El presidente de Burundi nombra al nuevo Gobierno, que incluye a dos sancionados por la represión en el país
El presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, ha nombrado al nuevo Gobierno del país, que incluye a dos personas sobre las que pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre ellos el primer ministro, Alain-Guillaume Bunyoni.
El Ejecutivo de Burundi ha destacado a través de su cuenta en la red social Twitter que el nombramiento de los integrantes del Gobierno llega “a propuesta del primer ministro y en coordinación con el vicepresidente”, antes de agregar que en total está integrado por 15 ministros, incluidas cinco mujeres.
La formación del nuevo Gobierno ha llegado menos de una semana después de que el Parlamento burundés aprobase el nombramiento de Bunyoni como nuevo primer ministro, en una sesión marcada por el boicot de la oposición.
Sobre Bunyoni, hasta entonces ministro del Interior y Seguridad, pesan sanciones por su papel en la represión política en el país africano, un paquete en el que también está incluido su sustituto en el cargo, Gervais Ndirakobuca, exjefe de la Policía.
Entre el resto de cargos destacan Alain Tribert Mutabazi, al frente de Defensa; Albert Shingiro, en Asuntos Exteriores; y Thaddée Ndikumana, quien sigue al frente de Sanidad a pesar de las críticas contra las autoridades por su gestión de la pandemia de coronavirus.
El Ejecutivo cuenta con un total de cinco ministras: Jaenine Nibizi en Justicia, Damine Banyankimbona en Trabajo, Immaculée Ndabaneze en Industria y Turismo, Immelde Sabushimike en Asuntos Sociales y Derechos Humanos, y Marie Chantal Nijimbere en Comunicación y Medios.
La formación del Gobierno llega además apenas unos días después de que el fallecido presidente Pierre Nkurunziza fuera enterrado en la capital, Gitega, tras su muerte repentina a principios de mes a causa de un infarto en un momento en el que se encontraba a la espera del traspaso de poderes en agosto a Ndayishimiye, su ‘delfín’ y vencedor de las elecciones celebradas en mayo.
A pesar de que la Constitución de Burundi prevé que sea el presidente de Asamblea Nacional el que asuma el cargo en caso de muerte del presidente, el Tribunal Constitucional consideró que puesto que el sucesor de Nkurunziza ya estaba elegido y ratificado, este podía adelantar la toma de posesión.
Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).
Asimismo, se celebraron en medio de la pandemia de coronavirus y menos de una semana después de que el Gobierno expulsara del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres integrantes de la misma, sin ofrecer ningún motivo para justificar su decisión.