Capacidad de ahorro municipal ayuda a mitigar desastres
Una óptima política de gestión del riesgo de desastres debe promover el nivel de ahorro e inversión de los municipios, y ser coherente con los planes de desarrollo. Además, la lucha contra la pobreza se debería considerar como un mecanismo de prevención.
Estas fueron algunas de las principales conclusiones de la investigación realizada por Lizeth Pérez Aldana, magíster en Ciencias Económicas de de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Por medio de la estimación del modelo logit multinomial se consideraron cinco categorías de desastres, creadas a partir tanto del número de personas muertas y afectadas como de la cantidad de viviendas averiadas y destruidas después de la ocurrencia del fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, el cual dejó más de dos millones de personas damnificadas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ambientales del país.
Así mismo, la investigación incluyó índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), producto interior bruto (PIB) per cápita, cobertura educativa, capacidad de ahorro y desempeño integral municipal. Por último, como variables de control se incluyeron indicadores de densidad poblacional, tipo de desastre, zonas climáticas, niveles de riesgo de remoción en masa y sísmico, y longitud per cápita de los ríos que pasan por cada municipio.
Prevenir desastres reduciendo la pobreza
Los resultados indicaron que el tamaño de la economía municipal no es significativo para determinar el impacto que puede tener un desastre en el territorio, es decir que los ingresos per se no influyen en la probabilidad de que un municipio sufra eventos de alta magnitud. Por ejemplo Orocué, en Casanare, a pesar de su alto nivel de ingresos, en el periodo 2010-2012 registró inundaciones con niveles de afectación superiores a los presentados en La Vega (Cauca), que posee un PIB municipal 10 veces menor.
Sin embargo la capacidad de ahorro sí presentó un efecto mitigador del impacto, cuando esta se relaciona con el desempeño integral de la administración municipal. En otras palabras, no es la existencia de los ingresos lo que reduce o promueve el nivel de afectación, sino la manera como estos son gestionados. Por lo tanto, una política de gestión del riesgo de desastres efectiva requiere promover el nivel de ahorro e inversión de los municipios, además de buscar que esta sea eficiente, o sea que permita acercarse a los objetivos del plan de desarrollo.
En cuanto a la relación de pobreza e impacto de los desastres, se observó que cuando la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas existe mayor probabilidad de que ocurran eventos de alto impacto. Así, tras el fenómeno de La Niña, municipios con índices bajos de NBI como Envigado y Sabaneta, en Antioquia, o Chía y Sopó, en Cundinamarca, mantuvieron en un nivel bajo el impacto de las lluvias presentadas, a diferencia de Anzoátegui (Tolima) o Piamonte (Cauca), donde hay carencia de viviendas de calidad, servicios sanitarios y educación.
Según la investigadora, los programas de reducción de la pobreza deben prevenir situaciones de emergencia en vez de utilizar los desastres como mecanismo para focalizar recursos, como sucedió por ejemplo en los municipios del sur del Atlántico, donde solo después de la ola invernal de 2010-2011 se hicieron inversiones en viviendas seguras y construcción de colegios, cuando ya se había pasado por la devastadora situación de ver decenas de casas cubiertas por el agua.
Más allá de la formulación de planes
Para la magíster, la política de gestión del riesgo de desastres –que en Colombia se adoptó por medio de la Ley 1523 de 2012– no se debe limitar a la formulación de planes, especialmente en municipios que aún luchan por cubrir necesidades básicas como vivienda y agua potable, ya que el resultado de este enfoque ha sido el incremento de la carga administrativa de los municipios porque no cuentan con la capacidad de financiar estudios cartográficos o con recursos para crear el fondo de gestión del riesgo de desastres que la ley les exige.
A la fecha, “parte de los municipios mantiene el enfoque asistencialista de las anteriores políticas, planes de ordenamiento territorial que no reconocen las zonas de alto riesgo y fondos para su gestión sin recursos disponibles, una evidencia de que modificar la legislación cada vez que ocurre un evento de alto impacto, como sucede en el país, es ineficaz para la gestión del riesgo de desastres”.
En su opinión, medidas alternativas pueden brindar mayores recursos a los municipios incrementando el acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional) y promoviendo la participación de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitiría desarrollar nuevas inversiones. Así mismo se deben focalizar políticas de vivienda digna, saneamiento básico, educación y gestión municipal en zonas vulnerables.
Si bien los argumentos del estudio no contemplaron aspectos ambientales, en él se demuestra que valorar el impacto de las variables socioeconómicas sobre los posibles efectos de los desastres evidencia que las ciencias sociales sí contribuyen, dado que es un tema trasversal que requiere abordar diversas agendas de investigación.