentración sino, por el contrario, abrir las posibilidades de un acceso más igualitario. De nuevo, si el mercado de tierras no se interviene, inmediatamente lleva a la concentración”, mencionan en su artículo.

En opinión de los expertos, si se vigila que la distribución del suelo sea equitativa, se avanza hacia la justicia, con la ventaja adicional de elevar la producción y la productividad. Incluso un mercado de tierras organizado puede ser una alternativa a la reforma agraria. Pero, insistimos, para evitar la concentración y preservar la equidad es indispensable la acción reguladora del Estado.

La reforma agraria se asocia con fuertes intervenciones del Estado. “En los años noventa, cuando se agudizó la desconfianza frente a cualquier forma de intervención, se pensó que el mercado de tierras, de manera autónoma, iba a lograr la inclusión, la equidad y la productividad. Actualmente se ha llegado a un punto intermedio: ya no se insiste en la reforma agraria, pero se reconoce que esta se debe regular para evitar la concentración y la exclusión”, amplían. 

Impuesto al suelo 

Para los profesores Bonilla y González, el sector agropecuario demanda soluciones estructurales que permitan la dinamización del mercado de tierras. “Los impuestos sobre la tierra son un instrumento que ayuda a transformar la estructura social, ya que inciden directamente en la función que esta cumple como factor de producción y como fuente de ingresos”, mencionan.

Por eso consideran que la tributación sobre la propiedad tiene dos grandes impactos: obliga a un uso adecuado y eficiente del suelo de acuerdo tanto con su vocación agroecológica como con las posibilidades de obtener ventajas competitivas, y desactiva el factor especulativo impidiendo que las tierras se acumulen con el único propósito de generar rentas sin retribuir nada a la sociedad.

“Si el impuesto se diseña bien es posible aumentar la oferta de tierra reduciendo su precio y mejorando la productividad. Los impuestos sobre la tierra y la propiedad rural –como parte de una política de desarrollo rural nacional– tienen como objeto tanto dinamizar el mercado de las tierras como contribuir a la construcción social del bienestar en armonía con los principios constitucionales de equidad y progresividad”, indican.

Además, dicen, es importante reflexionar sobre las potencialidades que la tributación tiene sobre la tierra y la propiedad rural que, además, es un mecanismo ideal para fortalecer la administración fiscal de las entidades territoriales.

A diferencia de las regalías, “los impuestos sobre la tierra y la propiedad rural son una fuente de recursos sostenibles. Aunque en teoría el discurso oficial reconoce las ventajas de los impuestos, Colombia sigue teniendo una de las tasas efectivas de tributación más bajas de Latinoamérica”, mencionan.

Según los expertos de la U.N., es una lástima que en el proyecto de reforma tributaria que acaba de ser aprobada en el Congreso se haya dejado de lado un análisis cuidadoso de la tributación local, comenzando por los impuestos al suelo.