Operación “Guane Fase I” contra la corrupción en Santander – hallazgos 10 a 15

10. RELLENO SANITARIO, REDIBA

Hechos: la Fiscalía investigó los impactos ambientales que habría generado el tratamiento de las basuras y lixiviados en el relleno sanitario de Barrancabermeja, por parte de la Empresa de Servicio Públicos Rediba S.A.

En inspección judicial realizada entre el 28 y 31 de agosto de 2017, el CTI de la Fiscalía evidenció que los de residuos sólidos no eran manejados adecuadamente y originaban cuerpos de agua altamente contaminados por los líquidos que generan las basuras. Una situación que afecta la calidad del agua de la quebrada El Zarzal y la Ciénaga San Silvestre, área de especial importancia ecológica de la región (Acuerdo No. 181 de 2011).

Con las anomalías detectadas, Rediba S.A. y el Grupo RSTI S.A.S., operadores del relleno, habría provocado un irreversible desequilibrio ecológico con aguas subterráneas, afectaciones en el suelo, presencia de vectores como roedores, gallinazos, moscas y otros insectos, y contaminación del aire con la emisión de olores derivados de la descomposición de los residuos.

El relleno sanitario fue construido en una zona restringida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja (Santander), que establecía que el área correspondía a suelo agropecuario y no podía destinarse para el manejo de basuras.

De otro lado, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante acuerdo 226 del 30 de julio de 2013, otorgó licencia ambiental a Rediba S.A. E.S.P, y habría omitido las normas de protección y conservación del humedal Ciénaga de San Silvestre.

Las verificaciones de los investigadores de la Fiscalía evidenciaron que Rediba S.A. E.S.P. sobrepasó el área autorizada por la licencia ambiental y menoscabó la flora y la fauna, y rompió el equilibrio natural de un ecosistema de alta fragilidad.

Dentro del material probatorio se estableció la presunta comisión del delito de fraude procesal, otorgado a la representante legal de Rediba quien habría obtenido la licencia ambiental para el relleno sanitario con el argumento que iba a realizar la construcción de vías internas en el predio.

Resultados: el 20 de septiembre del presente año, la Fiscalía imputó cargos y solicitó  medida de aseguramiento contra Liliana Forero Cala, gerente de Rediba S.A., por los delitos de:

• Daños en los recursos naturales
• Invasión de área de especial importancia ecológica.
• Contaminación ambiental.
• Fraude procesal.
• Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

A la investigada se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria con prohibición para salir del país.

Este resultado corresponde a la primera fase de esta investigación que está por concluir.

11. TALA DE ÁRBOLES Y TRÁFICO DE MADERAS

Hechos: entre el 16 y 18 de noviembre de 2017,  la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, realizó una operación en los municipios de San Vicente de Chucurí, sector de pozo nutria, y El Carmen de Chucurí, con base en una denuncia presentada por la Oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la que fueron señalados sitios de acopio ilegal de madera.

En las diligencias fueron capturadas 15 personas (11 con orden judicial y 4 en flagrancia), vinculadas a una organización criminal dedicada a la tala y comercialización de especies maderables.

Entre los detenidos hay un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien presuntamente se dedicaba a gestionar la expedición de permisos para la  movilización del recurso; un hombre conocido con el alias de Caporo, señalado de ser el cabecilla de la organización; además de comerciantes y transportadores de la madera.

Los investigadores constataron deforestación y explotación de especies finas como cedro, frijolito y nauno, utilizadas en la elaboración de pisos y muebles, entre otros. La madera era transportada en horas de la noche por integrantes de la organización criminal, quienes intentaban evadir los controles.

Resultados: se realizaron audiencias preliminares y se impusieron cinco medidas privativas de libertad (una en centro de reclusión y cuatro domiciliarias) y cinco medidas no privativas, que obliga a los procesados a comparecer y seguir vinculados a la investigación. Otros cinco continúan en audiencias preliminares.

Los capturados con medida son:

• Róbinson Javier Celis Pérez, ingeniero del ICA.
• Buenaventura Ramírez, comerciante y transportador de madera, y señalado tramitador de salvoconductos para el transporte de la madera.
• Arley García Niño, comerciante de madera y tramitador de salvoconductos.
• María Leonor Delgado Jaimes, tramitadora de permisos y presunto contacto con el funcionario del ICA capturado.
• Omar García Niño, comerciante de salvoconductos de madera
• Grismaldo Gonzalez Tirado, comerciante de madera y tramitador de salvoconductos.

