Piden prisión para policías de Cali acusados de asesinatos de manifestantes durante protestas

Las víctimas de los excesos y la represión policial durante las manifestaciones de abril a junio en Cali, durante el paro general de casi dos meses, pedirán prisión para dos policías y un grupo de civiles, después de que la Fiscalía les imputara cargos por asesinatos y lesiones.

Así lo adelantó el abogado Elmer Montaña, que destacó que la fiscalía “dio un paso importante ayer al imputar a dos altos oficiales de la Policía de Cali de la violación de derechos humanos por los asesinatos cometidos por parte de la Fuerza Pública en contra de manifestantes, pero no pidió medida de aseguramiento (prisión), que es lo que se solicitará”.

Las protestas en Cali, parte de un paro nacional convocado por las principales centrales obreras del país en contra del Gobierno, del 28 de abril al 15 de junio, fueron de las más violentas del país.

En esas movilizaciones, los manifestantes denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, lo que motivó una visita al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llamados de atención de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En un comunicado público, la fiscalía informó que presentó cargos contra dos oficiales y un agente de la Policía Nacional, quienes «estarían involucrados en algunos homicidios y lesiones personales sucedidos durante este año en las diferentes jornadas de protesta programadas en Cali».

Los oficiales fueron identificados como el coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, y el teniente Néstor Mancilla, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Para la fiscalía hay indicios de que Gómez «desatendió su posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace de cinco personas y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco», mientras que Mancilla «habría fallado en el deber constitucional y legal de proteger a la población civil, garantizar la vida y controlar las actuaciones de los hombres a su cargo».

Por tales hechos, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.

Asimismo, el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho fue imputado por el delito de homicidio agravado, como responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones.

«Esto es un avance en términos de justicia, pero no entendemos cómo frente a la gravedad de los delitos que se les imputaron ayer a los oficiales la Fiscalía no haya solicitado medida de aseguramiento», subrayó Montaña, en declaraciones a la agencia Sputnik.

El abogado también reveló que la fiscalía pidió la imputación contra otros policías y varios civiles, entre ellos Andrés Escobar, conocido por videos que circulan en redes sociales, por disparar contra los manifestantes con armas traumáticas de su propiedad, mientras que los policías no hicieron nada para evitarlo.

Unas 16 personas, entre las que se encuentra Escobar, serán citadas el 24 de enero y se les imputarán delitos de usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, tortura, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y amenazas.

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