Sitio del naufragio del galeón San José no debe ser intervenido: U.N.
En concepto solicitado por la Procuraduría General de la Nación, la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) considera que antes de tomar medidas para el rescate del galeón San José es necesario asumir que el patrimonio cultural subacuático presenta complejidades para Colombia y todos los demás países, por lo cual se debe estudiarlo integralmente para conocerlo.
Este pronunciamiento fue emitido por un grupo interdisciplinario de docentes de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N., convocado por el rector de la Institución, profesor Ignacio Mantilla Prada.
El concepto fue remitido por el rector Mantilla en respuesta a una solicitud de la Procuraduría Delegada para la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación ante las entidades que tienen responsabilidades constitucionales y legales relacionadas con la preservación del patrimonio cultural sumergido en general, y del galeón San José en particular.
Pronunciamientos previos
El concepto comienza evocando la vigencia de dos pronunciamientos dados por un grupo de docentes del Departamento de Antropología de la U.N. sobre diversos momentos del trámite y la adopción de la Ley 1675 del 30 de julio de 2013, “por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”.
En ese entonces, antropólogos y arqueólogos de la U.N. expusieron serios reparos al proyecto de la ley, entre los cuales cabe mencionar la omisión, en el concepto de patrimonio cultural sumergido, de aquellos bienes de naufragios que no cumplan 100 años a partir de la ocurrencia del hecho.
En lo relativo a los criterios de patrimonialidad, los docentes criticaron que el proyecto dispusiera que solo los bienes singulares o no repetidos formaran parte del patrimonio cultural sumergido, desconociendo sin justificación tanto su valor histórico y cultural como su potencial para la investigación científica.
Un aspecto del proyecto-ley que generó preocupación en los docentes fue el de los mecanismos de designación de los funcionarios y los procedimientos a ser ejercidos por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para determinar, con base en criterios inciertos, los objetos arqueológicos que serían declarados como patrimonio.
Cuestionaron también que el proyecto, hoy ley vigente, facultó al Ministerio de Cultura para contratar con empresas expertas en exploración submarina las operaciones de rescate de los naufragios mediante licitación pública y el pago de sus servicios en todo o en parte con los bienes del mismo naufragio, poniendo a Colombia como uno de los países que mayor porcentaje económico otorga a las entidades contratantes en el rescate del patrimonio sumergido.
Los antropólogos fueron contundentes en su rechazo al diseño de esa ley y a los potenciales efectos negativos que trae para Colombia. Propusieron que el proyecto fuera archivado y que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) se pronunciara al respecto.
Cuestión de derechos
El concepto académico remitido en los últimos días por el rector Mantilla a la Procuraduría, además de enfatizar en los reparos de la Ley 1675 de 2013, señala que el patrimonio cultural subacuático también es una cuestión de derechos, y que la aplicación a este del concepto de “tesoro”, tal como es entendido en el Código Civil, es una reminiscencia del mundo colonial. Para la arqueología no cabe división de un sitio arqueológico entre “tesoro” y patrimonio cultural, pues se afecta su integralidad e indivisibilidad.
Además la aplicación del concepto de “tesoro” en Colombia exige que no exista memoria ni indicio del dueño de los objetos que integran el naufragio histórico, requisito que no se configuraría en el caso de los navíos que pueden ser identificados como de bandera o pabellón de un Estado extranjero que pretendería derechos sobre el naufragio.
El concepto remitido a la Procuraduría señala que la U.N. se ciñe a sus fines institucionales y misionales, sobre todo los que le asignan estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación y prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico. Se propone continuar la investigación científica de los elementos, procesos históricos, trabajos y esfuerzos aportados por diversos actores y grupos sociales de cualquier condición social, afros, indígenas y criollos, a lo que hoy es el naufragio del galeón San José.
Preocupación académica
La U.N. expresa su preocupación sobre la forma como se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica.
La Institución le pide al Ministerio de Cultura y al ICANH que expliquen públicamente, frente a la comunidad académica colombiana, las bases para decidir el rescate del galeón San José, tales como los estudios de documentación histórica sobre el naufragio y los autores de tales estudios; las metodologías y técnicas a utilizar para el rescate y los estudios para la mitigación de impactos.
Igualmente pide que se le permita a la Procuraduría General de la Nación cumplir las funciones que le asignan la Constitución Política y las leyes para ejercer un acompañamiento riguroso a los procedimientos con los que se pretende disponer de un patrimonio cultural tan valioso cuyo estudio debe enriquecer el conocimiento de la diversidad humana y contribuir a la formación de identidad de la Nación.