Los delitos imputados son:

• Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales agravado
• Cohecho por dar u ofrecer
• Uso de documento falso
• Violencia contra servidor público
• Asonada
• Concierto para delinquir

12. CONCEJALES DE FLORIDABLANCA

Hechos: los 18 concejales de Floridablanca (Santander) son investigados por presuntas irregularidades en la elección del personero y el contralor municipal, en 2016.

Resultados: el 15 de julio del presente año, un juez de control de garantías dictó medidas no privativas de la libertad contra los 18 funcionarios.

• Andrés Norberto Ardila Pérez
• Juan Carlos Ayala Suárez
• Néstor Alexander Bohórquez Meza
• Walter David Durán Prada
• José Alexander Esparza Martínez
• Nelson Darío Espitia Rodríguez
• María Consuelo Galvis Calderón
• Guillermo González Palomino
• Edgar Enrique Gómez Silva
• Claudia Cecilia Hernández Villamizar
• Liliana Mendoza Rodríguez
• Marcos Olarte Ramírez
• Jorge Alberto Pinzón Medina
• Alirio Pinzón Díaz
• José Fernando Sánchez Carvajal
• Alfredo Tarazona Matamoros
• Juan Ángel Triana Hernández
• José Nicanor Vera Pedraza

Los procesados enfrentan cargos por:

• Prevaricato por omisión
• Fraude en documento procesal
• Prevaricato por acción y por omisión

13. CONCEJALES DE SAN GIL

Hechos: la mesa directiva del Concejo de San Gil desacató una orden judicial e incurrió en presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero municipal en 2016.

Resultados: el 11 de julio del presente año, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por omisión a tres concejales:

• Juan Carlos Sánchez Rodríguez, presidente del Concejo Municipal
• Carlos Alberto Burgos, integrante de la mesa directiva del Concejo Municipal
• Ciro Alfonso Moreno, integrante Mesa Directiva Concejo Municipal

Uno de los investigados fue afectado con medida de aseguramiento domiciliaria, los otros dos recibieron medidas no privativas de la libertad.

14. MEGAOBRAS

Hechos: la Fiscalía investiga posibles irregularidades en dos contratos celebrados por la alcaldía de Bucaramanga, en el año 2014, para la demolición, adecuación y remodelación de varios inmuebles entre la carrera 27 con Quebrada Seca y el Tercer Carril.

El primer contrato fue entregado en licitación pública en 2014, y ascendió a dos mil cuatrocientos millones de pesos ($2.400.000.000). Posteriormente, recibió una adición de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000).

En el 2015, se celebró el segundo contrato a través de selección abreviada por un monto de seiscientos millones de pesos ($600.000.000).

Resultados: el 4 de julio del presente año se imputaron cargos contra:

• Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga
• Édgar Leonardo Gómez Roncancio, contratista y representante legal de la Unión Temporal Construedgo y del Consorcio Demoliciones
• Edith Constanza Toloza Rojas, interventora del proyecto

Los investigados deberán responder como posibles autores de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

15. CAPACITACIONES FANTASMA, FUNPROCOM

Hechos: la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del  contrato 04280 suscrito el 20 de septiembre de 2013, entre la Secretaría de Interior de la Gobernación de Santander y la Fundación Funprocom para el fortalecimiento de las organizaciones comunales y los líderes institucionales, además de mejorar la capacidad de gestión en las instituciones departamentales. El contrato tuvo un valor de setenta millones de pesos ($70.000.000).

Durante las verificaciones la Fiscalía encontró varias inconsistencias en la documentación que soportaban el proceso de contratación y que las capacitaciones nunca se realizaron.

Resultados: el 21 de junio de 2017, ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material de documento privado.

Los procesados son:

• Irma Stella Martínez, representante legal de Funprocom, capturada y cobijada con medida de detención domiciliaria.
• Salvador Plata Serrano, particular interviniente, quien fue capturado y aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que recibió beneficio de detención domiciliaria.
• Julián Másmela, particular interviniente, fue capturado y enviado a la cárcel.
• Carlos Augusto Ibáñez, exsecretario de interior de la Gobernación. (citado a imputación)
• Vanessa Viviana Calderón, supervisora del contrato. (citada a imputación)

Fuente: Fiscalía General de la Nación – Boletín 22541